Nueve de cada diez ayuntamientos no cumplen con el Tribunal de Cuentas

En dicho estudio, correspondiente al ejercicio de 2022, solo el 12% de los municipios rindió cuentas ante dicho organismo fiscalizador en el plazo legal y, si se añade medio año más, ese nivel únicamente sube al 19%. Pero es que el 29% ni siquiera cumplió con una sola de sus responsabilidades ante el tribunal.

Y del problema, más extendido según disminuye la población del consistorio analizado, se escapan pocos pues incluso los seis mayores del país –más de medio millón de habitantes cada uno– tampoco consumó todos sus deberes. Del resto, el 5% de los ayuntamientos de entre 50.000 y 10.000 habitantes, junto al 6% de aquellos que tienen entre 20.000 y 50.000, faltó a todas sus obligaciones de información contable pese a ser entidades «que gestionan un importante volumen de recursos públicos» cada año.

Aunque el tamaño importa pues, a priori, va ligado a los recursos y medios de los que disponen las administraciones locales, llama la atención el caso de las entidades de ámbito inferior al municipio (EATIM). Son una forma de organización desconcentrada de estos para administrar de forma conjunta núcleos de población separados (aldeas, parroquias, barrios, concejos, pedanías, caseríos...) y los 3.000 existentes hoy día se concentran en torno a los sistemas montañosos del norte de la península.

Su grado de rendición suele oscilar entre el 25% y el 35%, pero en 2013 se disparó al 89% «ante la amenaza de pérdida de su personalidad jurídica» si no presentaban sus cuentas –esto es, serían disueltos–, recuerda el tribunal. «Las carencias de medios pueden superarse si existe interés en cumplir con sus obligaciones», avisa al tiempo que emplaza a las autoridades a poner de nuevo esa presión sobre la mesa.

En otro ejemplo similar, destaca también que en las cuentas generales de las entidades locales los territorios que presentan los mejores niveles de cumplimiento –Aragón (74%), Comunidad Valenciana (73%), Galicia (69%) y Cataluña (62%)– son precisamente los mismos, junto a Madrid, cuya normativa prevé la prohibición de acceder a subvenciones o ayudas públicas si no se está al corriente en los plazos con el TCu. Por eso, ha vuelto a emplazar al Gobierno a que promueva las reformas legales necesarias para que ese requisito se exija también a nivel nacional.

Reclama, asimismo, al Ejecutivo que retenga su participación en los tributos estatales a aquellos municipios incumplidores y que eleve los límites de las multas coercitivas para «compeler de manera efectiva» a que rindan cuentas. Pero ni estás, ni otras recomendaciones -también dirigidas a las comunidades autónomas- como homogeneizar los plazos para presentar las cuentas o penalizar en sus carreras a los interventores municipales reincidentes, han sido tomadas en consideración.

La consecuencia, lamentan desde el órgano fiscalizador, es que el nivel general de cumplimiento por las entidades locales apenas ha mejorado el último lustro –un 10% de los ayuntamientos no ha rendido cuentas en los tres últimos ejercicios– o incluso ha empeorado en algunas áreas. Es el caso de los contratos públicos, pues el 49% de las entidades locales seguía sin presentar su relación una vez superado el plazo legal y, entre ellos, algunos de peso como Burgos Valladolid, Salamanca, Cádiz, Huelva, Jaén, Alcorcón y Móstoles.

Pero es que tres de cada cuatro (73%) de esos incumplidores –el 29% de ayuntamientos en conjunto– tampoco remitieron información de sus contratos de 2020 y 2021. Con los convenios la problemática es similar: el 64% de las administraciones locales (10.467) no los facilitaron al Tribunal de Cuentas en 2022 y de ellas el 48% habían repetido conducta los dos años anteriores.

De esta manera, en 2021 se ocultaron 1.791 contratos al órgano fiscalizador por valor de 2.389 millones de euros; en el caso de los convenios fueron 2.378 millones, correspondientes a 460 expedientes. En 2022, pendiente de un informe posterior más exhaustivo, se estima en 4,500 millones la cifra que escaparía al control del tribunal.