Sánchez e Iglesias escenifican un pacto de izquierdas más allá de los Presupuestos

El Ejecutivo tendrá que trabajar con denuedo porque no todos los partidos comparten las mismas recetas económicas. El acuerdo con Podemos contempla, por ejemplo, una importante subida del Salario Mínimo Profesional, que, según fuentes de esta formación, alcanzará los 900 euros en 2019. En la actualidad es de 735,9 euros al mes y lo que el Gobierno de Mariano Rajoy había comprometido con los sindicatos era alcanzar los 850 euros al mes en 2020.

Iglesias ha presionado mucho con este asunto en los últimos días, hasta el punto de asegurar que sin una cesión de Sánchez, tanto en ese terreno, como en la búsqueda de una solución a la subida «abusiva» de los precios del alquiler en zonas «calientes» no habría pacto. Finalmente, el Ejecutivo ha ofrecido un aumento del presupuesto en el plan estatal de vivienda del 38% el año que viene, hasta los 630 millones de euros.

Además, el acuerdo fija un aumento del número de viviendas de alquiler a «precios asequibles», 20.000 viviendas más; el Gobierno se compromete a impulsar una reforma legislativa para que los ayuntamientos puedan declarar una «zona urbana de mercado tensionada» y regular los precios, y también a modificar la normativa del mercado de alquiler para, por ejemplo, ampliar el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de tres a cinco años.

En el documento de 50 páginas rubricado por el jefe del Ejecutivo y el líder de Podemos se contempla también un incremento en la ayuda a la dependencia del 40% respecto a los Presupuestos de 2018, hasta los 515 millones de euros y la recuperación de las cotización a la Seguridad Social para «las familiares» que cuidan («fundamentalmente, mujeres», subraya el texto). Ya en el preámbulo, de casi dos páginas, se hace un alegato contra los «recortes» del Partido Popular y se declara el deseo expreso de «revertir todo el daño que se ha propiciado estos años». Todo bajo un epígrafe que dice: «Presupuestos para un Estado social».

En el PSOE siempre ha dicho que si finalmente no es posible sacar las cuentas de 2019 adelante, su propuesta servirá como programa electoral. Y el acuerdo hecho público esta mañana, ciertamente, lo parece. Hay algunas cuestiones, en todo caso, en las que el Ejecutivo ha evitado un giro a la izquierda tan brusco como el que demandaba Podemos. No habrá, de hecho, impuesto a la banca, aunque tampoco se descarta en un futuro. «Concluido el ejercicio fiscal 2019, se estudiarán los rendimientos de las nuevas medidas fiscales al objeto de valorar el impulso del llamado 'impuesto al a banca'», se apunta.

En cuanto al incremento del IPF, la propuesta es subirlo en dos puntos sobre la base general para aquellos que tengan rentas anuales superiores a los 130.000 euros y cuatro para quienes excedan los 300.000 euros. Y el impuesto de Patrimonio se elevará un 1% para las grandes fortunas (más de 10 millones de euros). Además, se contempla una rebaja el IVA de los artículos de higiene femenina del tipo reducido del 10% al superreducido del 4%. Y el de los servicios veterinarios del 21% al 10%. En Sociedades, como ya había avanzado el Gobierno, hay intención de crear un tipo mínimo del 15%.

Al margen de cuestiones estrictamente presupuestarias, Sánchez y Podemos han acordado otras iniciativas políticas. El texto incluye así, bajo el epígrafe 'Calidad democrática', una modificación de la llamada 'ley mordaza' y otra de la ley electoral. En la primera, destaca la reforma del artículo 315 del Código Penal, una de las grandes batallas de los sindicatos. El PP introdujo en él el delito de coacciones a la huelga, que incluye penas de cárcel, aunque ofrece al juez la posibilidad de sustituirlas por una pena.

La reforma de la ley electoral queda más abierta. El único compromiso firme es la obligatoriedad de las listas cremallera (mujer-hombre) y el mailing electoral único (algo que ya acordó el Parlamento). El Ejecutivo se compromete también a trabajar «para conseguir un amplio consenso que permita modificar la fórmula electoral para mejorar la proporcionalidad del sistema», algo que hasta ahora ha sido imposible tanto por las reticencias del PP como por las del PSOE.

También se ha incorporado al pacto una ley integral contra las violencias sexuales, que en línea con lo ya adelantado por la vicepresidenta Carmen Calvo, incluirá otra reforma del Código Penal «con el objetivo -se subraya- de garantizar que, si una mujer no dice que sí explícitamente, todo lo demás es no».