Europa da manos libres a los Estados para reducir el consumo de energía en las viviendas

Europa admite que los Estados miembro deben tener flexibilidad para elegir las herramientas con las que conseguir la mejora exigida en eficiencia energética de las viviendas. Esas herramientas pueden ser normas mínimas de rendimiento energético, asistencia técnica y financiación.

La revisión propuesta de la directiva relativa a la eficiencia energética de los edificios tiene por objeto reducir al máximo las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía en el sector de la construcción de la UE de aquí a 2030, y hacerlo climáticamente neutro a partir de 2050. Los edificios nuevos ocupados por las autoridades públicas o que sean de su propiedad deberán alcanzar este objetivo ya en 2028.

El texto del acuerdo de la directiva incluye diferencias importantes respecto a la propuesta original y los diversos textos intermedios que han ido apareciendo a lo largo del proceso legislativo. La propuesta de directiva que finalmente se ha votado no incluye obligaciones o prohibiciones directamente sobre los propietarios de edificios residenciales. Los Estados miembros, que tienen dos años para trasponer la directiva una vez aprobada, elegirán el tipo de medidas que estimen necesarias para garantizar el ahorro energético.

Sin embargo, la tasa anual ponderada de renovación energética es persistentemente baja, en torno al 1%. Casi el 75% del parque inmobiliario de la Unión Europea es ineficiente y entre el 85% y el 95% de los edificios que existen hoy seguirán en pie en 2050.

En España, el Ministerio de Vivienda ha marcado unos objetivos en la senda de rehabilitación de viviendas que supone multiplicar más que por diez la rehabilitación anual de viviendas y llegar a las 300.000 rehabilitadas en el año 2030. De cumplirse esa senda se habrían rehabilitado un total de 1.200.000 viviendas en esta década y el Gobierno considera que se cumplirán las exigencias europeas de reducción de consumo de energía en el parque residencial. Por otro lado, y para facilitar el acceso a la vivienda, el Gobierno ha puesto en marcha una línea de avales del ICO para adquirir una casa y los índices de referencia del precio del alquiler que se aplicarán cuando las comunidades autónomas reclamen la declaración de zonas tensionadas.

Aunque los Estados miembros son libres de decidir si desean introducir estándares mínimos de rendimiento energético, diseñados a nivel nacional y adaptado a las condiciones nacionales, la Comisión Europea deberá evaluar si las medidas establecidas ofrecen suficientes avances hacia un parque inmobiliario descarbonizado y cero emisiones en 2050 o si se necesitan medidas adicionales, señala la propuesta.

Los certificados de eficiencia energética para edificios se utilizan desde 2002. Sin embargo, el uso de diferentes escalas y formatos en los países dificulta la comparabilidad, por ejemplo para orientar la financiación hacia edificios con mayor eficiencia energética y renovación de edificios. La propuesta de directiva especifica que los posibles compradores o inquilinos de la vivienda deben conocer al inicio del proceso el nivel de eficiencia energética y los pisos deben disponer de un certificado e indicar de qué clase en todos los anuncios para que la eficiencia energética de la vivienda pueda ser tenida en cuenta a la hora de comprar o alquilar. El comprador o inquilino debe recibir información correcta sobre el rendimiento energético del edificio y asesoramiento para mejorar dicho rendimiento, puntualiza la norma. El certificado de eficiencia energética también debe proporcionar información sobre su energía primaria y consumo final, necesidades energéticas, producción de energía renovable y emisiones de gases de efecto invernadero.

Si fuera técnica y económicamente adecuado, los Estados miembros tendrán que implementar instalaciones solares de forma paulatina en edificios públicos y no residenciales, dependiendo de su tamaño, y en los edificios residenciales nuevos de aquí a 2030.

Las acciones elegibles para actuar serán aquellas que consigan una reducción de las emisiones de CO2 y del consumo de energía final, mediante la mejora de aquellos servicios que tengan un mayor peso en el consumo energético de los edificios, como la calefacción, refrigeración y producción de agua caliente sanitaria. Se actuará sobre la envolvente térmica del edificio para conseguir una reducción de la demanda de calefacción y refrigeración del edificio. Las actuaciones de eficiencia energética podrán ser, entre otras, sobre fachadas, cubiertas, suelos, carpinterías exteriores, vidrios y protecciones solares. También se contempla la incorporación de fuentes de energía renovable para la cobertura de la demanda de acuerdo con los objetivos de consumo de energía final renovable.

Los Estados miembros deben adoptar medidas para descarbonizar los sistemas de calefacción y eliminar gradualmente los combustibles fósiles en la calefacción y la refrigeración con miras a eliminar por completo las calderas de combustibles fósiles para 2040. A partir de 2025 se prohibirá subvencionar las calderas independientes de combustibles fósiles. Los incentivos financieros seguirán siendo aceptables para los sistemas híbridos de calefacción que utilicen una cuota significativa de renovables, como los que combinan una caldera con una bomba de calor o una instalación solar térmica.

La introducción de normas mínimas de eficiencia energética debe ir acompañada de un marco propicio que incluya asistencia técnica y medidas financieras, en particular para hogares vulnerables, señala el texto.