Puigdemont impone sus tiempos y amenaza la investidura de Sánchez la próxima semana

Los socialistas quitan hierro a este revés y recuerdan que, en realidad, disponen aún de tiempo suficiente para que su líder sea reelegido por el Congreso antes de que el próximo 27 se produzca una convocatoria automática de elecciones generales que, eventualmente, tendrían lugar el 14 de enero. Junts y el expresidente de la Generalitat, prófugo de la justicia desde hace seis años, siguen mandando señales de que quieren aprovechar la oportunidad que la debilidad de Sánchez les sirve en bandeja para borrar los delitos del 'procés' y dar un nuevo impulso a sus aspiraciones secesionistas. Pero también dejan claro que serán ellos los que marquen los ritmos.

La pugna con Esquerra ha resultado ser un condicionante claro. Los postconvergentes se han pasado los últimos cuatro años acusando a los republicanos de venderse por migajas a los socialistas. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, acabó sellando este jueves en Barcelona con Oriol Junqueras un pacto de investidura que los socialistas habrían querido presentar con posterioridad o cuanto menos de forma más o menos simultánea al de Junts. Y ese paso, interpretado como un intento de presión, fue respondido por Puigdemont con el aviso en las redes sociales de que no se dejaría afectar por «las prisas de algunos».

En la misma línea, el secretario general de Junts, Jordi Turull – que como la portavoz de la formación en el Congreso, Míriam Nogueras, permanece en la capital comunitaria desde hace varios días–, envió este viernes por la mañana un mensaje a la ejecutiva de su partido en la que, según adelantó La Vanguardia, arremetió por insuficiente contra el acuerdo firmado por los republicanos, pidió «calma» y vaticinó «horas y días de mucha presión»

Ninguna de las dos partes aclara cuáles son ahora exactamente los puntos de fricción, más allá de que se refieren al alcance de una amnistía que, de acuerdo con ERC, incluirá tanto las causas relacionadas con el intento de proclamar la independencia en 2017 como las vinculadas con la consulta impulsada por Artur Mas en 2014; y que afectará también a las causas por terrorismo abiertas contra los CDR y la plataforma Tsunami Democràtic, protagonistas de disturbios en defensa del referéndum y contra la sentencia del Supremo de 2019.

En su mensaje, sin embargo, Turull dejó claro que batallan por que la medida abarque a más encausados. «No dejaremos a ningún soldado tirado. No haremos una amnistía para vips –alegó–. Aquí hay mucha gente que se la ha jugado, que no se ha rendido».

Fuentes del PSOE aseguran que Junts no ha puesto sobre la mesa los nombres de Laura Borràs, presidenta de la formación condenada a cuatro años y medio de cárcel y 13 de inhabilitación por prevaricación administrativa y falsedad documental por fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes; del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye; o del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, que se enfrenta a una petición de cárcel de nueve años, por parte de la Fiscalía, por fraude fiscal. Adonde apuntan desde el entorno de Puigdemont es a los incluidos en el 'caso Voloh' y, en concreto, al jefe de la oficina del expresident', Josep Lluís Alay.

Sumar ya incluyó, en la propuesta de amnistía que presentó hace tres semanas pero de la que se desvinculó el PSOE, a los procesados a raíz de aquella operación de la Guardia Civil que investigó el desvío de fondos públicos para plataformas independentistas, entre ellas algunas como Tsunami, que promovieron los graves disturbios del otoño de 2019. Parte del problema para el PSOE, según fuentes cercanas a Junts, es que a la mano derecha de Puigdemont se le investiga por revelación de secretos oficiales y por malversación y eso podria hacer su amnistía difícil de justificar ante la UE. El 'caso Voloh' además tiene múltiples ramificaciones aún no del todo conocidas y se corre el riesgo de dejar impunes delitos cometidos por personas ajenas al 'procés'.

El PSOE ni confirma ni desmiente que este sea el escollo principal escollo, pero sí admite que la discusión es «muy técnica», «muy compleja» y requiere la revisión de expertos juristas. De ahí que, pese a asegurar que su intención es seguir con el intercambio de papeles, reconozcan que el acuerdo puede costar.

Lo previsible, inicialmente, era que este viernes se registrara en el Congreso la ley y que la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, anunciara la fecha de la investidura. Como pronto, ahora, ambas cosas podrían producirse el lunes. El martes la Mesa podría calificar la ley firmada por todos los grupos que apoyarán la reelección de Sánchez y el miércoles, como querían en la Moncloa, aún podría celebrarse el pleno de dos días que confirme su designación. En prevención, la Mesa ya ha habilitado los festivos y fines de semana de noviembre (el día 9 se celebra en Madrid la Almudena). Pero nadie da nada por sentado.