Tres meses de amnistía que encadenan al Gobierno

«Estamos desconfiados, como siempre. Pero hay que reconocer que le han echado un par de huevos», resumía gráficamente la situación un ex alto cargo de Junts, valorando la intrepidez de Sánchez y los suyos, en los días de frenesí que rodearon la investidura consumada a las 72 horas del registro de la amnistía. Tres meses después, la euforia del momento por haber retenido la Moncloa contra viento, marea, las encuestas y las expectativas de Alberto Núñez Feijóo ha derivado en una extenuante carrera de fondo en la que Junts no ha perdido ocasión de demostrar que tiene la sartén por el mango no solo para pactar, sino para también para golpear sobre la dependencia del Gobierno de sus votos.

Un trimestre de mandato presidencial que se ha hecho largo como la amnistía varada en la comisión de Justicia del Congreso, adonde la ha reenviado Junts a la espera de hallar la fórmula con el PSOE que concilie, en palabras de Toni Comín, el compañero de fuga de Carles Puigdemont, «las líneas rojas» de ambas partes: que la norma reciba el plácet del Constitucional y que sea «integral»; el adjetivo con el que el expresident y su partido exigen que cubra a todos sus amnistiables y por todos los delitos, incluidos los de presunto terrorismo y alta traición. Veinte días antes de provocar un seísmo con su no a aprobar la ley, pese al remiendo del PSOE para dejar fuera de la exculpación solo las acciones terroristas intencionadas con resultado de muerte o torturas, Junts ya había martirizado al Gobierno con su amenaza de derribar los tres decretos claves para lanzar la legislatura.

Comín alentó el viernes que habrá arreglo para que la amnistía cristalice; la víspera, Puigdemont, en su alegato contra la resolución del Europarlamento que le señala por la supuesta conexión de su Govern con Rusia, había situado la ley en el altar de los hitos más relevantes «desde la muerte de Franco». Aunque todos se tientan la ropa, ninguno de los socios contempla que la legislatura descarrile –«Mientras gobierne el PSOE, Junts siempre tiene la opción de pedir indultos, lo que sería imposible con el PP», justifica uno de ellos–, mientras el Gobierno trata de asentar la convicción de que aguantará haya o no haya amnistía. Pero la constatación del desgaste hace mella en el Ejecutivo y los aliados, que no esperaban que el partido de Puigdemont dejara tan claro desde tan pronto que no hace piña con nadie ni una resistencia judicial tan aguda. Ya lo venía advirtiendo Podemos, 'sotto voce', desde la fallida investidura de Feijóo: el riesgo de que la legislatura sea solo la de la amnistía fagocitando la agenda social.

La ley que hace «virtud» de «la necesidad» de Sánchez de los siete escaños de Junts, calificada por él mismo como una apuesta «valiente, reparadora y constitucional» en aras de una concordia que se verá con el tiempo, actúa como el cemento que compacta la compleja mayoría presidencial pero también como la excavadora que no para de abrir disensos a su paso. El vendaval en torno a la norma ha llevado el 'bibloquismo' resultante del escrutunio del 23-J a que el Congreso, con mayoría de Sánchez y sus socios, y el Senado, con hegemonía del PP, legislen retándose: los populares acaban de tumbar los objetivos de déficit y deuda del proyecto presupuestario del Ejecutivo, preludio del vía crucis al que pretenden someter la amnistía en su paso por la Cámara alta.

Si políticamente la tramitación de la ley, y con ella la fluidez de la legislatura, se está convirtiendo en un tormento para el Gobierno, la revuelta en el Poder Judicial ha hecho aflorar el agravio que suscitan la norma y la acusación de 'lawfare' –guerra sucia contra el secesionismo– que lleva adherida y, también, el calvario al que se asoma en España y en Europa la aplicación del perdón. Los jueces García Castellón y Aguirre no tienen intención de cejar en sus investigaciones sobre Puigdemont, mientras la Sala de lo Penal del Supremo aguarda al fondo, con pulso de los fiscales con su jefe, Álvaro García Ortiz, mediante. La UE cuyo Parlamento ha urgido a investigar la trama rusa ya no es refugio confiable para la amnistía. Y solo han pasado tres meses eternos como una condena.