La mayoría del CGPJ fuerza un pleno contra el perdón por «abolir» el Estado de derecho

El duro y contundente texto que los vocales van a llevar a pleno, en un plazo de tres días desde la petición, denuncia que la amnistía supondría «la degradación, cuando no abolición del Estado de derecho». Está firmado por Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, José María Macías, Nuria Díaz Abad y Ángeles Carmona. Todos ellos nombrados a propuesta del PP.

En total, son ocho de los actuales 16 miembros del CGPJ, lo que implica que el presidente suplente tendrá que convocarlo forzosamente (debe hacerlo si lo piden cinco). Nueve votos, además, serían suficientes para que la declaración saliera adelante. Guilarte, que encabeza el órgano en una anómala interinidad de casi un lustro por el cisma de PSOE y PP para su renovación, ya ha expresado sus dudas sobre la medida de gracia.

El ala conservadora del CGPJ, que llevaba semanas gestando un pronunciamiento crítico, rompe así su silencio y lo justifica haciendo referencia a las palabras del presidente Sánchez ante el comité federal del PSOE. Los vocales, que constatan que un «prófugo de la justicia» sería uno de los principales beneficiados de una ley de amnistía 'ad hoc', cuestionan las justificaciones del líder socialista y atribuyen el paso que va a dar a su voluntad de retener el poder frente a cualquier otra alternativa política.

El Consejo solo podrá pronunciarse al respecto con la celebración de ese pleno. La decisión de Sánchez de tramitar la amnistía como una proposición de ley acelera los trámites y evita que el CGPJ emita un informe preceptivo y no vinculante -tampoco lo podrá hacer el Consejo de Estado-, como ya ocurrió con la supresión de la sedición y la malversación. Los vocales deducen de lo que ha trascendido de la amnistía que ésta convertirá el Estado de derecho «en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el interés de España».

«Cualquiera que sea la justificación formal que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada», sostienen los críticos, antes de dejar claro que la medida «no es compatible con el principio de Estado de derecho» proclamado por el artículo 1 de la Constitución, «y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3».

En una de sus advertencias más ácidas, los firmantes sostienen que la norma creará «una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos», en alusión velada a Puigdemont y el resto de beneficiados. Algo que, recuerdan, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso «el más elemental» principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

Asimismo, avisan de que se violenta la independencia de los tribunales y el principio de seguridad jurídica cuando fuerzas políticas «utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales». Y no se olvidan de los posibles efectos en Europa. A juicio de los ocho vocales, la amnistía iría en contra de «los compromisos asumidos por España en los artículos 2 y 19 del Tratado de la UE para que en todo momento prevalezcan los principios de Estado de derecho e independencia judicial.