La subida del salario mínimo un 22% hasta los 900 euros, la mayor desde 1980

El impacto presupuestario previsto por el Gobierno para 2019 es de 340 millones de euros. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó ayer que subir el salario mínimo supone un mayor volumen de ingresos que de gastos. Y es que con este aumento se incrementan las cotizaciones a la Seguridad Social y eso redunda en el saneamiento de las cuentas para «sostener mejor las pensiones». Además, destacó que para las administraciones públicas comporta «gasto cero» porque «prácticamente ningún sueldo está por debajo de los 1.000 euros».

A pesar de que los sindicatos han valorado esta subida propuesta en el documento firmado por Gobierno y Podemos, la patronal de empresarios consideró tras conocer la medida que «cuestiona el diálogo social» y se salta lo acordado en negociación colectiva. En un comunicado, la CEOE avisó de que esta medida «tendrá unos efectos negativos» en la negociación colectiva, cuya senda en materia de incrementos salariales estaba recogida en las recomendaciones pactadas por patronal y sindicatos en el IV acuerdo para el empleo y la negociación colectiva (AENC).

Aseguraron que la medida tendrá consecuencias negativas también en la contratación pública pactada con las empresas y también en los convenios colectivos en vigor, añadieron. Recordaron que el anterior Gobierno del PP y los interlocutores sociales firmaron un acuerdo para subir el SMI a 735 euros mensuales en 2018, cuantía que, en caso de que el PIB real creciera por encima del 2,5% y la afiliación media en 450.000 personas, se situaría en 773 euros en 2019 y en 850 euros en 2020.

Es más, el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se mostró en desacuerdo con este incremento explicando que hay convenios colectivos que hay que respetar «y no se pueden tirar por la ventana». En respuesta, la ministra de Hacienda animó a la patronal de empresarios a «impulsar» unos salarios mínimos de 1.000 euros.

En palabras del Gobierno, los salarios mínimos son una «potente herramienta» social para contribuir significativamente a prevenir la pobreza en el trabajo y fomentar un crecimiento salarial general más dinámico. Para ello deben ser salarios que «garanticen a los trabajadores un nivel de vida digno y la satisfacción de sus necesidades y las de sus familias, como se establece en el Pilar Europeo de los Derechos Sociales». Así justifica el documento firmado con Podemos la subida de 164 euros más al mes que en 2018.

Desde el Instituto de Asuntos Económicos (IEE) explican que la política puede establecer por ley un salario mínimo, pero son las empresas las que determinan el número de personas que tendrán empleo a ese nivel salarial, así como la duración de la jornada o la modalidad de contratación temporal o indefinida. «El empleo tenderá a alcanzar el nivel en el cual su coste para las empresas iguale la contribución relativa de los trabajadores empleados a los ingresos de los mismos», anuncian. Los economistas afirman que si el SMI en términos reales asciende hasta un determinado nivel, los empleados o parados cuya productividad sea inferior a dicho nivel «tendrán un riesgo elevado de perder su empleo o de permanecer en el paro».