Las claves económicas del acuerdo: salario mínimo de 900 euros y nuevos impuestos

-Las pensiones se revalorizarán de acuerdo al IPC para que las personas mayores no pierdan poder adquisitivo. En caso de que la inflación en diciembre supere el 1,6%, los pensionistas recibirán una paga para compensar esta desviación. La medida tendrá un impacto presupuestario de 704 millones de euros.

-Las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%, lo que supondrá un desembolso de 384 millones de euros. La idea es que se trabaje para que la pensión mínima alcance «con el tiempo» el 60% del salario medio y las no contributivas el 60% de la renta mediana.

-Se dotará con 50 millones de euros la partida para material escolar gratuito en las etapas obligatorias para «ayudar a las familias a superar la cuesta que supone el inicio del curso escolar». El impacto presupuestario es de 50 millones de euros.

-Aumento de las becas. Se simplificará el sistema para hacerlo más transparente. Además se aumentará la financiación con cargo a los PGE para el curso escolar 2019-2010 con un impacto global de 536 millones.

-Equiparación de los permisos de paternidad y maternidad. El objetivo es superar el desempleo femenino y la brecha salarial. El calendario es el siguiente: en 2019 8 semanas de baja para los padres, en 2020 sube a 12 semanas y en 2021 se llegan a las 16 semanas, igual que la madre. Su impacto presupuestario es de 300 millones. Se busca el «cambio sociocultural» que supone una responsabilidad común del cuidado de los hijos durante su primer año. Deberá establecerse en términos de igualdad, intransferibilidad y remuneración al 100%.

-Subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 900 euros al mes, 164 euros más mensuales que en 2018. Su impacto presupuestario en 2019 será de 340 millones.

-Recuperación del subsidio por desempleo para mayores de 52 años. Esta medida se acompañará de otras de refuerzo de formación y empleo para fomentar la ocupación de las personas cubiertas por dicho subsidio. El impacto presupuestario es de 323 millones de euros en 2019.

-Derogar antes de finalizar el año los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral de 2012, sobre todo en materia de negociación colectiva. Se pretende ampliar el régimen de no caducidad del convenio a la finalización de su vigencia, revisar las causas para la modificación de las condiciones del trabajo, reducir la dualidad entre trabajadores indefinidos y temporales, así como reforzar la obligación de constancia expresa del horario de trabajo en el contrato a tiempo parcial.

-Mejorar las cuantías en el nivel mínimo con 132 millones de euros más. Además se recupera el nivel acordado derogado por el anterior Gobierno con 383 millones de euros más. La financiación será a través de la recuperación de los convenios entre Estado y comunidades, que se derogaron en 2012. El impacto presupuestario en 2019 es de 515 millones de euros, un incremento del 40% respecto a los presupuestos de 2018.

-Recuperación de la cotización a la Seguridad Social para los cuidadores. Tras su derogación en 2012, se recupera este derecho para que se beneficien 180.000 personas con un impacto positivo en las cotizaciones a la Seguridad Social. Su desembolso presupuestario es de 315 millones de euros.

-Se ampliará progresivamente el presupuesto actual consignando en 2019 hasta 630 millones de euros (un aumento del 38%), 700 en 2020 y 1.000 en 2021. En diez años España debería invertir el 1-1,5 % del PIB en este campo.

-Para evitar la burbuja especulativa, se aumentará en cuatro años las viviendas a precios asequibles en 20.000 y se determinará el carácter estrictamente social de la vivienda de protección pública con una normativa que garantice su explotación solo para alquiler de personas especialmente vulnerables.

-Desarrollar el ingreso mínimo vital, estructurado fundamentalmente en un primer momento en un incremento de la prestación por hijo a cargo para familias vulnerables y posteriormente en la creación de un programa de garantía de renta para familias sin ingresos, o con ingresos muy bajos. El año que viene se incrementará la prestación actual de 291 euros al año hasta llegar a 473 euros/año por hijo a cargo, lo que permitiría una reducción de la pobreza infantil severa del 14,7%, lo que equivale a reducir el número de niños y niñas en pobreza severa en 99.500. El impacto presupuestario es de 180 millones de euros.

-Ayudas para comedor. Para garantizar que todos los niños en familias en situación de precariedad tengan acceso y se les garantice una correcta alimentación. Impacto de 25 millones de euros.

-Universalización de la escuela para 0-3 años. Se facilitará que los ayuntamientos puedan destinar parte de su superávit a financiar y mejorar las escuelas infantiles, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. Además se dotará con 30 millones de euros el Presupuesto de 2019 para aquellos municipios que, no contando con superávit, planifiquen inversión en estas infraestructuras.

-Impuesto sobre Sociedades. Creación del tipo mínimo del 15% para que la tributación efectiva no se vea afectada de una forma excesiva por el uso de deducciones y bonificaciones. Esta medida afectará solamente a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros, por lo que no afectará a pymes. Adicionalmente, para las entidades de crédito y explotación de hidrocarburos el tipo de gravamen sería del 18% dado que cuentan con un tipo nominal incrementado (frente al 25% general tienen el 30%).

-Disminución del tipo nominal del 25% al 23% para pequeñas empresas que facturen menos de un millón de euros.

-Mayor control sobre las Sicav. Otorgar a los órganos de inspección de la Agencia Tributaria la competencia para declarar a efectos exclusivamente tributarios el incumplimiento de los requisitos establecidos para ellas en la normativa financiera. De esta manera, no resulta justificado que se considere incompetente a la AEAT para la comprobación del requisito del que la normativa tributaria hace depender expresamente la aplicación de un régimen tributario especial (en especial tributación al 1% en el Impuesto sobre Sociedades).

-Tributación de las Socimis. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario tienen el régimen especial de gravamen del 0%. Por las rentas que perciben en otro tipo de actividades tienen que pagar un tipo de gravamen del 25%. Se acuerda aplicar un tipo de gravamen del 15% sobre los beneficios no distribuidos por este tipo de entidades.

-Impuesto creado para las transacciones financieras que consiste en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero. Solo para las empresas cotizadas cuya capitalización bursátil sea superior a 1.000 millones de euros. No se gravará la compra de acciones de pymes y empresas no cotizadas.

-Impuesto sobre determinados servicios digitales para gravar las operaciones de la economía digital que actualmente no tributan. Solo tributarán las empresas con ingresos anuales totales mundiales de al menos 750 millones euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones euros. El impuesto gravará al tipo del 3% los servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

-Se incrementan dos puntos los tipos impositivos sobre la base general para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. El tipo estatal sobre las rentas del capital se incrementará en 4 puntos porcentuales para dichas rentas superiores a 140.000 euros.

-Se recupera el gravamen a los grandes patrimonios en un 1% para las fortunas de más de 10 millones de euros para «reforzar la progresividad general del sistema».

-Se aplicará el tipo reducido en el IVA para los productos de higiene femenina, que pasará del 10% al 4%. También para los servicios veterinarios bajará al tipo reducido del 10%.