El Rey sale al paso de la crisis política e insta a «honrar el legado» de una «España unida»

Como siempre que se vive un momento político y social convulso, y el actual sin duda lo es, este miércoles eran muchas las miradas puestas en la intervención del Jefe del Estado, al que la Carta Magna atribuye, aunque sea de manera un tanto difusa, la función de árbitro y moderador del «normal» funcionamiento de las instituciones. Cuestionado desde los extremos –por una parte de la derecha ultra que reclama su intervención contra la decisión del presidente del Gobierno de dejar impunes los actos ilegales cometidos por el independentismo catalán en su intento de lograr la secesión y por las fuerzas soberanistas que lo tildan de «heredero del franquismo»–, Felipe VI hizo claros equilibrios.

El monarca defendió, por un lado, que es preciso «honrar ese legado» de «grandeza, responsabilidad y sentido de la Historia» que dejaron los hombres y mujeres de la Transición. «Reivindicar el profundo significado de aquel gran pacto entre los españoles que está en el origen de nuestra democracia no es, en absoluto, mirar atrás con nostalgia; sí es, en cambio –argumentó-, una orgullosa y consciente reafirmación de nuestras mejores capacidades como país».

También subrayó –a apenas tres días de que el PSOE se siente a discutir en una mesa con Junts, bajo la mirada de un verificador internacional, la reclamación de un referéndum consultivo sobre la independencia de Cataluña– que «desde hace siglos, España ha sido una realidad compartida» por gentes de distinta procedencia social y geográfica de ideologías dispares; y que fue en 1978 cuando alcanzó «su mejor expresión en el entendimiento mutuo» con un acuerdo que reconoce su «diversidad y pluralismo».

Y, en una apelación al futuro de los jóvenes –la princesa Leonor escuchaba a su lado–, argumentó que es obligación de las instituciones ofrecerles confianza en una época de «grandes cambios y transformaciones» y legarles un marco democrático que les permita convivir y prosperar en libertad. «Necesitan –dijo– recibir una España cohesionada y unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones».

El jefe del Estado –a quien se vio en muchos momentos con un rictus extremadamente serio, como en los actos de jura o promesa de sus cargos por parte de los miembros del Gobierno en las últimas dos semanas– también hizo, sin embargo, algo tan aparentemente protocolario, pero en esta coyuntura significativo, como felicitar a Pedro Sánchez por su reelección y desear a todo el Ejecutivo «aciertos» en el desempeño de sus responsabilidades.

El hemiciclo estaba este miércoles abarrotado por diputados y senadores. Pero, al igual que ocurrió el pasado 31 de octubre en la jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias –que, como la Reina, también participó en la ceremonia de apertura de las Cortes–, buena parte de los socios parlamentarios de Sánchez optaron por ausentarse en señal de rechazo a la Monarquía como forma de Estado y símbolo de su unidad y permanencia. Esta vez sí estuvieron presentes, no obstante, el PNV, que solo se saltó el desfile militar previo, y todo el grupo parlamentario de Sumar, Podemos incluido.

El Rey tampoco desperdició la ocasión de dar respuesta a aquellas y estas ausencias. Incluso se refirió de soslayo al plantón que le dieron los independentistas en la ronda de consultas para la investidura con un agradecimiento a los partidos que sí participaron en ella. Pero, sobre todo, hizo hincapié, en contra de la interpretación que del acto hicieron sus detractores, en que el juramento de la heredera al trono es «la celebración de un acto parlamentario mediante el que se hace pública la adhesión solemne de la Princesa a los valores y principios constitucionales».

El PP y Vox, que en una expresión de malestar inusual en este tipo de eventos habían rehusado aplaudir el discurso de Armengol –plagado de elogios a leyes, en algunos casos, tan divisivas como las del aborto o la eutanasia–, rompieron a ovacionar de inmediato las palabras del Rey. Y siguieron haciéndolo con intensidad hasta bastante después de que el sonido de las palmas empezara a aflojar en las bancadas del Gobierno y el PSOE.

En la intervención de la presidenta del Congreso las dos principales fuerzas de la oposición detectaron un descarado sesgo partidista. Sus alusiones a la «legitimidad» de la mayoría parlamentaria que apoyó la investidura y sus decisiones –lo que incluye la controvertida amnistía a los encausados del 'procés' cuestionada también por históricos socialistas y un importante sector de la judicatura– sonaron a recado para Alberto Núñez Feijóo, que lleva semanas acusando a Sánchez de haber incurrido en un «fraude electoral» por conceder al independentismo algo que hasta el 23 de julio aseguraba que jamás aceptaría por inconstitucional. Y no fue el único. «Distorsionar la realidad o cuestionar importantes valores democráticos, desde la opacidad de la disputa –adujo también Armengol– solo va a aumentar la desafección de la sociedad hacia las instituciones».