PSOE y ERC buscan otro verificador para su negociación sobre el referéndum

No existe apenas diferencia entre lo que los republicanos pretenden llevar a su mesa y lo que ya ha planteado el expresidente de la Generalitat, aún prófugo de la justicia. Tras haber arrancado a los socialistas la tramitación de una polémica amnistía para los encausados del 'procés', las dos principales fuerzas del secesionismo catalán aspiran a pactar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña y un concierto fiscal que permita a esta comunidad autónoma recaudar el 100% de los impuestos. Pero su rivalidad es tal que no han sido capaces de ponerse de acuerdo para defenderlo de manera conjunta. Fundamentalmente, por Junts, que rompió el Gobierno de coalición en Cataluña hace poco más de un año y no ha querido volvera unir fuerzas pese a los llamamientos de Pere Aragonès.

Sánchez mostró su voluntad de que en algún momento las mesas se unifiquen, pero argumentó que es «prematuro» hacerlo ahora. Ayer mismo, el portavoz de Junts, Josep Rius, presumió de que ha sido su partido el que ha logrado que se produzca «un cambio de paradigma» en las negociaciones con el principal partido del Ejecutivo central sobre el futuro de Cataluña y, haciendo de menos a Esquerra (que ya fue socio del PSOE la pasada legislatura), alegó que «se ha avanzado más en un mes que en años».

La competencia entre los dos grandes referentes del independentismo catalán hace más complicada aún para los socialistas la gestión de un escenario que ya le está suponiendo, a tenor de los sondeos, un evidente desgaste. La próxima reunión con Junts será en enero. El día 21 de este mes Sánchez se reunirá con Aragonès en Barcelona, en el Palau de la Generalitat y, lo previsible, según fuentes republicanas, es que aproveche esa misma visita para el encuentro entre partidos. Las negociaciones sobre asuntos tan inflamatorios como la consulta sobre la autodeterminación transcurrirán así en paralelo a la negociación de los Presupuestos Generales que en Moncloa pretenden tenerlos aprobados en el primer trimestre del año.

Tanto Puigdemont como Oriol Junqueras ya advirtieron al firmar los pactos de investidura que su apoyo durante la legislatura estaría condicionado a avances en sus exigencias sobre esa materia y el reconocimiento nacional de Cataluña. Y Rius insistió ayer: «No daremos ningún voto a cambio de nada, la duración de la legislatura depende del cumplimiento de los acuerdos».

El jefe del Ejecutivo dio por bueno, en una entrevista en la SER, que hay un elevado porcentaje de ciudadanos que no entiende lo que está haciendo pero defendió tanto las cesiones ya realizadas como el método de trabajo elegido. Y trató de revestir de normalidad que su formación este negociando asuntos de enorme relevancia para España en el extranjero, con un político sobre el que aún pesa una orden de arresto en el territorio nacional y con gran secretismo.

El verificador siempre fue una exigencia de los partidos independentistas. Con ella aspiraban a internacionalizar su causa y a que esta fuera vista como un conflicto entre dos entidades nacionales –España y Cataluña– en pie de igualdad. En 2019 la negativa del Gobierno a aceptarlo fue uno de los detonantes de una ruptura que obligó al adelanto electoral menos de un año después de que el líder del PSOE obtuviera por primera vez el apoyo de sus actuales socios en la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Sánchez adujo ayer que toda negociación política requiere de un ámbito de discreción y que    «lo importante» es el objetivo que se pretende alcanzar, que en este caso es la «convivencia» en Cataluña. Desdeñó además las críticas de la oposición apelando al intento fallido de negociación con ETA en Suiza por parte del primer Gobierno de José María Aznar, que ayer mismo descalificó en Antena 3 su estrategia de manera muy dura. «No se puede arrastrar más a un país por el fango», censuró.

Como en ocasiones anteriores, el presidente del Gobierno también admitió que la amnistía, que hasta el 23 de julio rechazaba por inconstitucional, no formaba parte de sus planes y que la aceptó para impedir un Gobierno del PP y Vox, pero insistió en que es «coherente» con su apuesta por el diálogo.

En los dos últimos días, tanto el diario El Mundo como El País han publicado sendas encuestas que apuntan a un rechazo muy mayoritario de la ley de impunidad que ya ha comenzado su tramitación en el Congreso. El jefe del Ejecutivo prefirió quedarse no obstante con el dato de que siete de cada diez catalanes están a favor de la medida y pidió al resto de españoles que lo tenga en cuenta. «Yo a la ciudadanía de fuera de Cataluña que tiene dudas lo que le digo es que miremos los efectos balsámicos que tuvieron en su día los indultos», señaló Pedro Sánchez.