El PP volverá a la calle el 28 contra «la extorsión» de Junts a Sánchez

El principal partido de la oposición hace una lectura muy negativa de este primer gran examen de la legislatura que deja al Ejecutivo «derrotado» y «humillado», a su juicio, después de que Podemos tumbase el real decreto ley que recogía la reforma del subsidio por desempleo impulsado por la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, y de que los otros dos prosperaran a cambio de una «extorsión», defendió Feijóo en rueda de prensa en Génova. «La misma carcajada que Sánchez me dedicó en su investidura, la emitió Puigdemont desde su casa en Waterloo tras arrodillar a los negociadores del PSOE», agregó.

La primera medida de la respuesta al «unísono» del PP es convocar a la ciudadanía el domingo 28 de enero en Madrid para denunciar «la extorsión» a la que, a su juicio, los de Puigdemont someten a Pedro Sánchez y con la que éste transige. Pero no será la única acción de su estrategia, que además de recuperar la movilización en la calle activada contra la amnistía también tendrá su foco en las instituciones y en los tribunales.

Feijóo exigió la comparecencia «urgente» del presidente del Gobierno en el Congreso para dar cuenta de los últimos acuerdos con Junts, que calificó de «extrema gravedad». Avanzó que el PP promoverá, al igual que ha hecho con la ley que borrará las causas del 'procés', votaciones en todos los parlamentos y plenos municipales para que sus representantes avalen o reprueben dichas iniciativas. Y urgió a Sánchez a convocar la Conferencia de Presidentes que los barones de su partido reclaman para explicar una cesiones que los populares interpretan como una vulneración de la igualdad entre españoles.

La tercera vertiente de la batalla del PP es la jurídica. Feijóó reiteró, como ya había hecho la víspera en su valoración de urgencia de lo ocurrido en el pleno del Congreso, que su equipo evaluará «hasta la última coma» de los reales decretos leyes aprobados y concretó que su partido presentará un recurso ante el Constitucional contra el denominado 'ómnibus'.

Este decreto es el que incluía la explicitud de que la elevación de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la UE paralizan las causas nacionales hasta que se resuelvan y que el PSOE ha aceptado suprimir de la Ley de Enjuiciamiento Civil ante el temor de Junts a un freno a la amnistía. Los populares argumentan que el decreto propina una «patada a las leyes procesales» sin que «esté justificado y sin ningún fundamento» y que es «imposible» aceptar la urgencia y necesidad de texto legislativo cuando una parte del mismo no tiene que aplicarse hasta 2025.

Para Feijóo, uno de los puntos más controvertidos del último acuerdo entre PSOE y Junts es el de la delegación de las competencias de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Ante la falta de clarificación del alcance de este pacto, el líder de la oposición deduce que «compromete la unidad y la seguridad nacional», supone «una capitulación constitucional» y «convierte a los mossos en una policía nacional». «¿Habrá 17 sistemas de inmigración en España?», ironizó, en el supuesto de que otras autonomías reclamen esta competencia -solo lo hace Euskadi-, al tiempo que la tachó de inconstitucional al crear «fronteras ficticias para dividir a los españoles».

Pese a todo, Feijóo duda de que el Ejecutivo pueda cumplir con su parte, más aún tras el último pacto migratorio suscrito por la UE y que afecta a los Estados miembros. «De momento va ganando Puigdemont. Pero vamos a ver quién engaña a quién», señaló. El líder del PP incidió en la preocupante dinámica que el último pleno augura para los próximos cuatro años si los independentistas persisten en sus demandas. «¿Qué será lo que paguen para cada una de las leyes de Presupuestos? ¿Qué ley será la que provoque un referéndum o justifique una declaración unilateral de independencia?», preguntó, antes de reafirmarse en que solo negociará con Sánchez la renovación del CGPJ bajo supervisión europea.