Sánchez afronta un mes final de vértigo con el puzle de la investidura aún por cuadrar

Los socios que ya sostuvieron a Sánchez la pasada legislatura –Podemos, ERC, el PNV y Bildu– darán plantón a Leonor de Borbón Ortiz y también el potencial aliado –Junts– que tiene la llave de esta investidura; y junto a ellos harán lo propio el presidente catalán, Pere Aragonès, y el lehendakari Íñigo Urkullu. La ausencia en la ceremonia de Estado de la más alta representación de Cataluña y el País Vasco y de las fuerzas llamadas a avalar al líder socialista escora aún más una operación que reorientará, si fructifica, las alianzas del país hacia los nacionalismo periféricos de ambición separatista. De ahí que la estampa en las Cortes de este martes vaya a preludiar con notoria carga política un último mes –noviembre– que se prevé de infarto en la determinación de Sánchez, certificada con su defensa de la amnistía el sábado ante el comité federal del PSOE, de retener el poder con un pacto ampliado y más comprometido con los secesionistas.

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En el cónclave en el que el secretario general se refirió por primera vez sin ambages al borrado de los delitos vinculados al proceso de independencia, justificándolo en el imperativo tras el 23-J de hacer de «la necesidad virtud», «en nombre de España» y por el bien común, no ofreció a puerta cerrada pistas de qué contenido tendrá finalmente la ley de amnistía ni «evidencia alguna», según fuentes presentes en la cita, de que tenga garantizado ya el pacto con Junts. Pero sus palabras –que el líder del PSC, Salvador Illa, apuntaló ayer definiendo el perdón para los encausados del 'procés' como «la mayor muestra de afecto» de España hacia Cataluña– han dado aire a la hipótesis de que la investidura cristalizará y, además, en breve.

Los más optimistas en el PSOE habían apuntado, en un calendario que va cubriendo fechas –mañana se cumplirán cuatro semanas desde que el Rey propusiera la candidatura de Sánchez–, a un pleno en el Congreso rápido que permitiera presentarse a su líder ya investido ante el congreso de los socialistas europeos el 10 y 11 de noviembre en Málaga. Pero a la espera de cómo los negociadores solventan el nudo gordiano de la amnistía –una suerte de alquimia que encaje la constitucionalidad de la norma, el respeto a la actuación del Estado de derecho y la negativa de Carles Puigdemont a renunciar a volverlo a hacer–, esa aspiración de acelerar la investidura exigiría cerrar esta semana el acuerdo no solo con Junts sino con el resto de los socios concernidos y fijar casi ya la sesión plenaria en el Congreso.

Una premura que no ven, a día de hoy, ni ERC ni el PNV. Los republicanos inciden en su disposición al pacto, pero también en que éste debe incluir la carpeta de la financiación –el puntal para que el Govern en solitario de Aragonès pueda ofrecer resultados tangibles en lo que le resta de legislatura catalana– y un traspaso con contenido material de Cercanías. Y ahí no hay progreso suficiente, sostiene un cargo republicano, que aventura que tanto Sánchez como Puigdemont podrían «romper la baraja en la fase final» de la negociación. «No, segurísimo que no. Al menos en lo que a nosotros atañe», responden en el PNV a la pregunta de si los acuerdos están tan avanzados como para desencadenarse esta misma semana.

Fallece el exvicepresidente del TC Rodríguez Arribas, opuesto al borrado del 'procés' secesionista

El exvicepresidente del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas falleció ayer en Madrid a los 89 años. El que fuera miembro de la corte de garantías entre 2004 y 2013 y fundador de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), el colectivo judicial con mayor afiliados de la carrera, fue despedido por sus compañeros como un «extraordinario jurista» de quien destacaron su «compromiso inquebrantable con la Constitución».

Rodríguez Arribas fue integrante del TC durante la tramitación y deliberación de la sentencia del Estatuto de Cataluña, que laminó 14 articulos del texto aprobado por el Parlamento catalán y ratificado luego por una mayoría del Congreso. Precisamente, sobre el 'procés' y la negociación de la ley de amnistía se posicionó con claridad en recientes entrevistas, al considerar esta futura norma «una barbaridad y una aberración jurídica».

Rodríguez Arribas comenzó su andadura profesional en dos juzgados de primera instancia e instrucción en las provincias de Segovia y Toledo, luego fue titular de un juzgado de instrucción de Las Palmas, posteriormente se convirtió en juez decano de Ciudad Real, magistrado en otro órgano de Madrid y más tarde pasó a un tribunal de lo contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. De ahí dio el salto a la misma sala del Supremo hasta que en 2004 fue nombrado magistrado del Constitucional a propuesta del Grupo Parlamentario Popular.

En todos estos años de carrera profesional, cerca de 52, intervino en más de 20.000 sentencias, unas 3.000 como ponente. Una vez abandonó la corte de garantías tras concluir su mandato en 2013, donde llegó a ocupar el cargo de vicepresidente, fundó un despacho de abogados que lleva su nombre, donde siguió ejerciendo el oficio de jurista.