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El movimiento del lehendakari Urkullu de resucitar esta semana su iniciativa de 2018 para promover una «convención constitucional» en el Estado, que reinterprete la Carta Magna sin reformarla a fin de reconocer la plurinacionalidad territorial, siguió sumando ayer eslabones a la cadena de reacciones que ... viene suscitando. Si la víspera las respuestas bascularon entre la evaluación positiva del Gobierno de la iniciativa del mandatario del PNV aunque dejando claro que su plan «no es el nuestro», la acidez con que Esquerra despachó el proyecto por quedarse corto para la Cataluña secesionista y la exigencia de los presidentes del PP de otras comunidades históricas como Andalucía o Galicia para que se «respete» la igualdad de su autogobierno, en las últimas horas la resistencia ha aflorado en el terreno que gestiona Urkullu; entre las propias formaciones vascas.
Euskadi fue la primera autonomía en aprobar su Estatuto, pero es la única, 40 años después y junto a la gallega, en no haberlo reformado. El último intento, tras las polémicas bases pactadas por el PNV y Bildu, alcanzó un consenso entre los expertos jurídicos designados en el Parlamento por los peneuvistas, sus socios del PSE y Elkarrekin Podemos -los de Bildu y el PP siguieron su propio camino- que tropezó en la piedra de siempre: el reconocimiento del derecho a decidir, el eufemismo de la autodeterminación. Los socialistas vascos, coaligados con Urkullu en el Ejecutivo de Vitoria, mantienen su oposición al proyecto territorial de Urkullu y, por extensión del PNV, al considerar que sus pretensiones desbordan el marco jurídico que rige la convivencia en Euskadi desde hace cuatro décadas dividiendo a su ciudadanía. Y ayer, sin elevar el tono, siguieron la estela marcada por el ministro Bolaños: las aspiraciones del lehendakari son «legítimas» pero «no las nuestras».
«No es la posición de los socialistas», remarcó en RNE Patxi López, el presidente que precedió a Urkullu y hoy portavoz en el Congreso del PSOE. López dijo desconocer si Urkullu pondrá su plan encima de la mesa para una eventual negociación, pero le contrapuso la defensa de «la Constitución», «el entendimiento» y «el «pacto». En ello incidió la vicelehendakari y miembro de la ejecutiva de Pedro Sánchez, Idoia Mendia, quien subrayó que el jefe del Gobierno vasco ya sabe «sobradamente» que sus socios discrepan de su iniciativa, aunque sí valoró que Urkullu asuma «que cualquier propuesta tiene que hacerse dentro del marco constitucional».
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Si los socialistan se han esforzado en guardar las formas, el PP vasco criticó al lehendakari con mayor rotundidad que presidentes autonómicos del partido como Juanma Moreno o Alfonso Rueda. El líder de los populares en Euskadi, Carlos Iturgaiz, redujo la reforma de Urkullu a una inquietante «ocurrencia para satisfacer los delirios nacionalistas» y alertó de que la Constitución «está en riesgo» si Sánchez deja la gobernabilidad en manos de los independentistas.
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