Sánchez se ata a Puigdemont y liga la legislatura a la negociación del referéndum

El documento de cuatro páginas rubricado en la capital comunitaria por el número tres del PSOE, Santos Cerdán, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, no compromete estrictamente a Sánchez con ninguno de esos dos fines. A lo que sí le obliga es a discutirlos, desde este mismo mes de noviembre, con la formación secesionista, bajo la supervisión -otra concesión a la que en el pasado se opusieron los socialistas- de un verificador internacional. Puigdemont advirtió aun así de que los Presupuestos y otras leyes importantes dependerán de lo que se logre en ese ámbito. «El 'a cambio de nada' -remarcó en alusión despectiva a ERC, socio del PSOE la pasada legislatura- está en la papelera de la historia».

La encrucijada en la que voluntariamente han decidido ponerse los socialistas, después de toda una legislatura negando la constitucionalidad de la amnistía y defendiendo que Puigdemont fuera puesto a disposición judicial, es muy compleja, más allá de la ya contundente respuesta de la oposición (PP, Vox y UPN suman 170 escaños en un Congreso de 350); de la reacción social canalizada en protestas y disturbios como los vividos en los últimos días frente a sus sedes, y de la previsible actuación de una parte del poder judicial, ya atisbada en la declaración de los vocales conservadores del CGPJ este lunes o en el acelerón dado por el juez Manuel García Castellón a la causa de Tsunami Democràtic al acusar de terrorismo al expresident.

Cerdán alegó ayer, sin embargo, en una rueda de prensa en el Hotel Sofitel de Bruselas, en el que llevaba alojado toda la semana a la espera del pacto, que lo que hace su partido es abrazar una «oportunidad histórica» para resolver el «conflicto» catalán «con generosidad y altura de miras». Eso, pese a las discrepancias que, aseguró, aún persisten en asuntos como el del referéndum.

Los socialistas han logrado que Junts asuma que la salida a la situación debe ser «negociada y acordada», lo que implicaría aparcar, al menos momentáneamente, la vía unilateral. A cambio, ellos hacen suyo, de forma acrítica, el relato independentista del 'procés', reflejado en el acuerdo como una consecuenca lógica y natural de la sentencia del Constitucional de 2010 sobre el Estatut y de la actitud de los Gobiernos de la derecha que, se esgrime, «no favorecieron una negociación política».

No es una cuestión menor. Puigdemont se vanaglorió de que se ha producido un «cambio de enfoque en la narrativa oficial» que llevará a que los acuerdos que se alcancen sean «irreversibles». Esa narrativa será además la que dé sustento a la ley de aministía que, pese a formar parte del acuerdo con Junts, sigue sin conocerse.

La norma -que debe ser registrada en el Cámara baja y calificada por la Mesa antes del pleno de investidura como garantía de cobro para los independentistas- tiene que pasar aún el filtro del resto de los socios. El PSOE quiere hacerlos corresponsables de una medida sobre la que este miércoles ya pidió explicaciones el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, y pretende firmarla con todos ellos: Sumar, Junts, ERC, Bildu, BNG y PNV, aún pendiente de cerrar su acuerdo para con Sánchez. Los republicanos, además, quieren comprobar que Junts no ha colado como amnistiables causas que a su juicio no deberían ser incluidas como la de la expresidenta del Parlament, Laura Borràs, condenada por trocear contratos cuando estaba al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

El alcance de la amnistía sigue siendo, en todo caso, una incógnita. Cerdán solo apuntó que el margen temporal que abarcará será amplio, desde 2012 a la actualidad, y que «cubre a gente relacionada con el 'procés'», pero el pacto con Junts dice también que serán tenidas en cuenta las causas de 'lawfare', es decir, de utilización espuria de la justicia contra el adversario político, que puedan quedar demostradas en las comisiones de investigación que se abran en el Parlamento.

En el entorno postconvergente se incluye como víctimas de esas prácticas a mucha gente, desde el jefe de la oficina de Puigdemont, Josep Lluis Alay, investigado por malversación de fondos públicos por un viaje a Nueva Caledonia, a su abogado, Gonzalo Boye, acusado de blanqueo de capitales en una causa con el narcotraficante Sito Miñanco, o la propia Borràs. Cerdán insistió, no obstante, en que en ningún caso se ha hablado de nombres concretos y remarcó que, en cualquier caso, serán los tribunales los que tengan la última palabra.

No será sobre la bocina porque aun faltarán once días para que concluya el plazo de dos meses del que disponía Pedro Sánchez para amarrar su investidura y evitar una convocatoria automática de elecciones, pero sí bastante más tarde de lo que los socialistas habrían deseado. El pleno del que el líder de los socialistas debe salir elegido presidente del Gobierno tendrá lugar el miércoles y jueves próximos, 15 y 16 de noviembre.

La fecha, que aún debe ser comunicada oficialmente por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, da margen para cerrar el acuerdo pendiente con el PNV, para los órganos de Junts avalen el pacto suscrito ayer y para que todos los socios de investidura lean el texto de la ley de amnistía y lo registren en la Cámara baja, como exigen los secesionistas antes abrir a Sánchez el candado de la gobernabilidad.

Junts se ha hecho desear. Los socialistas querían haber firmado el pasado jueves y contaban con que hoy su líder ya hubiera sido ungido.