El Congreso abre la puerta a una eutanasia en la sanidad pública y con garantías éticas

La ley socialista propone incluir la prestación de ayuda para morir en el ordenamiento jurídico como un nuevo derecho individual, que esté incluida en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS) y que sea de financiación pública incluso cuando se practique en el domicilio particular del solicitante, una de las posibilidades que ofrece la norma.

El primer filtro que se establece es que sea el propio paciente quien la solicite de acuerdo con sus «valores vitales», de manera voluntaria, sin que sea resultado de una presión externa y que la petición sea reflexionada y reiterada por escrito con una separación de al menos quince días naturales.

El solicitante debe además encontrarse en uno de los supuestos contemplados, que incluyen una «enfermedad grave e incurable», una «discapacidad grave y crónica», un sufrimiento físico y psíquico «intolerable, insoportable e irreversible», o una «altísima dependencia» a otras personas.

Una vez solicitada la eutanasia, la ley establece que el paciente cuente con un diagnóstico realizado por un profesional sanitario y debe contar además con una segunda opinión profesional. Asimismo, debe ser informado debidamente por un profesional sobre el proceso de la eutanasia, así como de las diferentes alternativas y posibilidades de actuación, incluida la de acceder a cuidados paliativos (utilización de fármacos o medios terapéuticos que alivian el sufrimiento físico o psíquico aunque aceleren la muerte del paciente).

Las garantías previas a la aplicación de la eutanasia incluyen también la opción de los médicos a ejercer su derecho de objeción de conciencia para no llevar a cabo esta práctica.

Superados estos requisitos, el caso pasaría a ser estudiado por la Comisión de Control y Evaluación que se implante en cada comunidad autónoma, que tienen transferidas las competencias en materia de sanidad. Este comité ético tendrá la última palabra en caso de conflicto.

La ley distingue entre dos maneras de prestar la ayuda a morir. La primera de ellas es la considerada eutanasia activa, en la que es el profesional sanitario quien pone fin a la vida del paciente que lo ha solicitado.

La segunda opción contempla que sea el propio paciente quien termina con su vida con la colaboración de un profesional sanitario que facilita los medios necesarios, incluido el asesoramiento sobre la sustancia y dosis necesarias, su prescripción y su suministro con el fin de que el paciente se lo autoadministre.

La proposición de ley fue registrada por el Grupo Socialista en el Congreso el pasado 3 de mayo, antes de que Pedro Sánchez presentara y ganara la moción de censura que planteó contra el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy. De admitirse a trámite, coincidirá en el tiempo con una norma similar remitida por el Parlamento de Cataluña y que la Cámara aceptó en mayo tomar en consideración. El Congreso debate además, aún en fase de ponencia, una tercera propuesta de Ciudadanos, aunque en este caso sobre muerte digna.

La principal diferencia entre estas propuestas reside en que la muerte digna se restringe a casos en los que la muerte es inminente o cercana, mientras que la eutanasia abarcaría también a los pacientes que, sometidos a un «sufrimiento insoportable», rechazan seguir viviendo a pesar de que su muerte no sea inevitable. En este sentido, la ley sobre eutanasia requeriría para su aplicación un cambio normativo en el artículo 143 del Código Penal, que penaliza a quienes ayuden a otra persona a morir.

La Asociación Federal Derecho a Morir Dignamente (DMD) ha pedido a los grupos parlamentarios que apoyen una propuesta que, aseguran, reclaman «cuatro de cada cinco ciudadanos» y «equipararía en derechos a la ciudadanía española» con las de Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, tres países pioneros en su despenalización y que, aseguran, «cuentan con los mejores sistemas» de cuidados al final de la vida de la UE. «El debate parlamentario sobre la eutanasia no debe postergarse más porque ya está superado por buena parte de la sociedad española», han insistido en un comunicado.