La compleja conquista de gestionar las pensiones sin romper la caja única del Estado

La cesión de esta competencia, incluida en el Estatuto de Autonomía vasco («la gestión económica de la Seguridad Social», indica el artículo 18) también implicará por defecto la organización de las oficinas de atención y gestión al ciudadano que ahora están en manos de la Seguridad Social. Una red que se encuentra tensionada desde la pandemia por los problemas de cita que tienen muchos ciudadanos a la hora de pedir citas y conseguir que les informen o gestionen sus problemas. También se encargará el País Vasco de remitir las cartas y comunicaciones -con la revalorización de las prestaciones, por ejemplo- a sus ciudadanos, en vez de hacerlo la Seguridad Social.

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Cristina Cándido

Se trata de un cambio simbólico que, sin embargo no implicaría romper la caja única de la Seguridad Social, según apuntan diversas fuentes a este diario. Esto es, el País Vasco no podría cambiar la normativa estatal en materia de pensiones y cotizaciones. Así, los empleados y pensionistas vascos seguirán rigiéndose por la normativa que dicte el Ministerio de Seguridad Social, que será el que defina el nivel de cuotas que tienen que pagar empresas y trabajadores en alta; las condiciones de acceso a la jubilación; así como la revalorización de las pensiones y las cuantías mínimas, entre otras muchas circunstancias. El Pacto de Toledo, que es el acuerdo habilitado en el Congreso para definir estas cuestiones prácticas, seguiría en vigor para el País Vasco.

Desde un punto de vista estrictamente financiero, la Seguridad Social será la que centralice esa caja única. Por ejemplo, en materia de préstamos del Estado. Porque cada año el Gobierno autoriza que del Presupuesto General se financie una parte de las necesidades para abonar las pensiones, sobre todo cuando llega verano y Navidad para abonar las pagas extra. Estos créditos seguirán fluyendo a la Seguridad Social y no al organismo que ponga en marcha el País Vasco. El 'sistema de pensiones vasco' es deficitario per se, al acumular unas pensiones muy elevadas frente a unas cotizaciones que, en su caso, no cubren esas prestaciones: solo en 2022 ese agujero fue de unos 4.300 millones.

Legalmente, el límite del traspaso de esa competencia no implica romper la caja única de la Seguridad Social. Es decir, deberían seguir existiendo las mismas obligaciones -cotizaciones- y derechos -prestaciones- independientemente de que las gestione un gobierno autonómico como el vaso o el estatal. Sin ermbargo, pueden quedar flecos sueltos que el traspaso deberá concretar. Por ejemplo, en lo relativo a los complementos a las pensiones pues el Gobierno es ahora quien lo autoriza, pero Vitoria podría gestionar para ampliar esas prestaciones en la comunidad autónoma vasca.