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«Por tierra, mar y aire». Alberto Núñez Feijóo ya advirtió en octubre que el PP combatiría desde todos los frentes la amnistía anunciada por Pedro Sánchez con la que el presidente buscaba entonces recabar el apoyo de los independentistas catalanes para seguir en la ... Moncloa. El líder de la oposición dejó claro que plantaría batalla y que recurriría «a todas las instancias nacionales e internacionales» para evitar que la ley que pretende borrar las penas de los encausados por el 'procés' entre en vigor. Tras el órdago de Junts, que el martes cumplió su amenaza y votó en contra del conjunto de la ley, los populares tratan ahora de evitar que se repita la votación en el Congreso.
El partido conservador ve «motivos de sobra» para exigir a la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, que devuelva el trámite a la casilla de salida y no parta de la comisión de Justicia; y avanza que apelará al Tribunal Constitucional si la proposición de ley continúa tramitándose. Una ofensiva a la que también se ha sumado Vox, que pide la «nulidad» de la decisión adoptada por Armengol.
En un escrito remitido a la Mesa del Congreso, el PP argumenta que «la ley ha finalizado su tramitación» porque hubo «mayoría absoluta» de votos negativos –recibió 179 en contra frente a 171 a favor– y pide al órgano que «impida cualquier actuación o trámite parlamentario (...) tendente a reactivar o continuar» el procedimiento legislativo de la amnistía. Arguye que las consecuencias pueden ser «irreparables y de extraordinaria trascendencia constitucional». Tesis que comparte el partido de Santiago Abascal, que en otro escrito remitido a la Mesa exige también que se reconsidere la decisión de la presidenta. «Esto que pretende cometer Armengol puede viciar los procedimientos de aprobación de la ley y convertirla en inaplicable», avisó este viernes el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado.
La propuesta del Gobierno del PP, en minoría y con PNV y CiU como apoyos parlamentarios, fue devuelta a comisión. No alcanzó la mayoría absoluta pero tuvo más favorables que en contra.
Esta iniciativa del Ejecutivo de Aznar también volvió a comisión tras obtener en el pleno154 votos a favor frente a 141 noes y 28 abstenciones.
La presidenta del Congreso apeló al artículo 131.2 del Reglamento para devolver la norma a la comisión correspondiente que debe emitir un nuevo dictamen en el plazo de un mes –15 días en este caso al tramitarse la proposición de ley por la vía de urgencia–, en lugar de reiniciar la tramitación desde cero al no conseguir «el voto favorable de la mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto del texto».
Los populares rechazan de plano esta motivación ya que, en este caso, no es que obtuviera una mayoría favorable aunque no suficiente, que sería el supuesto en el que sería de aplicación esa previsión de una especie de «segunda oportunidad». Lo que arrojó el escrutinio, objetan los de Feijóo, fue una mayoría absoluta contraria en la votación final sobre el conjunto del texto y ese resultado inapelable «supone que la devolución a la comisión de Justicia no es aplicable en este caso».
Para armar su oposición, los populares se apoyan en el artículo 79.2 de la Constitución, el cual establece que los acuerdos que se adopten en las Cámaras, «para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas». Apelan también al artículo 79.1 que reproduce el precepto constitucional añadiendo que dichos «acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría simple» del Congreso.
Los conservadores insisten en que ese no es el caso de la ley de amnistía, que «fue rechazada por mayoría absoluta» después de que los siete diputados de Junts votasen en contra de la norma al no conseguir que incluyese el blindaje total frente a las acusaciones de terrorismo y el perdón de los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y relativos a la Defensa nacional. E inciden en que la voluntad expresada por la Cámara baja fue su «decaimiento».
Solo hay dos precedentes en el Congreso que, al no obtener la mayoría cualificada en el pleno y no pasar el filtro, tuvieron una especie de 'segunda oportunidad' en la comisión correspondiente. Ambos casos se registraron con José María Aznar en el Gobierno. El primero corresponde a 1997, durante la reforma de la ley orgánica 6/1985 del Poder Judicial. En el debate obtuvo 169 votos a favor, 139 en contra y 15 abstenciones por lo que el texto volvió a la Comisión de Justicia. Pero, en aquel caso, recuerdan desde el PP, la votación «fue claramente favorable», y simplemente «no se alcanzaron los 176 síes necesarios para la mayoría absoluta».
Lo mismo sucedió en septiembre de 1999, y también en relación a otra reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fue devuelta a comisión tras haber recabado en la votación final de conjunto 154 diputados a favor frente a 141 en contra y 28 abstenciones. Situación, insisten en el principal partido opositor, «diametralmente opuesta» a la de la amnistía, con mayoritario rechazo de 179 votos.
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