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Ella y él tuvieron una relación sentimental durante 13 años, de los que cinco vivieron juntos. En 2017, ella lo echó de casa, le pidió las llaves. Un mes después de un reencuentro sexual, él entró al domicilio en Madrid cuando ella no estaba y ... la amenazó por WhatsApp. Siete mensajes en tres minutos. Ella llamó a la policía, que actuó de inmediato. Por miedo, no obstante, sus amigas se turnaban para acompañarla, y en junio de 2018, cuatro meses después de aquel acoso, él, que insistía en la reconciliación, volvió a enviarle mensajes, esta vez de madrugada. Entre la 1:00 y las 2:20 le lanzó una veintena de acusaciones e insultos. También le lanzó piedras y huevos a su ventana. En la noche, más mensajes para amedrentarla. Hasta que llegó la amenaza de muerte.
Palabras reiteradas que expresaban su deseo de acabar con su vida. «Date por muerta». Ella acudió al juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid, que impuso una orden de no acercarse a menos de 500 metros de ella. Él rompió la medida cautelar y en julio se le impuso el uso de un «dispositivo de detección de proximidad». Es decir, una pulsera telemática y se le dictó prisión por cuatro meses. El hombre recurrió y siguió en la calle.
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Como volvió a incumplir la medida una semana después, el juzgado elevó la pena pero él introdujo un recurso y no entró en prisión. Argumentó que sus amenazas eran una «rabieta». Sus abogados afirmaban que la declaración de la víctima no era verosímil, que los mensajes del hombre eran reacción de los de ella, que algunos fueron enviados por su hermana de 14 años sin su consentimiento. Ella insistió: él quería que ella viviera con miedo, y lo había logrado con sus andanzas alrededor de su casa, sus escritos, sus actos. El juzgado ratificó la sentencia y mantuvo las medidas cautelares. Él usa la pulsera telemática, a la espera de una sentencia firme, y ella está atenta al dispositivo que puede alertarla en cualquier instante que su expareja está cerca.
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