Las hipotecas con aval del Estado para los jóvenes sin ahorros costarán un 25% más

Cuando un comprador quiere comprar una vivienda y necesita una hipoteca, el banco no le concede todo el capital necesario, sino, como máximo, el 80% del valor de tasación. Es decir, es necesario tener ahorrado el otro 20%. Para un inmueble de 200.000 euros, es necesario disponer, de primeras, con 40.000 euros. Muchos jóvenes carecen de estos ahorros, por lo que será el Estado el que avale ante la entidad financiera esa cuantía bajo determinadas condiciones: que sean jóvenes de menos de 35 años, con una renta inferior a 37.800 euros al año, un patrimonio que no supere los 100.000 euros y que se destine para una vivienda habitual que mantengan en propiedad al menos 10 años.

Ese aval implicará que la entidad conceda un crédito sobre el 100% del valor de tasación de la vivienda, frente al 80% habitual. Es decir, para un inmueble de 200.000 euros, la hipoteca de 160.000 euros deberá sumar los otros 40.000 euros, que son los que respalda el Estado con la medida aprobada ayer en el Consejo de Ministros. En ese ejemplo, la cuota hipotecaria de 650 euros sería finalmente de 810 euros, casi un 25% más.

En ese punto, en las políticas de concesión de créditos de los bancos, reside el otro 'pero' de estos avales públicos. Se materializarán a través de acuerdos con el ICO y será cada entidad la que determine si concede esa hipoteca sobre el 100% del valor de tasación. Se trata de una práctica que se había desterrado del mercado financiero hace muchos años por el sobrendeudamiento que generaba. El banco analizará la solvencia de cada solicitud y si esos jóvenes cumplen con los requisitos mínimos de ingresos y estabilidad laboral para acceder a una hipoteca.

Organizaciones como Asufin han criticado esta medida. La asociación sostiene que sin vivienda pública «asequible», los avales ICO para facilitar el acceso a la vivienda de la población joven son un «subsidio encubierto» para los promotores. Y alerta sobre las vinculaciones que puede exigir la banca.

A pesar de estas trabas, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, instó ayer a este colectivo con una llamada de atención en la que les anticipaba que «aquí está el Estado para avalarles». Lo hizo después de que el Consejo de Ministros pusiera en marcha este programa dotado con 2.500 millones de euros, con el que se pretende facilitar el acceso de la población más joven a un inmueble, uno de los grandes problemas que acechan a la economía española, donde la edad de independencia supera ya los 30 años.

Rodríguez insistió en el papel que tendrá el Estado en este respaldo ante los bancos para la compra de vivienda. Aunque dio un paso más al anticipar que no solo solucionarán el acceso a la vivienda de «quienes tienen un puesto de trabajo indefinido y sueldo, pero no tienen ahorros». Sino que también prevén que con los avales se solucionará parte de la tensión que vive el mercado del alquiler. «Vamos a sacar del mercado del alquiler a personas que van a comprar una vivienda», se ha felicitado.

En el aire queda otra gran cuestión: el papel que juega el Estado como avalista ante unos compradores que, por diversas circunstancias personales, pueden dejar de pagar la hipoteca.