Sánchez encara las horas decisivas para cruzar el Rubicón de la ley de amnistía

Ese mismo día, lunes 30 de octubre, sexto aniversario de su huida a Waterloo para sortear a la justicia española por el referéndum ilegal del 1-O, Carles Puigdemont conseguía la publicidad legitimadora que había requerido de sus contactos con los socialistas al fotografiarse con el número tres del PSOE, Santos Cerdán. Esa imagen decantó la convicción de que Sánchez echaba ya todo el carbón en la caldera hacia la investidura.

Pero como ha enfatizado él mismo, el puzle de esta negociación es tan complejo que nada estará acordado hasta que todo esté acordado. Y con todos, cabría añadir. Sobre todo, con Junts, con el que ayer proseguían las conversaciones bajo la presión del calendario y tras el pacto PSOE-ERC del martes por la noche sobre la amnistía para anular los delitos de terrorismo atribuidos a los CDR y Tsunami Democràtic.

Con el resto de las carpetas negociadoras pendientes de solventar con Junts -el mediador internacional para tratar de amarrar el cumplimiento de los acuerdos del que Puigdemont no se ha descabalgado- y con ERC -la mejora de la financiación catalana y el traspaso de Cercanías-, el registro de la ley de amnistía como proposición de ley firmada por todos los partidos que arroparán la investidura se proyecta como el inminente paso del Rubicón que protagonizará Sánchez. Seguramente el más arriesgado de su turbulenta carrera política.

A la espera de sellar el documento definitivo que rubricarían el PSOE, Sumar, Junts, ERC, EH Bildu, el PNV y el BNG, el borrado de los hechos delictivos atribuidos a los dirigentes del 'procés' y a varios cientos de encausados más emerge como una norma no solo sin parangón en democracia -la de 1977 fue, junto a la Reforma Política, la ley que encauzó el tránsito de la dictadura a la democracia y las regularizaciones fiscales no amnistían a los defraudadores, que han de compensar a Hacienda-.

Asoma también el nuevo texto como una decisión de hondo calado jurídico y político fuertemente divisiva, pese a que Sánchez y los suyos, más allá de admitir «la necesidad virtud» a la que obligaría el resultado del 23-J, se afanan en presentarla como una pieza clave para sellar «el reencuentro» con Cataluña pese a que Puigdemont no ha renunciado, al menos hasta ahora, a repetir el 'procés'. La mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial se ha rebelado ya ante una ley propulsada por un Gobierno con sus facultades limitadas al estar en funciones y que anticipa batalla legal en el Supremo y ante el Constitucional.

La pretensión ideal de los socialistas pasaba este Día de Todos los Santos por rematar el pacto con Junts -en principio sobre la amnistía antes del eventual encaje del mediador y del reconocimiento del hecho nacional catalán- y registrar hoy mismo, con la firma de todos los grupos que la apoyan, la proposición de ley que empezará el camino en las Cortes, hasta su aprobación, para dejar sin efecto las condenas por la intentona separatista de 2017 escenificada el 1-O y las causas -con las de los prófugos en el eje- que siguen abiertas. Ese borrado, cuya justificación y alcance en el preámbulo y articulado de la norma es vital -«No es lo mismo perdonar que pedir perdón», ha resumido el expresidente González, opuesto radicalmente a que el Estado se disculpe por «cumplir la ley» ante el 'procés'-, incluirá también las consecuencias administrativas y económicas que afectan a Artur Mas y otros dirigentes soberanistas por la consulta del 9-N de 2014.

Y no hay que olvidar un capítulo singularmente delicado: los sabotajes de los CDR y la respuesta de Tsunami Democràtic, intentando paralizar infraestructuras como el aeropuerto del Prat para denunciar la sentencia del Supremo contra el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el resto de dirigentes secesionistas que purgaron prisión antes de ser indultados por Sánchez. Esas causas están siendo investigadas por presunto terrorismo en la Audiencia Nacional. Y el sumario de Tsunami concierne, a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, todavía huida en Ginebra pese a que el Gobierno derogó la sedición.

ERC había hecho bandera de la exculpación de los procesados de los CDR y Tsunami horas antes de su acuerdo con el PSOE. Pero lo cierto es que «la amnistía total» para los encausados de una forma u otra por el proceso separatista entre 2013 y la actualidad constituía una de las exigencias que desgranó Puigdemont en su conferencia del 5 de septiembre en Bruselas. Hasta la fecha solo la propuesta de ley amnistía de Sumar ha detallado a qué colectivos beneficiaria el perdón, incorporando a los CDR y Tsunami al interpretar que sus delitos pueden ser desórdenes, no terrorismo. Pero al margen de que despenalizar esas conductas dejaría sin castigo a aquellas en las que sí mediaron actos asimilables a la violencia, uno de los escollos que ha de superar esta amnistía es que no puede asemejarse a un indulto general, expresamente prohibido por la Constitución.

Jaume Asens, el negociador de Sumar que mantiene una vieja relación con Carles Puigdemont, cifró el miércoles en un 95% el consenso entre el PSOE y Junts sobre la amnistía. Pero al cierre de esta edición, ninguna de las partes daba por consumada la ley que desencadena la investidura. Su registro en el Congreso este jueves o el viernes permitiría que la Mesa la calificara el viernes -un triunfo para Puigdemont- y precipitaría la fecha de la investidura. «La suma es por el acuerdo, pero no sé si todos tenemos las mismas prisas que tiene Sánchez», aventuraba el diputado secesionista citado al comienzo. El presidente quiere llegar investido al congreso de los socialistas europeos los próximos 10 y 11 de noviembre en Málaga.