PSOE y PP se resisten a perder el control de las instituciones y órganos públicos

El sistema de elección de cada uno de estos órganos constitucionales requiere de una mayoría cualificada de tres quintas partes de los diputados del Congreso, lo que hace inevitable el acuerdo entre los dos grandes partidos. Si uno no quiere, que suele ser el que está en la oposición, el otro no puede.

El último gran acuerdo se produjo en octubre de 2021 con Pablo Casado al frente del PP. Afectó al Constitucional, al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. El entonces líder de los conservadores descartó en cambio extender el pacto al Poder Judicial. Cada uno de las formaciones propuso sus propios candidatos para cada organismo. Los dos argumentaron lo mismo: «Todos son nombres de consenso, profesionales de reconocido prestigio y con una dilatada trayectoria profesional».

El resultado fue una mayoría progresista en el tribunal de garantías que ahora cuenta como presidente con Cándido Conde Pumpido –fiscal general del Estado durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero– y dos magistrados de contrastado perfil conservador como son Concepción Espejel y Enrique Arnaldo. El elegido como Defensor del Pueblo fue Ángel Gabilondo, excandidato socialista a la Comunidad de Madrid. El Tribunal de Cuentas, que contaba con una amplia mayoría conservadora, pasó a manos de los progresistas, que desde entonces se han mostrado menos beligerantes con las acusaciones contra el independentismo catalán y el desvío de fondos para la celebración del referéndum del 1 de octubre.

Al margen de los dos grandes partidos, otras formaciones de distintas tendencias ideológicas reclaman un cambio de sistema de elección. Lo mantienen Vox, Sumar y Podemos. El problema para ellos es que las reglas solo se pueden cambiar desde dentro del propio sistema, es decir, con el consenso de PSOE y PP o con una mayoría absoluta que modifique la ley. Ello tampoco impide que la formación de Ione Belarra cuente con un miembro dentro del consejo de administración de RTVE o el PNV con un vocal en el CGPJ.

Mariano Rajoy pudo reformar las reglas de elección del Poder Judicial durante su primera legislatura. Los populares tuvieron en sus manos imponer que, como defienden ahora, «los jueces elijan a los jueces». No lo hicieron. Su mayoría en el Congreso tras la colaboración del PSOE que entonces dirigía Alfredo Pérez Rubalcaba permitió a Rajoy y su entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón diseñar un CGPJ de tendencia conservadora y que aún sigue en activo, pese a estar caducado su mandato desde diciembre de 2018. El PSOE sopesó la pasada legislatura una reforma legal para que sus vocales fueran elegidos solo por mayoría absoluta, tal y como pedían sus socios de Unidas Podemos, pero Pedro Sánchez se echó atrás ante las advertencias desde la Comisión Europea de sanciones por violar la separación de poderes.

RTVE es, tras el CGPJ, el otro gran ejemplo de los fracasos en cuanto a consensos durante las últimas legislaturas. La ley fija que se realice un concurso público para elegir al presidente de la cadena pública, una elección que debe ser refrendada por las tres quintas partes del Congreso y del Senado. La alcanzó en marzo de 2021 José Manuel Pérez Tornero tras un acuerdo entre PSOE, PP, Unidas Podemos y PNV. Pero su dimisión en octubre de 2022 desató una nueva crisis. El Consejo de Administración eligió con el voto de sus miembros progresistas a Elena Sánchez, quien fue relevada del cargo el pasado 26 de marzo por ese mismo consejo. Ahora, y a falta de un nuevo concurso público que debe ser refrendado por populares y socialistas, la máxima dirigente del ente es Concepción Cascajosa, consejera a propuesta del PSOEen su día y militante del partido.

El actual clima de hostilidad entre los dos grandes partidos no invita al optimismo para negociar las instituciones. De hecho, el futuro panorama queda muy lejos del vecino Portugal, donde los conservadores del Partido Social Demócrata y los socialistas pactaron hace una semana una presidencia rotatoria del Parlamento ante el bloqueo de la Chega, partido de ultraderecha. Un escenario impensable en la política española actual y que se antoja poco probable para el futuro.