Mujeres entrelazadas a su agresor para salvar la vida

La medida de protección más eficaz contra la violencia machista es como un imán. Hay un polo positivo y otro negativo, y están unidos y alejados al mismo tiempo. Con las pulseras telemáticas, la víctima y su agresor permanecen conectados por un fino hilo de tecnología, que permite detectar si el hombre cumple con la orden de alejamiento que le ha impuesto un tribunal. En ese sistema ella tiene una parte y él la otra, y entrelazándolos evita que el hombre pueda acercarse a la mujer. Hay 1.353 pulseras alrededor de los tobillos de los agresores, según los datos más recientes de la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género. «Es un recurso efectivo que cada vez se usa más», evalúa Rebeca Palomo, la delegada de Gobierno. «Protege a la víctima y disuade a los maltratadores de acercarse y agredirles. No hay ninguna víctima mortal que usase este dispositivo».

El sistema de protección comenzó en 2009 con 166 pulseras instaladas y desde entonces la cifra sube. En 2017, se superaron las mil operativas y en 2019 se ha vuelto a «batir un récord», se felicita Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio para la Violencia de Género del Poder Judicial. En una década se han instalado 6.986. Pero el dato más relevante es el que indican tanto Palomo como Carmona: ninguna mujer protegida con este dispositivo ha sido asesinada por su pareja o expareja. Lo ratifica la Fiscalía: «en ninguno de los casos de mujeres fallecidas se había establecido el control de las medidas por medios telemáticos, ni siquiera cuando existían varias denuncias o quebrantamientos anteriores o cuando la valoración policial del riesgo era alta».

En los años que la pulsera electrónica no era usada, en España había un promedio de 69,3 mujeres asesinadas al año (entre 2003, cuando comenzaron las estadísticas específicas, y 2008). Desde su implementación, baja a 56 (de 2009 a 2018), un 23% menos. Aunque no sea la única causa, las pulseras que paradójicamente entrelazan al agresor con la víctima, han servido para salvar la vida de mujeres amenazadas.

Las pulseras fueron puestas a disposición de los tribunales en 2009 con una inversión pública de 5 millones de euros y, en la licitación de 2018, se superaron los 12 millones para sustituirlas por las más modernas tecnologías. No obstante, estos dispositivos están todavía infrautilizados. Si de las 60.000 mujeres que tienen protección integral, de las que aproximadamente la mitad cuenta con protección policial (29.982), sólo en el 2,2% de los casos se ha obligado al agresor a llevar una pulsera telemática. La estadística es todavía menor si se relaciona su instalación con el número de denuncias: casi 167.000 en 2018.

El riesgo es tan verificable como la eficacia de esta medida de protección: de las 49 fallecidas del año pasado, 16 habían formulado una denuncia (32,65%) pero ninguna había sido protegida por medios telemáticos. «Todavía no se perciben las ventajas que este medio de control supone para la protección de la víctima, frente a las molestias que genera en su vida cotidiana», reflexiona la Fiscalía en la Memoria 2019.

Algunas activistas contra la violencia de género, no obstante, están en contra de las pulseras, que de alguna manera entrelazan a las víctimas con un agresor que, a falta de una sentencia firme, permanece en libertad. «Hay que tener en cuenta los posibles efectos psicológicos negativos en la mujer, porque te recuerdan permanentemente que hay un maltratador al acecho y porque tú, que eres la víctima, te sientes controlada», dice Lidia Fernández, activista de la Plataforma 7N contra las Violencias Machistas. «Es un mecanismo que te puede salvar la vida, pero que te recuerda un pasado».

Una vez que el juzgado dicta que a la mujer sea protegida con este sistema, a ella se le entrega un receptor parecido a un móvil, y a él otro junto a una pulsera de radiofrecuencia. Un satélite detectará dónde se encuentran cada segundo. Si él rompe la distancia acordada por el juzgado se activa una alarma. Si destruye los aparatos o los deja descargar, o se separan los dos que tiene el agresor, también salta la señal de alarma. El centro de control, operado por Telefónica desde octubre de 2018, bajo supervisión de la Delegación de Gobierno, advierte tanto a las autoridades como a la víctima. Funciona 24 horas los siete días de la semana.

Aunque no se divulga la cantidad de veces que se activa la alerta de los dispositivos, debido a que esa alarma no indica necesariamente que el hombre se haya saltado de manera voluntaria la orden de alejamiento, el Poder Judicial sí ha acreditado que, en conjunto, más de 4.200 rompieron las órdenes cautelares entre abril y junio de este año. «Al maltratador le da igual acumular condenas por quebrantamiento, bien sea rompiendo el alejamiento, bien sea inhabilitando el aparato», asegura Fernández.

Reservada para las situaciones «más graves» que no llegan a ser suficientes para dictar prisión provisional, los jueces deciden cuándo colocarlas y cuándo quitarlas. «Estos dispositivos generan gran seguridad en la víctima, porque se vigila al maltratador vía satélite las 24 horas todos los días», sostiene Carmona. «Esa medida debe introducirse aunque el agresor haya cumplido la condena o goce de beneficios penitenciarios».

No todas las víctimas persisten en el uso de los dispositivos telemáticos, por diferentes motivos. Incluso algunas llegan a apoyar al maltratador en sus justificaciones al saltarse el alejamiento, o a pedir que se anule la medida cautelar. Ese mismo año en que se comenzaron a utilizar las pulseras telemáticas, también se escucharon alegatos de las víctimas a favor de sus maltratadores. Una mujer, que había sido agredida en la cabeza con un aparato de televisión por su pareja, de la que estaba separándose, solicitó que le quitaran la pulsera, pues habían vuelto a estar juntos. Quiso retirar sus denuncias cuando el juez dictó una prisión provisional ante la reiteración del incumplimiento de la orden de alejamiento. El tribunal desoyó a la víctima que redimía a su agresor.

Extender el uso de las pulseras telemáticas es una cuestión de «formación», tanto de los jueces como de las víctimas. «Para poder estar protegida la mujer debe asumir la obligación de tener el dispositivo cargado y llevarlo encima», advierte Rebeca Palomo, delegada de Gobierno contra la Violencia de Género. «Esa colaboración de la víctima es crucial. En cualquier momento se le llamará si hay proximidad, porque el centro de control no valora el riesgo antes de avisar. Posteriormente sí se realiza un informe que se envía a los órganos judiciales que serán los que deciden si hubo un quebrantamiento de la medida».

Las causas para el dictamen de una medida de control telemático no tienen por qué implicar necesariamente la agresión física. Aunque sí la amenaza. En una de las sentencias pioneras que han ido sedimentando el uso de las pulseras, el acosador rompió la ropa interior de su exmujer, la riñó por cambiar de peinado, le prohibió salir sin él. La amenazó de muerte. «No acepta la separación», resumía la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en marzo de 2009. Esta resolución judicial, entre las pioneras del sistema español, se hacía eco del diagnóstico policial: riesgo alto.

El juez reconocía que esa medida cautelar «merma el derecho a la libertad de circulación del recurrente», pero preponderaba «la protección de otro derecho fundamental de mayor entidad, el derecho a la vida y a la integridad física de la denunciante». El maltratador recurrió, como siempre. A veces ganan. Desde que comenzaron a utilizarse, se han desactivado 5.633, ya sea por apelaciones, por el ingreso en prisión del agresor o por el fallecimiento de él. O de ella.

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