Discrepancias e interrogantes de los ocho puntos del pacto PSOE-Junts

Es el tema más confuso de todos. Bolaños habló este jueves de delegar competencias en inmigración a la Generalitat mediante una ley orgánica y en virtud del artículo 150.2 de la Constitución, sin dar ninguna pista más, ni tan siquiera si se habla de inmigrantes legales o irregulares. El PSOE asegura que no se va a tocar en absoluto la Carta Magna, pero los portavoces de Junts afirman, sin embargo, que aspiran a controlar cuestiones de soberanía y seguridad nacional como son las expulsiones de 'sin papeles' o de extracomunitarios que delincan. Las deportaciones, más allá de las ordenadas por las autoridades judiciales, son actualmente competencia administrativa de la Policía Nacional y de las delegaciones del Gobierno.

Junts quiere además que dentro de este acuerdo la Generalitat tenga mano en el reparto de los cupos migratorios, ya que, según sus cálculos, recibe un 23% de los extracomunitarios cuando solo representa el 16% de la población de España.

En cualquier caso, la Generalitat tiene ya ciertas competencias en materia de extranjería desde 2009, cuando se traspasaron funciones y servicios en materia de autorizaciones de trabajo por cuenta ajena o propia de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña.

En este punto hay divergencias entre las versiones de unos y otros. Los postconvergentes afirman que el acuerdo recoge la publicación «inmediata» de las balanzas fiscales (cálculos que se hacen para la financiación autonómica) que se dejaron de hacer públicos en 2016. Sin embargo, en el PSOE sostienen que el pacto solo incluye la promesa de que Hacienda permitirá el acceso a los datos previos con los que se elaboran esas balanzas.

El Gobierno se compromete a suprimir el artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a pesar de las exigencias de Bruselas de incluir en la normativa nacional una apostilla: en el momento de que un juez eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre una causa, ésta se paraliza automáticamente hasta que la corte europea resuelva. El Partido de Carles Puigdemont cree que esta disposición podía dificultar la aplicación de la futura ley de amnistía, aunque en realidad ya cualquier cuestión prejudicial paraliza la causa en la que se formule.

Junts afirmó el miércoles que la Administración central se había comprometido a asumir al 100% los descuentos en el transporte público. Bolaños, sin embargo, este jueves aseguró que el acuerdo es desvincular lo que va a aportar el Estado, un 30% del total, de lo que decida aportar cada comunidad.

Ahí sí que hay acuerdo en las versiones de ambas partes. Un próximo Consejo de Ministro aprobará un plan de apoyo a las empresas catalanas que deseen volver a llevar su sede a aquella comunidad autónoma y revertir así las consecuencias del real decreto aprobado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar la marcha de firmas que se sintieron 'amenazadas' por el procés. No habrá en ningún caso sanciones a las compañías que no vuelven, tal y como había pedido Junts en los últimos días.

Habrá un reconocimiento de los derechos históricos de Cataluña en materia de régimen local, tal y como pedía Junts para tratar abrir en un futuro la puerta al reconocimiento de fueros que puedan desembocar en un concierto económico propio. Este reconocimiento se hará con la inclusión de una disposición Adicional en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

PSOE y Junts, y aquí también hay coincidencia en las versiones, han pactado que el aceite de oliva, tal y como pedía el partido de Puigdemont, tenga un IVA del 0% al considerarse «producto de consumo básico».

El acuerdo entre ambas partes, tal y como confirmaron este jueves desde el Gobierno y Junts, recoge el aumento de 1,2 a 6,2 millones de euros en los recursos destinados a Cataluña para la digitalización del sistema judicial.