La justicia pone en jaque la cesión de Sánchez para atar la legislatura

La legislatura ya se encontraba trabada por la debilidad parlamentaria del Gobierno de coalición y la prórroga de los Presupuestos de 2023. A estas circunstancias se le suma una primera consecuencia, que el juez Pablo    Llarena mantiene la orden de detención contra Puigdemont, que no podrá pisar territorio español sin ser detenido. Un hecho que afecta a la relación que Moncloa mantiene con Junts, clave con siete diputados en el Congreso para aprobar las iniciativas del Gobierno.

La decisión que deja sin efecto la amnistía para el líder de Junts se conoció poco antes de la rueda de prensa que la portavoz del PSOE, Esther Peña, suele ofrecer cada lunes en Ferraz. La dirigente socialista no fue capaz de articular respuesta a la misma, pero en el partido la noticia ya había caído como un jarro de agua fría pese a entrar dentro de lo previsible.

Ahora, los socialistas se aferran a que la decisión del Supremo no afectará a la continuidad de la legislatura. «No tiene que ver», objetan fuentes del partido a este periódico, porque entienden que el Supremo no cuestiona «ni la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE». «Ya hay 27 personas amnistiadas por los juzgados. Sabemos que hay mucha gente con muchas ganas de que cualquier decisión judicial influya en la duración de lo que legítimamente votaron los ciudadanos», intentan zanjar en Ferraz, donde también desvinculan la decisión del alto tribunal de las negociaciones de la investidura catalana:«La Ley es clara, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya la ha aplicado en lo referente a la malversación, y se acabará aplicando en su literalidad». La posibilidad de un adelanto electoral, por tanto, tampoco se concibe entre las filas del socio mayoritario de la coalición gobernante.

En un comunicado enviado a los medios, los socialistas consideran «sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tiene encomendada» las «consideraciones políticas que ha hecho el Tribunal Supremo», en alusión a los reproches vertidos contra el legislador por la Sala de lo penal. Un razonamiento que concluye así el partido de Sánchez: «Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas y la tramitación parlamentaria de las normas».

Pero la realidad, por la apretada aritmética parlamentaria, es que la amnistía es indisoluble de cualquier movimiento que se produzca en el Congreso de los Diputados o en el Parlament de Cataluña. No en vano, la medida ha condicionado gran parte del debate político desde el día después de las generales del año pasado, cuando se evidenció que la suerte del futuro Gobierno iría ligada al destino de Puigdemont. Así lo advirtieron varios aliados del Gobierno, como Podemos, que alertaron de que esta legislatura«puede pasar a la historia como la de la amnistía, sepultando la agenda social y desmotivando al electorado de izquierdas».

Con esa idea, y alejando la posibilidad de un fin abrupto del cuatrienio, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, pidió a los jueces «respetar la voluntad del legislador». «Sabíamos que la amnistía iba a encontrar obstáculos, pero se tiene que aplicar en su totalidad», aseveró en rueda de prensa el también portavoz de Sumar.