El Gobierno declara secretas las citas con el verificador y Feijóo le exige que informe

Un día después de dejar de dar largas a Junts y confirmar que este sábado tendrá lugar ya la primera de las controvertidas reuniones mensuales con Carles Puigdemont bajo la tutela de un verificador internacional, Moncloa y el Govern catalán anunciaron el jueves también la fecha del próximo encuentro entre Sánchez y el presidente catalán, Pere Aragonès. Será dentro de tres semanas, jueves 21, tras la primera sesión de control al Ejecutivo de la legislatura.

La enorme rivalidad entre las dos principales fuerzas del soberanismo catalán complica el escenario a Sánchez y su partido, que se afanan sin demasiado éxito en sacar del foco unos encuentros en los que Junts quiere negociar un referéndum sobre la independencia y la cesión de todos los impuestos a Cataluña y con los que ERC aspira a impulsar, además, el traspaso de Rodalies ya comprometido por el PSOE.

Fuentes del Govern confían en que de la reunión con Aragonès salga un calendario sobre la reactivación de la mesa de diálogo y que la cita sirva además para escenificar que la negociación de verdad, la que abordará el reconocimiento nacional de Cataluña o el cupo catalán, será la que se produzca entre los dos gobiernos y no la del PSOE y Junts. «Hemos trabajado ya juntos desde hace mucho tiempo; por tanto, lo que tenemos que hacer es dar velocidad de crucero a la negociación en tres carpetas que para nosotros son fundamentales», apuntó la consejera catalana de Presidencia, Laura Vilagrà.

El principal partido de la oposición ya ha avisado de que no se prestará al juego de hacer pasar por «normales» unos encuentros -especialmente los previstos entre el PSOE y el partido del aún prófugo Puigdemont- que son, dijo Alberto Núñez Feijóo, una «vergüenza» y una «humillación». «En nombre de la mayoría de los españoles, exigimos conocer la verdad de dónde se está gobernando España. ¿Por qué España tiene que negociar su futuro en el extranjero? ¿Quiénes son los mediadores? ¿Qué están negociando? ¿Cuántas veces y qué cosas se van a negociar y quién va a pagar lo que se está negociando fuera del Congreso y del Senado e incluso de fuera del Gobierno de nuestro país?», reclamó el líder del PP ante el renovado comité ejecutivo nacional de su partido.

En un intento de sacudirse la presión de unos y otros y evitar que cuestiones tan sensibles monopolicen el debate político, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anticipó el jueves en Bruselas que el PSOE actuará con el máximo secretismo y administrará la información del modo que crea más conveniente, como ya hizo durante la negociación de la investidura. «Cuando deseemos dar información concreta sobre los detalles se facilitará y, en todo caso, cuando haya algún acuerdo se hará público hasta la última coma, como ya ha ocurrido. Es nuestra forma de trabajar y se ha demostrado eficaz», arguyó.

Sánchez había dicho antes en TVE que sí se dará a conocer el nombre de la persona que ejercerá como una suerte de notario de los acuerdos que puedan alcanzar su partido y Junts (también la mesa con ERC tendrá un verificador), pero no concretó cuándo lo hará público. Ni siquiera quiso ratificar que la cita vaya a producirse, como se espera, en Ginebra. «No estamos en condiciones de decir dónde va a ser», alegó. Según se especula desde hace días, el verificador podría pertenecer a la fundación suiza Henri Dunant, que ya medió en el proceso del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para el final de la banda terrorista ETA.

Los socialistas se resisten también a dar datos sobre quién formará su delegación, más allá de que estará encabezada por su secretario de Organización, Santos Cerdán. Por parte de Junts se espera que participen Puigdemont, el secretario general de Junts, Jordi Turull y la portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras.

El presidente socialista desdeñó, en todo caso, las críticas por el hecho de que el partido del Gobierno haya accedido a negociar cuestiones claves para el conjunto de los españoles en otro país y sometido al control de una organización internacional. Argumentó que las decisiones que afecten a España se tomarán en las Cortes Generales y que la figura del verificador puede ser positiva. «Si dos no se entienden que nos acompañe un tercero es una buena noticia porque nos puede ayudar», fue su tesis.