El Gobierno intenta aplacar el malestar de socios y autonomías tras sus cesiones a Junts

Desde los Gobiernos autonómicos, y no solo los populares, llegaron ayer algunos avisos. La Generalitat se puso en contacto con el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, para reclamarle información sobre lo pactado. El Ejecutivo canario se apresuró a reclamar una reunión urgente de la Comisión Sectorial de la Inmigración tras el acuerdo logrado por los postconvergentes para delegar a Cataluña todas las competencias en esa materia. Y el lehendakari, Iñigo Urkullu, quiso dejar constancia de su «preocupación» por una manera de gobernar que, a su juicio, no ofrece ni la estabilidad ni la seguridad jurídica necesarias para garantizar inversiones. «Lo que sucede en el conjunto del Estado español y particularmente por la situación de la política en el Estado español nos afecta también», advirtió.

El Ejecutivo es consciente del sentimiento de unos y otros y, en una intensa ronda mediática, tanto la vicepresidenta primera, vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, como Bolaños, lo dejaron claro. Ambos se afanaron en matizar el alcance de las cesiones arrancadas 'in extremis' por los postconvergentes a cambio de una abstención que resultó clave para ganar todas la votaciones a excepción de la convalidación del real decreto ley que recogía la reforma del subsidio de desempleo -de la que también dependía el desembolso de 10.000 millones por la UE- y que fue tumbada por Podemos.

Ni el PSOE ni el Gobierno han llegado a hacer público de manera oficial el contenido de los acuerdos firmados, a pesar de que siempre han afirmado que sus pactos con los independentistas serían transparentes. De viva voz, sin embargo, los dos principales negociadores del Ejecutivo acotaron y matizaron tanto el comunicado que sí emitió Junts, como las declaraciones de sus dirigentes.

Los de Puigdemont no ocultan que aspiran a controlar los cupos, los flujos migratorios y las expulsiones de inmigrantes reincidentes en situación irregular. El Gobierno replica que en ningún momento se concretó qué es lo que el Estado cederá a Cataluña y subraya que, lo que sea, tendrá que aprobarse mediante una ley orgánica que requerirá del visto bueno de todos sus aliados para prosperar. «Tendremos que verlo, paso a paso», dijo Montero.

La vicepresidenta primera también rebajó las implicaciones de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital mediante la que Junts pretende revertir el éxodo de empresas de Cataluña. En los últimos días, la formación secesionista venía hablando de sanciones e incentivos fiscales. La vicepresidenta subrayó que el Derecho comunitario impide poner trabas a que las compañías «se instalen donde consideren conveniente». «Lo que sí tienen que cumplir de forma escrupulosa, y así se refuerza en este acuerdo, es la legalidad vigente, lo que significa que no se produzcan ingenierías fiscales para que declarando la actividad principal en un sitio, el domicilio social esté en otro y cuestiones de este tipo» dijo.

La anunciada publicación de las balanzas fiscales entre el Estado y las comunidades autónomas tiene igualmente sus peros. La titular de Hacienda recalcó que lo que hará su Ministerio es poner a disposición pública todos los datos para que sean los centros de estudio, de investigación y las autonomías las que hagan sus cálculos porque no existe un consenso sobre la metodología idónea para medir la cuestión.

Bolaños, mientras, se esforzó en restar importancia a la eliminación del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil que recoge que cuando un juez tiene dudas sobre una norma y plantea una cuestión prejudicial sobre la aplicación de la misma ante el Tribunal de Justicia de la UE, su aplicación quedará en suspenso. Junts sostenía que ponía «en peligro» la aplicación de la ley de amnistía. El ministro ya había insistido en que, independientemente de que ese procedimiento esté recogido o no en el ordenamiento, forma parte de la jurisprudencia española y europea y se aplica en todos los casos. Pero hasta el miércoles esgrimía que ponerlo negro sobre blanco en un texto legal era un compromiso adquirido con la Comisión. Ayer, sin embargo, adujo que el compromiso era aprobar una reforma de la justicia para que sea «más ágil, digital y moderna», no «una disposición concreta».

Las quejas de un lado y otro por una forma de gobernar con abuso de decretos leyes escasamente negociados en los que se entremezclan cuestiones sensibles y de interés general con otras más accesorias o controvertidas también tuvieron respuesta. Montero defendió que para el Gobierno no es un plato «de gusto» llegar a las votaciones con todo en el aire y alegó que la fragmentación del Parlamento y el hecho de que haya grupos que quieren «mayor visibilidad» genera situaciones como la del miércoles. Pero prometió un diálogo intenso con los Presupuestos, que el Ejecutivo ya está terminando de diseñar.