Zarzuela da ya por zanjada la crisis institucional provocada por el emérito

Era junio de 2014 y, entonces, pocos sospecharon los motivos reales. Fue el primer cortafuegos del actual jefe de Estado con su predecesor, del que quería desligarse de cualquier gestión, negocio o encuentro que mantuviera. La figura de Juan Carlos I acabó muy desgastada por el escándalo de su cacería en Botsuana, la irrupción en escena de Corinna Larsen y el 'caso Nóos'. Y, como consecuencia, la institución que encarnaba. De ahí la declaración de intenciones de Felipe VI ante las Cortes al acceder al trono: «Una monarquía renovada para un tiempo nuevo». Lo que poco podía imaginar el recién estrenado Rey es que le costaría casi una década recuperar la estabilidad y dotar a la institución de los instrumentos necesarios para disipar dudas.

La irrupción en escena de nuevos actores políticos, que trajo y trae aparejadas dificultades para armar gobiernos, y sobre todo el desafío independentista catalán han marcado un reinado que vive ahora su momento más dulce. Zarzuela, de hecho, ya da por zanjada la crisis institucional que provocó la apertura de tres investigaciones judiciales -hoy archivadas- al rey emérito en el Tribunal Supremo por sus cuentas en el extranjero, respondida por parte de Felipe VI con contundencia en marzo de 2020: retirada de la asignación de la Casa Real que hasta entonces recibía el anterior jefe del Estado y renuncia a la posible herencia que pudiera corresponderle.

Aquel golpe en la mesa supuso un antes y un después, refrendado con la decisión colegiada de que el emérito fijara su residencia fuera de España. En agosto de 2020 se instaló en Abu Dabi. Su marcha no evitó que la Mesa del Congreso siguiera recibiendo propuestas de comisiones de investigación. Hasta 15 fueron rechazadas la pasada legislatura con los votos del PSOE, PP y Vox.

Zarzuela, ya en 2015, hizo pública por primera vez la relación de regalos recibidos por los miembros de la Familia Real y se comenzaron a fijar los cimientos de -se creía entonces- una ley de la Corona. «El Rey quiere una monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas... Ya verán cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la monarquía en cuanto a transparencia y ejemplaridad», dijo Pedro Sánchez a finales de 2020. No fue hasta el año pasado cuando la Casa del Rey dejó de ser un organismo imposible de fiscalizar para las principales instituciones de control del Estado, en especial el Tribunal de Cuentas. El Consejo de Ministros aprobó en abril de 2022 un real decreto -la fórmula jurídica permitió evitar el debate en el Congreso- que reformó la estructura y el funcionamiento en Zarzuela con la intención de «reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real, en línea con los principios que han presidido desde su inicio el reinado de Felipe VI». Días antes, el Rey había hecho público su patrimonio: 2,2 millones de euros en depósitos y 305.450 euros en objetos de arte y joyas.

Tras casi una década apuntalando una institución que cogió dañada, Felipe VI quiere aprovechar la mayoría de edad de la princesa Leonor, que jura la Constitución este martes, para relanzar la imagen de la Corona. La repercusión de las visitas de don Juan Carlos a España ya es algo amortizado, después del desconcierto que provocó la primera a Sanxenxo -en mayo de 2022- por su exposición mediática, hasta el punto de que ha sido invitado junto al resto de la familia del Rey a la fiesta privada del cumpleaños de la heredera en El Pardo.

Zarzuela ha encontrado en Leonor un activo más para la proyección pública de la institución. El efecto se aprecia en las audiencias televisivas: su jura de bandera fijó un máximo de una emisión un sábado por la mañana y el desfile del 12 de octubre fue el más visto en más de una década. Pero este no deja de ser el fruto de un último año en el que la Familia Real ha podido emplearse a fondo en sus funciones sin tener que responder a polémicas externas.