Sánchez intenta amortiguar con el PNV y Coalición Canaria la contestación a sus pactos

La formación que gobierna con el PP en el archipiélago, y que votó el pasado 27 de septiembre a favor de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, también dará su respaldo a Sánchez, a pesar de haber afirmado este octubre que su oposición a la amnistía para los encausados del 'procés' impedía que adoptaran una posición más comprometida que una abstención. «Hoy firmamos con la cabeza y puede que sin corazón», admitió, no obstante, la portavoz en el Congreso del partido, Cristina Valido, tras rubricar con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, un pacto que contempla beneficios para Canarias por un valor cercano a los 1.000 millones de euros.

Ese voto de más sobre el cómputo ya previsto tiene un indudable valor simbólico, y así pretende esgrimirlo Sánchez, en el actual contexto político. «A diferencia de otros, el PSOE ha demostrado que tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario», presumió Montero. «Son 179 diputados que no han sido elegidos al azar, sino que han sido elegidos por el pueblo», llegó a decir también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en un intento de apuntalar la legitimidad de las controvertidas y contestadas cesiones en las que ha incurrido su partido para garantizarse la continuidad en el Gobierno.

No son solo las críticas de la oposición (171 diputados de 350) o las relevantes protestas ciudadanas frente a las sedes del PSO en las que estos días se han infiltrado también elementos violentos y que el Ejecutivo achaca al «ruido» generado por PP y Vox para «aterrorizar a la población» y crear un «ambiente casi irrespirable». El pacto con Junts ya logró el jueves la difícil coincidencia de todas las asociaciones de jueces, progresistas y conservadoras, en contra de lo que consideran un atentado contra la separación de poderes por sus referencias al 'lawfare' (persecución juidicial) contra el independentismo. Y ayer las voces de alarma fueron en aumento.

Los presidentes de las audiencias provinciales y unos 80 jueces decanos de toda España, incluidos los de Barcelona, Lleida, Girona, Madrid o la Audiencia Nacional, se sumaron al rechazo también expresado la víspera por el Consejo General del Poder Judicial. A ello hay que añadir los avisos de la Asociación de Inspectores de Hacienda contra la pretensión de Junts de que se cedan a Cataluña el 100% de los tributos; el comunicado del sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social contra la ley de amnistía; e incluso el pronunciamiento del sindicato mayoritario de médicos de Madrid AMYTS contra la transferencia del MIR (la formación de los especialistas médicos) a las comunidades autónomas incluida en el acuerdo del PSOE con el BNG.

También el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, reiteró su malestar con los acuerdos suscritos con los independentistas y reprochó a Sánchez que haga depender la gobernabilidad de una formación como la de Carles Puigdemont, que es tan derecha como la derecha a la que defiende frenar y que, además, dijo «odia a España» y «odia la Constitución».

El Ejecutivo se afana en argumentar que es víctima de los ataques desmedidos de una «derecha económica, política y mediática» que no acepta su «derrota» en las urnas y ayer dedicó sus esfuerzos a matizar algunas de las interpretaciones realizas sobre sus pactos. La ministra de Hacienda lo hizo en relación a los asuntos económicos. «Lo que me gustaría es desmentir que ha habido un acuerdo con Junts por el que se cede el 100% de los tributos a Cataluña», defendió.

El acuerdo con los posconvergentes no implica, efectivamente, esa cesión, pero sí obliga al PSOE a discutirla con el partido del expresidente catalán, prófugo de la justicia, en torno a una mesa de diálogo supervisada por un mediador internacional. Y Puigdemont y los suyos supeditan el apoyo a la legislatura a que se avance tanto en ese terreno que definen como «los límites del autogobierno» como en el del «reconocimiento nacional» de Cataluña, para lo que reclaman un referéndum acordado.

Montero también rebajó considerablemente la lectura, hecha por el propio PNV, de que se cederá al País Vasco la gestión de la Seguridad Social en el plazo de dos años. La ministra argumentó que su pacto no «singulariza» nada sobre ese extremo concreto y que solo dice lo que han dicho todos los acuerdos suscritos con el partido nacionalista tanto por gobiernos socialistas como del PP en los ultimos años: que se va a «intentar el desarrollo máximo de todas las competencias» estatutarias. A pesar de ese compromiso genérico que, efectivamente ya incluían otros pactos previos, esa cesión nunca se ha materializado. La pasada legislatura, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, dijo que era «imposible» y que así se apuntaba en las sentencias del Tribunal Constitucional.

Bolaños, por su parte, trató de echar agua al incendio del mundo judicial. Para ello trató de negar que se pretendan poner en cuestión decisiones judiciales con la parte del documento firmado con los posconvergentes en la que se dice que la aplicación de la ley de amnistía tendrá que tener en cuenta las conclusiones de las comisiones parlamentarias de investigación en las que se aprecien casos del polémico 'lawfare', esto es, de la supuesta intromisión de la justicia en la vida política.

En concreto, la controversia reside en las dos comisiones que el PSOE pactó crear con ERC y Junts, ya en agosto pasado: una referida al 'caso Pegasus', el espionaje a independentistas con el 'malware' creado y comercializado por Israel, y otra sobre la 'Operación Cataluña', puesta en marcha por la cúpula del Ministerio de Interior en la época del popular Jorge Fernández Díaz para supuestamente buscar y en algunos casos inventar trapos sucios contra los adversarios políticos del PP. Por esa vía Junts podría intentar también que se dejen impunes incluso los delitos de corrupción en los que está implicado Jordi Pujol.