El PSOE no descarta ya que la amnistía caiga tras imputar el Supremo a Puigdemont

Hace menos de dos semanas    en el PSOE creían que su principal reto para tratar de llegar en unas mínimas condiciones a las próximas citas electorales, las vascas del 21 de abril y las europeas del 9 de junio, pasaba por encapsular el monumental varapalo recibido en las gallegas del 18 de febrero, pasar página y tratar de inocular algo de normalidad a la legislatura con la aprobación, por parte del Congreso, de la norma que garantiza la impunidad a los implicados en el 'procés' y la presentación de los Presupuestos del Estado de 2024, postergada por la inestable relación con los independentistas catalanes. Ya no es solo eso, aunque también.

Que el alto tribunal haya acabado dando la razón al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, al que en privado los socialistas acusan de tratar de interferir en la acción del Legislativo, es un clarísimo revés a los planes del Gobierno, que aspiraba a evitarlo a través del informe que la teniente fiscal, Ángeles Sánchez-Conde, remitió el pasado 22 de febrero a la Sala de lo Penal y que corregía al acordado días antes por la Junta de Fiscales del Supremo. Esta, por una mayoría de once a cuatro, sí encontró en el 'caso Tsunami' razones para una investigación por terrorismo y para imputar a Puigdemont, como este jueves hicieron los cinco magistrados concernidos del Supremo por unanimidad.

Aunque en público el Gobierno se limite a expresar su respeto por las decisiones judiciales, fuera de micrófono los socialistas siguen hablando de una maniobra organizada de resistencia por parte de una judicatura a la que no consideran imparcial. En lo que va de legislatura, han comprobado cómo, pese a sus intentos, la actuación de los tribunales ha ido llevando a Junts a extremar sus exigencias sobre asuntos de la amnistía que creían ya acordados. Y, de hecho, la razón por la que en el pleno del pasado 30 de enero la formación catalana optó por frenar en seco y devolver el texto a la comisión de Justicia fue su temor a que la investigación por terrorismo y la de alta traición, en un juzgado de Barcelona, dejaran al expresident desprotegido.

El exjefe de la Generalitat, prófugo desde hace más de seis años, cargó este jueves en sus redes sociales contra los magistrados. «El Mátrix judicial español ha adaptado la máxima del mal periodismo: no dejes que la realidad estropee una buena imputación», ironizó. Fuentes socialistas admiten que es difícil saber cómo evolucionarán las cosas pero que tampoco ayuda el hecho de que quien ha sido hasta ahora su principal y más pragmático negociador, Jordi Turull, esté fuera de juego tras sufrir un infarto y la interlocución deba hacerse con la más correosa portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras.

En principio, la fecha tope para volver a elevar al pleno la ley de amnistía es este jueves 7 de marzo, aunque los socialistas ya están analizando si sería posible pedir a la Mesa una nueva prórroga, y su impresión, aunque la última palabra la tendrán los letrados, es que el Reglamento lo permite. Alargar la negociación tiene un precio, que la legislatura siga empantanada, pero no hacerlo si no se alcanza un acuerdo en una semana tendría una consecuencia aún mayor: la norma por la que Junts accedió a hacer presidente a Sánchez decaería por completo. Y aún así fuentes de la negociación no cierran la puerta a ese escenario.

En las filas del PSOE todavía hay quien se aferra a la capacidad del jefe del Ejecutivo de salir airoso, aunque sea magullado, de los escenarios más adversos. «Nunca hay que subestimarlo», dice un dirigente territorial. Pero la sensación de que el actual contexto es el peor en cinco años de Gobierno y de que se ha entrado en una espiral sin fin está calando muy profundamente. La mayoría cree que lo que más penaliza tanto interna como externamente es, sin duda, el 'caso Koldo', pero su efecto devastador actúa sobre un terreno ya muy erosionado. Ayer mismo, Sánchez tuvo que encajar otro golpe: la reprobación por el Congreso del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, gracias a la abstención de Podemos y Junts.