Los partidos contienen el aliento ante la reunión de la Mesa del Congreso del viernes

La intención del PSOE es que la polémica amnistía para los sucesos de 2017, sobre la que siguen sin ofrecer detalles, se registre antes del fin de semana para que su toma en consideración se produzca ya con Sánchez investido y que tenga luz verde en el plazo de un mes si se tramita por el procedimiento de urgencia. La idea de que la proposición de ley lleve la firma de todos los grupos que conformarían el bloque de investidura trata de diluir el coste de la medida, además de evitar los informes preceptivos pero no vinculantes del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado a los que obligaría un proyecto de ley aprobado en Consejo de Ministros.

Para el viernes a primera hora está convocada la Mesa de la Cámara. Si la proposición de ley está registrada para entonces, el PSOE o Sumar, con mayoría en el órgano, podrían forzar su calificación al incluirlo 'in voce' en el orden del día. Un procedimiento nada habitual –tampoco está prohibido– pero que levantaría en armas al PP, que reclamaría informe de los letrados del Congreso, que ya se pronunciaron en 2021 contra una propuesta similar de ERC y el grupo Plural. Entonces consideraron que se trataba de un «indulto de carácter general» camuflado. Y que, por tanto, era contraria al artículo 62 i) de la Constitución que dicta «corresponde al Rey ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales» por lo que la iniciativa fue vetada con los votos del PSOE, PP y Vox.

Pero el informe no correrá en esta ocasión a cargo de Carlos Gutiérrez Vicén, letrado mayor y secretario general de la Cámara. Su relevo está en marcha y será sustituido este viernes por Fernando Galindo, actual subsecretario del Ministerio de Política Territorial. Un nombramiento que en el PP interpretan como una «invasión» de las instituciones como en su día fue el del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, como magistrado del Tribunal Constitucional.

En medio, el PSOE dará a conocer este fin de semana los resultados de la votación, a la que están llamados 172.000 afiliados en la que no se les pregunta por la amnistía de forma explícita, pese a que Sánchez defendió la medida sin medias tintas durante el último comité federal. Los militantes se tendrán que pronunciar acerca de hasta qué punto respaldan la negociación con los partidos independentistas y sobre el aval al acuerdo de Gobierno con Sumar, que se da por descontado.

Si para el lunes no se ha fijado aún la fecha del pleno de investidura, la presidenta de la Cámara podría programar una nueva reunión de la Mesa con el objetivo de que convocarlo con la máxima urgencia. En concreto, los días 8 y 9 o 9 y 10 de noviembre. Armengol quiere esperar a que Felipe VI regrese de su próximo viaje oficial a Dinamarca –estará fuera el 7 y el 8–, para poder comunicarle de forma inmediata al Rey, como suele ser tradicional, el resultado del debate. Aunque ni el artículo 99 de la Constitución, en el que está regulado la investidura, ni el 172 del Reglamento del Congreso fijan plazos determinados.

El Senado, con la mayoría absoluta del PP, ha fijado para el martes una sesión de control al Ejecutivo que servirá para inaugurar la fiscalización al Gobierno y tratar de erosionar a Sánchez a horas de su eventual investidura.

Si el PSOE consigue que en apenas una semana encajen todas las piezas del puzle, su líder Pedro Sánchez podría acudir el próximo 11 de noviembre a la clausura en Málaga del congreso del Partido Socialista Europeo como presidente del Gobierno sin la etiqueta ya de 'en funciones'.