Puigdemont mantiene que volverá para la investidura pese al riesgo de detención

Puigdemont, que llamó a los jueces del Supremo mafiosos de la «Toga Nostra», tiene en sus manos poder dinamitar la investidura de Salvador Illa, si el PSC y ERC fueran capaces de cerrar un acuerdo y Josep Rull convoca sesión parlamentaria antes del 26 de agosto, la fecha límite. Le bastaría con cruzar la frontera y ser arrestado, de acuerdo a la orden de detención que pesa sobre él, dictada por el juez Llarena.

El margen para ERC, en ese caso, se reduciría al máximo y difícilmente se arriesgaría a iniciar su fase de reconstrucción avalando la investidura de un líder socialista, con Puigdemont en prisión o en comisaría y la movilización secesionista en la calle. Un clima de protestas sería el adecuado para el líder de Junts para forzar nuevas elecciones e intentar ganar al PSC. Para ello, necesitaría concurrir de la mano de ERC, como en 2015 bajo la fórmula de Junts pel Sí. Se oyen ya cantos de sirena.

El independentismo, de hecho, sigue dando pasos para rehacer su unidad. Tras el acuerdo alcanzado entre Junts y ERC para controlar la mayoría de la Mesa del Parlament e investir a Rull como presidente de la Cámara catalana, ayer trascendió un encuentro que no se producía desde hace tres años. El expresidente de la Generalitat y el exvicepresidente, Oriol Junqueras, se reunieron entre el domingo en Waterloo, poniendo fin a un largo distanciamiento entre dos dirigentes que pilotaron el 'procés' y que han mantenido un duro enfrentamiento público durante más de un lustro. No han disimulado su enemistad. A solas, cara a cara, no se veían desde 2017, al menos que se sepa. No es baladí que el encuentro se conociera el mismo día en que el Tribunal Supremo confirmó que no se les aplicará la amnistía por el delito de malversación.

La conversación habría tenido lugar gracias a la mediación del nuevo presidente de la ANC, Lluís Llach, que trabaja para rehacer la unidad en el nacionalismo catalán. Y llegó en plenas conversaciones para la investidura catalana. Junqueras cesó como presidente de ERC tras las elecciones europeas, aunque mantiene su influencia en el partido.

Las negociaciones para la investidura las pilota la secretaria general, Marta Rovira, pero Junqueras, enfrentado a ésta por el control de ERC, tratará de ser reelegido presidente en el congreso del partido del 30 de noviembre. PSC y Junts tratan de seducir a Junts para la investidura y ambos partidos tendrán que negociar por separado con los dos sectores de la formación republicana. En el fondo, subyace la oferta de Junts de ir juntos en las elecciones, si hay nueva convocatoria. Sobre el papel, Junqueras es más favorable a investir a Illa que Rovira, que aboga ahora por tender puentes con Junts.

Según Junts, la decisión del Supremo vulnera las normas más elementales de la democracia. «Es un golpe de togas» al Estado, afirmó Turull, que acusó a los jueces del Alto Tribunal de actuar de «justicieros políticos» contra el independentismo. «Quieren torpedear la aplicación de la ley de amnistía», hacen de «legisladores» y se alinean con Vox, en contra del criterio de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el TSJC y un voto particular. Junts presentará recursos a las resoluciones del Supremo -de revisión y de súplica- y acudirá al Constitucional.

ERC también presentará recursos. Los republicanos creen que la medida de gracia acabará aplicándose, a pesar de la resolución del Supremo. Esquerra considera que el posicionamiento del alto tribunal es un intento claro de saltarse la ley de amnistía.

A su juicio, la resolución judicial es surrealista y presentarán un incidente de nulidad y un recurso de amparo. «Ya no es reinterpretar la ley, reinterpretar la malversación, reinterpretar el enriquecimiento, sino intentar derogar y no aplicar una ley vigente. Es insultante, gravísimo y actuaremos en consecuencia», avisaron los republicanos.