La Guardia Civil desata una operación anticorrupción contra el entorno de Puigdemont

El portavoz de la Generalitat, Jordi Turull, ha cargado esta mañana contra el Gobierno central, al que ha acusado de utilizar las “cloacas del Estado” para atacar al independentismo a menos de dos semanas para a celebración del referéndum. “Estamos ante la nueva temporada televisiva”, ha dicho sobre la operación de la Guardia Civil que a su juicio no busca más que el espectáculo televisivo para tratar de perjudicar al proceso soberanista. "Se ha producido un nuevo capítulo de la operación Cataluña”, según el consejero de la Presidencia. “Siempre tienen voluntad de mezclar muchas cosas con intención de destruir la reputación y honorabilidad del presidente de la Generalitat”, ha asegurado.

Las empresas registradas, entre otras, son Agissa, Girona SA y Prodaisa. El juez que instruye la investigación, Manuel Marcelo, ha citado a declarar como imputados además a varios miembros de los equipos de Gobierno del consistorio de Gerona. En esa lista no figura Puigdemont, que está aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los delitos investigados son fraude y administración desleal en la gestión de la adjudicación del suministro de aguas,

La investigación que apunta tangencialmente contra el exjefe de Gobierno autonómico es obra de la Agencia Tributaria. Hacienda fue la que denunció en un informe fechado el pasado 23 de marzo que la sociedad mixta Agissa (gestionada en parte por el ayuntamiento que presidía Puigdemont y por los consistorios de Salt y Sarrià de Ter, además de socios privados) falseó sus cuentas para hacer desparecer anualmente cerca de un millón de euros de dinero público de las arcas de los tres consistorios. Aunque los amaños de la sociedad partieron en 1998, Hacienda sostiene que Puigdemont y su equipo toleraron los desfalcos.

La Delegación Especial de Cataluña de la Agencia Tributaria argumenta que el consistorio que dirigió Puigdemont, como sus antecesores, toleró que Agissa se embarcara en deudas multimillonarias porque los dividendos se repartían entre los socios antes de descontar a los ingresos los gastos por la gestión. El desfalcó de dinero público llegó a los siete millones de euros, cuando la empresa municipal podría haber llegado a tener unos beneficios cercanos a los diez millones de euros.

Hacienda constató que las instituciones públicas, entre ellas el consistorio que dirigía el hoy presidente catalán, permitieron que todos os ingresos de Agissa se repartieran entre los socios privados hasta el punto de “descapitalizar” este ente público.

“Existen distintos y variados indicios de que (…) a lo largo de todos estos años, los responsables de los ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer sus funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona SA y Agissa, sino de que tendrían conocimiento de dichas actuaciones en cada momento”, zanjó Hacienda en un informe remitido la pasada primavera al juez del ‘caso del 3%’ en los juzgados del Vendrell, Josep Bosch.

La Agencia Tributaria localizó en la gestión de Puidemont y de las otras dos alcaldías afectadas un cúmulo de “incontables irregularidades” en Agissa dirigidas exclusivamente a ocultar el expolio de la sociedad, que llegó a trampas contables tan burdas como contabilizar como gastos los dividendos que repartía entre los socios. Según Hacienda, el equipo que dirigió Puigdemont tomó parte en la “detracción de cientos de miles de euros”, no solo no impidiendo el saqueo, sino permitiéndolo y cargando sobre los ciudadanos el aumento del precio del agua provocado por el millonario desfalco.