El PP lanza en el Senado el choque institucional con el Congreso sin asegurar si irá al Constitucional

En Génova todavía se debate si, aparte de recurrir la ley cuando esté aprobada –la que Alberto Núñez Feijóo ha calificado como «la mayor cacicada desde el franquismo»–, lo hace también vinculado al conflicto competencial que denuncia entre ambas cámaras. «No vamos a ahorrarnos el paso del Constitucional por mucho que esté contaminado. Pero no está decidido que se vaya por una cosa o por la otra», insisten en el principal partido de la oposición, donde auguran un «viacrucis de recursos» contra la amnistía en cuanto la ley se publique en el BOE.

En la cúpula del PP existe cierto temor a que el primer varapalo en su cruzada contra la norma de olvido penal llegue desde la corte de garantías y pueda con ello complicar otras vías judiciales, como la cuestión prejudicial que podrían presentar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los órganos judiciales donde hay abiertas causas relativas al referéndum ilegal del 1-O. A esto se suma que llevar el conflicto ante el Constitucional no tendría consecuencias prácticas ya que no paralizaría en el Senado la tramitación de dos meses de la norma –el plazo finaliza sí o sí el 16 de mayo–, además de que el tribunal se pronunciaría una vez que ésta estuviera ya en vigor.

En algunos sectores no se entiende, sin embargo, que se haya emprendido el camino señalado por los letrados de la Cámara alta en su crítico informe contra la norma si no hubiera intención de llegar hasta el final. «Iremos paso a paso», se limitó a señalar la portavoz del PP en la Cámara alta, Alicia García, al inicio del pleno, en el que su compañero Antonio Silván fue el encargado de defender el conflicto entre órganos.

Los conservadores entienden que la ley de amnistía es una «reforma encubierta de la Constitución» y que, por ende, necesita una mayoría cualificada y no solo absoluta. Sostienen además que el Congreso, al calificar y tramitar la amnistía como proposición de ley orgánica, «se ha extralimitado en sus competencias invadiendo atribuciones que la Carta Magna confiere al Senado como poder constituyente».

En el PP consideran que «algo tan medular en la Constitución no se puede regular por simple procedimiento legislativo» e inciden en que las Cortes Generales no están legitimadas para elaborar una ley de amnistía como si se tratara de una ley orgánica, ya que una norma que interpreta o altera el texto constitucional solo puede ser abordada por el poder constituyente. «En una democracia –arguyó Silván–, nadie lo puede todo, ni siquiera el legislador».

Solo Vox se unió a la tesis del PP. Enfrente, el PSOE y sus aliados negaron que la Cámara baja que preside Francina Armengol haya incurrido en esa «usurpación» de funciones al aprobar la ley, porque ésta, subrayaron, sigue su tramitación parlamentaria como cualquier otra norma. Los socialistas rechazan que exista ningún conflicto de competencias e insisten en que el Senado está llevando a cabo su «competencia legislativa» con todos los pasos que implica la tramitación. «Lo que están haciendo hoy es una muestra de filibusterismo sin fundamento ninguno», reprochó al PP el senador del PSOE Francisco Manuel Fajardo.

El parlamentario canario calificó el choque institucional de «auténtico disparate» y llegó incluso a compararlo con el intento de golpe de Estado del 23-F. «Es casi un '¡Quieto todo el mundo!'», dijo en referencia a las palabras que profirió el coronel Antonio Tejero en su entrada por la fuerza en el hemiciclo en 1981, una equiparación que provocó revuelo en la bancada conservadora.

Para los socialistas, lo que está haciendo el partido de Feijóo responde más «a la lucha por el relato» con Vox y se solazaron en sus dudas de que vayan a acudir al TC porque «también se reunieron con Junts y no fue precisamente para hablar del tiempo». «No se van a atrever a dar el paso porque saben que sería una humillación sin precedentes», aseguró el senador del PSOE Antonio Magdaleno, que recalcó que jamás se ha producido semejante «falta de respeto» y «deslealtad institucional».

Una tesis en la que abundaron el resto de socios del Gobierno, que acusaron al PP de no respetar la Constitución que dicen defender al no renovar el Consejo General del Poder Judicial. «Han llegado a un punto tan peligroso como devaluar la institución del Senado», lamentó Carla Antonelli, de Más Madrid. «Las instituciones no están para prostituirlas», aseguró, por su parte, el senador de Compromís , Morera, mientras que Sara Bailac (ERC) les reprochó «querer vivir del conflicto permanente». «Nosotros queremos que acabe la represión», apostilló. «Y eso es lo que incomoda a ambos lados del hemiciclo».