El Congreso da el primer paso para despenalizar la eutanasia

La proposición de ley, remitida al Congreso por el Parlament de Cataluña en julio de 2017, será admitida a trámite con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, PNV y PdeCAT, contará con la abstención de Ciudadanos, y tendrá el único rechazo del PP y sus socios de UPN, que no admiten el suicidio asistido y consideran bastantes los cuidados paliativos. Ahora la norma comenzará el periodo de enmiendas en comisión, antes del retorno al pleno para su aprobación definitiva.

El Congreso, que descartó de plano desde 1994 dieciséis intentos de legalizar la eutanasia, el último hace un año, a instancias de Unidos Podemos, da este paso cuatro meses después de que se cumplan los 20 años de la muerte del tetrapléjico Ramón Sampedro, el primer paciente español que reclamó a los tribunales permiso para morir y que terminó por suicidarse en 1998, sin autorización legal, con la colaboración de un grupo de amigos.

La iniciada es una reforma legal muy simple, con un único artículo. Modifica por completo el punto 4 del artículo 143 del Código Penal, el que establece que quien cause la muerte o coopere en el suicidio de otra persona, aunque sea un enfermo moribundo o con un gran sufrimiento que así se lo demande, será castigado con pena de cárcel.

El texto que el Congreso acepta tramitar dispone justo lo contrario. Señala que estará exento de cualquier responsabilidad penal quien «cause con actos necesarios, o coopere a ello, la muerte segura, pacífica y sin dolor» de unas tipologías concretas de enfermos que así se lo demanden «por petición expresa, libre e inequívoca». La ayuda a morir solo estará eximida de responsabilidad si es demandada por pacientes con «una enfermedad grave que los conduzca necesariamente a la muerte o con una patología incurable que les provoca sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que será permanente».

La despenalización, como se ve, afectaría tanto a la eutanasia (cuando una segunda persona ejecuta la acción que causa la muerte solicitada por el paciente) como a la ayuda al suicidio (el propio paciente se quita la vida con la colaboración de terceros). El objeto de la iniciativa, según todos los grupos que la apoyan, es dar a estos enfermos control sobre el fin de su vida y descartar represalías para quienes les ayudan.

Todos los grupos que respaldaron la despenalización impulsada por el Parlament coincidieron en que para que pueda ser aplicada en la práctica debe ir acompañada de una regulación marco nacional que fije las características y condiciones del ejercicio de la eutanasia y las garantías para todos los implicados.

El soporte sobre el que trabajar esta segunda ley podría ser la proposición que la semana pasada registró el PSOE en el Congreso y cuya toma en consideración será debatida pronto en el pleno. No solo despenaliza la eutanasia sino que la regula como un derecho y garantiza su ejercicio en la práctica, pues la incluye dentro de las prestaciones obligadas de todos los servicios públicos de salud españoles. Amplía los solicitantes potenciales del suicidio asistido a discapacitados muy graves crónicos y establece un regulación detallada sobre las condiciones a cumplir para que el derecho pueda ejercerse. Los socialistas adelantaron que aspiran a que ambas leyes se aprueben en paralelo y Unidos Podemos anticipó que votará a favor de la toma en consideración de la proposición del PSOE.

Los grupos que respaldan la reforma legal destacan que se trata de una despenalización con la que están de acuerdo el 58,4% de los españoles, según un sondeo realizado por el CIS en 2009, y el 78% si se atiende a una encuesta realizada por el semanario británico 'The Economist' en 15 países en 2015.

La eutanasia es una práctica legal en países como Holanda, Bélgica, Luxemburgo o Colombia y en estados de Estados Unidos, Canadá y Australia. Otros países, como Suiza, no persiguen la ayuda al suicidio.