Los Mossos desalojan a un grupo de manifestantes que impedían el acceso a una sede de Unipost

El juez de guardia de Terrassa (Barcelona) ha autorizado a la Guardia Civil a intervenir los sobres, con logotipo de la Generalitat, que se han localizado en el registro de la empresa Unipost de la población para comprobar si, como se sospecha, contienen tarjetas censales.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Terrassa ha acordado intervenir la totalidad de los sobres incautados en la empresa y abrir uno de ellos, ante los indicios de que el responsable de la compañía podría ser "cooperador necesario de un delito de malversación de caudales públicos" vinculado a la organización del referéndum.

El quinto día consecutivo de operaciones de la Guardia Civil contra los preparativos del referéndum deparó el que hasta ahora es el mayor golpe del instituto armado a la logística de la consulta declarada ilegal por el Constitucional. Los funcionarios descubrieron hoy en uno de los almacenes en Terressa (Barcelona) de la empresa de mensajería Unipost, ya usada por la Generalitat para las notificaciones del referéndum del 9-N de 2014, miles sobres cerrados con el anagrama del Gobierno autonómico, que, según todos las primeras estimaciones, serían más 45.000 notificaciones a los miembros de las mesas (presidentes, vocales y sustitutos) por lo que los funcionarios habrían retirado las cartas dirigidas al 80% de las personas que debían estar en los colegios el 1-0.

Al cierre de esta crónica, los funcionarios, que también registraron sin éxito otra nave de Unipost en L’Hospitales, todavía no habían podido valorar la envergadura de la incautación ya que durante tres horas más de medio centenar de activistas independentistas lograron bloquear el paso durante la tarde a la comitiva enviada por el Juzgado de Instrucción 3 de Terrassa para supervisar la apertura de los sobres. Al final, los Mossos d’Esquadra tuvieron que disolver por la fuerza a los concentrados. El magistrado aceptó que los agentes abrieran una de las cartas al azar en presencia de secretario judicial y si, tal y como sospechaban estaba relacionada con notificaciones de la consulta, procedieran a la apertura del resto.

A la espera de conocer el contenido exacto de esas misivas, los responsables de la Guardia Ci vil se mostraron especialmente satisfechos con el golpe en Unipost de Terressa, ya que es la primera vez que los operativos se incautan de material censal y no de mera propaganda como hasta ahora. Los funcionarios, con la interceptación de estas cartas, esperan no solo obstaculizar la puesta en marcha de los colegios electorales el 1 de octubre, sino también conocer cuáles van a ser los lugares donde van a colocarse las mesas y su número

Según fuentes de la investigación, la Generalitat, como ya hizo hace tres años, ha recurrido a Unipost, ante la negativa de la empresa pública Correos a distribuir las cartas del 1-O, por su fidelidad con la ‘causa independentista’, aunque esta empresa de mensajería se encuentra en suspensión de pagos desde julio de 2017 por sus deudas con la Agencia Tributaria, por lo que legalmente no puede ser contratada por las administraciones públicas. Unipost es propiedad de la conocida familia empresarial Raventós, propietaria de una muy pequeña participación del Grupo Codorníu, que ayer se apresuró a desmarcarse de cualquier campaña proindepentista.

Desde el viernes, los funcionarios han retirado de la circulación más de 1,5 millones de carteles y folletos relacionados con el referéndum, tanto de publicidad institucional del gobierno que preside Carles Puigdemont como de propaganda a favor del 'sí’.

Este lunes fueron retirados 113.000 carteles con el logo de la Generalitat de Cataluña publicitando la votación y con la ya conocida imagen de la bifurcación de vías de tren. Estaban en una nave de la empresa Enquadernacions Rovira de Sabadell ubicada en el carrer Bernat Metge, en el polígono conocido como Zona Hermética de la localidad barcelonesa de Sabadell.

El domingo, cuando se produjo el que hasta ahora ha sido el mayor golpe a la logística del 1-O, los agentes se incautaron de más de 1,3 millones de carteles, pasquines, dípticos y pósters relativos a la consulta y listos para ser distribuidos en una nave de la localidad barcelonesa de Montcada i Reixac, que estaba siendo vigilada por los efectivos del instituto armado desde hace varios días. Entre el material había documentos institucionales de la Generalitat publicitando el referéndum como carteles de la CUP llamando al 'sí'.

El pasado viernes -en la que fue la primera operación exitosa de la Guardia Civil tras varios días dando 'palos ciego'- en una nave de Poblenou, Barcelona, los operativos hallaron 100.000 carteles, tanto de la campaña institucional del Ejecutivo catalán como pidiendo el 'sí'. El sábado, en una imprenta de Sant Adrià de Besòs aparecieron también mezcladas las planchas para confeccionar pósters institucionales de la Generalitat y propaganda reclamando el 'sí' en la votación proscrita por el Constitucional.