La mayoría de los ciudadanos ignora que existen ayudas para bajar la factura energética de casa

Este documento técnico, que realiza un profesional autorizado -arquitectos técnicos, por ejemplo-, recoge las características de la vivienda tales como su orientación y las horas de luz que recibe, la naturaleza de sus materiales, la estanqueidad de sus ventanas, su año de construcción o sus sistemas de confort térmico instalados. Con los datos, se realiza una clasificación sobre cuánto gasto energético tiene ese hogar, básicamente en electricidad y gas. De la A -las que menos gastan- hasta la G -y más- existen clasificaciones.

El objetivo de aquella medida, además de arrojar luz sobre las condiciones de construcción y confort del parque inmobiliario español, perseguía crear cierta conciencia entorno a la eficiencia energética de los propios hogares. Una década más tarde se demuestra que el mensaje no termina de calar.

Una encuesta presentada hoy por la OCU, apoyada con fondos del Ministerio de Asuntos Sociales, Consumo y Agenda 2030, revela que el 91% de los ciudadanos ignora cuál es la clasificación con la que cuenta su casa. Y lo que ven como un «punto crítico» los promotores de este trabajo de investigación es que hasta un 71% también desconozcan que existen ayudas oficiales para mejorar la eficiencia de las viviendas mediante obras de rehabilitación.

Esta laguna es nefasta para promover un cambio si se tiene en cuenta que la gran barrera para emprender obras que rebajen la factura de luz y gas de la casa suele ser la envergadura de las mismas y sus costes, otro de los datos clave del estudio. Un escaso 5% de las personas encuestadas dijeron haber pedido subvenciones para ello. Y cerca de la mitad se han ido para la instalación de paneles fotovoltaicos para autoconsumo, seguido muy de lejos por las destinadas al cambio de ventanas.

Así, la inversión que se ha realizado es también exigua si se realiza una media: en los últimos cinco años los españoles han invertido 5.677 euros por vivienda para mejorar su eficiencia energética. Lo normal es que, para ahorrar algo en la factura, se apueste por pequeñas intervenciones tales como «sustituir la iluminación o elegir electrodomésticos más eficientes», versa el estudio de la OCU. Pero nada para mejorar el aislamiento del tejado, las paredes o los suelos; mejorar o cambiar las ventanas, las puertas, o instalar paneles fotovoltaicos, sistemas de aerotermia, calderas de condensación o cambiar los radiadores.

Tampoco parece que las perspectivas a medio plazo sean más alentadoras porque hasta un 63% de los españoles no tiene previsto invertir ni un solo euro en reformas o instalaciones destinadas a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. En un plazo de tres años, 6 de cada 10 se lo plantearían.

El problema que plantea estos resultados tiene una doble vertiente: económica y medioambiental. Económica porque el coste de la energía es una carga para las familias y mejorar la factura de la luz pasa por emprender este tipo de reformas; y medioambiental también porque las viviendas y los hogares son una de las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

De acuerdo a los datos de la Comisión Europea, los edificios son responsables del 40% de toda la energía consumida en la Unión y del 36% de las EGI. En España, las cifras se replican de forma similar. El objetivo marcado por las directivas comunitarias es que en 2050 los edificios dejen de ser emisores de estos gases que contribuyen al calentamiento global. Pero para ello son indispensables esas reformas de calado que, tal y como demuestra el citado estudio, se retrasan para la gran mayoría de la ciudadanía.

La situación que dibujan los datos oficiales dista de ser positiva. Un 75% de los edificios existentes son «energéticamente ineficientes», según los datos del Gobierno. Según el Censo de Viviendas de 2021, el número total de viviendas en España es de 26.623.708, de las que 18.536.616 eran viviendas principales, con población empadronada en ellas. La calificación energética de todas se encuentra «mayoritariamente entre las menos eficientes», esto es, entre las letras E, F y G. En estas tres letras se encuentra el 80% del parque inmobiliario español. El objetivo marcado por Europa es que en 2030 todas las viviendas tenga al menos una clase E y en 2033, la D.

La envergadura del reto no es nada despreciable. De ahí que el ministerio de Pablo Bustinduy asuma que lo primero es «conocer con más detalle cuál es la situación de los usuarios, y también tener información de quienes ya han abordado estos cambios, saber cuál ha sido su experiencia, para poder tener información sobre las barreras y los puntos críticos». De ahí que hayan promovido la citada encuesta con OCU.

Entre las conclusiones más destacadas de esta organización destaca que «la falta de conocimiento y de información es una barrera clara a la hora de pasar a la acción con el objetivo de mejorar la eficiencia energética de los hogares». Y entre las soluciones posibles ven el desarrollo de los puntos de información, las ventanillas únicas en las que los conmidores puedar recibir un asesoramiento personalizado sobre obas, ayudas y financiación.

«En la actualidad existen algunos de estos puntos de información, sobre todo a nivel de algunos ayuntamientos, pero dentro de los objetivos perseguidos por la Unión Europea es el desarrollo de los mismos», apostillan desde la OCU. El 86% de los encuestados no conoce este tipo de ventanillas de información.

De cualquier modo, el espíritu de la directiva europea definitiva fue el de dejar en manos de los Estados el plan para reducir el consumo de energía de las viviendas y rebajar las emisiones de las mismas. Aunque durante la redacción del texto definitivo se habló de imponer eficiencia energética mínima de la vivienda demostrada mediante certificado para poder vender o alquilar la vivienda -lo que hizo saltar las alarmas-, finalmente esto no incluyó en el texto final del Parlamento Europeo.

Así, no habrá obligaciones directas a los propietarios sino marcar los citados objetivos de eficiencia energética a nivel de Estado miembro: una reducción de energía media consumida de un 16% mínimo para 2030 y al menos entre un 20 y un 22% para 2035 en edificios residenciales.