¿Quién puede pedir el aval del ICO para comprarse un piso?

El aval del ICO para la compra de una primera vivienda no significa que el comprador vaya a recibir dinero del ICO, lo que permite este aval es conseguir una hipoteca por el 100% del valor del piso en lugar del 80%, que es lo que suelen conceder los bancos. El hipotecado pagará los intereses por la totalidad del préstamo, la avalada y la que no.

Lo podrán solicitar jóvenes menores de 35 años y familias con menores a cargo siempre que se trate de primera vivienda habitual del solicitante. Deben ser personas físicas y mayores de edad, con residencia legal en España, debiendo acreditarla de manera continua e ininterrumpida durante los dos años anteriores a la solicitud del préstamo. Además, hay límites por nivel de renta. Esta línea de avales del ICO va dirigida a menores de 35 años con ingresos anuales inferiores a 37.800 euros anuales (4,5 veces el Iprem); si son dos los solicitantes de la hipoteca el límite de ingresos se duplica a 75.600 euros; si la familia fuese monoparental el tope de ingresos podrá incrementarse un 70% hasta los 64.000 euros; por cada menor a cargo el límite se incrementa en 2.520 euros anuales. También existe un límite por patrimonio: no se concederá aval a quien tenga un patrimonio superior a 100.000 euros.

El aval del ICO es para que puedan cubrir hasta el 20% del principal del crédito que ofrecen las entidades bancarias. Los bancos no conceden préstamos hipotecarios por el 100% del precio de la vivienda, sino que habitualmente es solo hasta el 80%, con lo que si no se tiene ahorro previo es imposible comprar un piso. Con esta ayuda, el comprador contará con un aval público que le permitirá acceder a un préstamo equivalente al 100% del valor del inmueble, pero nunca superior a ese 100%, por lo que deberá contar con dinero para cubrir los costes de la compraventa (notario, registro, impuestos), que suelen representar aproximadamente el 10% del valor del piso. El límite del 20% del aval podrá incrementarse en cinco puntos adicionales si la vivienda en cuestión dispone de la calificación energética tipo D o superior.

Se podrá solicitar hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque cabe la posibilidad de que haya una prórroga de dos años más.

En el convenio entre el ICO y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana se establecerá un límite máximo de precio de venta o tasación de la vivienda en función del ámbito territorial, pudiendo ser modificado por acuerdo de la comisión de seguimiento.

No podrán acogerse a esta línea de avales quienes ya sean propietarios de otra vivienda con anterioridad, independientemente de la forma de adquisición de esta. Pero se admite que accedan al aval si lo que tienen es una parte alícuota de la vivienda y esta se haya obtenido por herencia o transmisión mortis causa sin testamento. También podrán solicitar el aval para una hipoteca aquellas personas que, siendo titulares de una vivienda, acrediten su no disponibilidad por causa de separación o divorcio, por cualquier otra causa ajena a su voluntad, o cuando la vivienda resulte inaccesible por razón de discapacidad de su titular o de las personas que formen parte de su unidad de convivencia.

El aval «no tendrá coste alguno» para el beneficiario, según explicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El Estado, con el aval, comparte hasta el 20% del riesgo del principal de cada hipoteca (en ocasiones, hasta el 25%) con la entidad de crédito en igualdad de condiciones. El hipotecado pagará los intereses acordados por la totalidad de la hipoteca.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, calculó en una comparecencia en el Congreso de los Diputados que estos avales beneficiarán a unas 50.000 personas.

Se podrá solicitar en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras que se sumen a esta iniciativa. Si se cumple con los requisitos se realizará la tramitación de la hipoteca con el aval del Estado por ese 20%.

Durará un máximo de 10 años, independientemente del plazo de amortización del préstamo. Durante este plazo, la vivienda deberá ser la residencia habitual de la persona avalada y su arrendamiento estará limitado a que concurran circunstancias que exijan el cambio de vivienda, tales como celebración de matrimonio, separación matrimonial, traslado laboral u obtención de un empleo más ventajoso, u otras análogas.