Los tres primeros alcaldes se niegan a declarar por el 1-O

El diputado del Parlamento catalán y alcalde de Mollerusa, Marc Solsona, ha sido el primer alcalde de los más de 700 que están investigados, que ha comparecido ante la Fiscalía por colaborar con la celebración del referéndum del 1-O. Solsona se ha negado a firmar el acta y a declarar ante el fiscal, al que ha intentado explicar que se “extralimita en sus competencias”, pues a su juicio donde debería haber comparecido es ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por su condición de aforado. “Se han vulnerado mis derechos”, ha dicho a la salida de la Fiscalía Superior de Cataluña.

Solsona ha insistido en que su compromiso sigue siendo que la "gente pueda votar" y que no tiene intención de “echarse para atrás”. “No tengo miedo”, ha añadido. “Votar no es un delito ni el referéndum es ilegal”. Fuentes jurídicas han señalado que el fiscal Romero de Tejada le ha pedido a Solsona que hiciera su declaración en castellano porque “esto acabará en la Fiscalía General del Estado”. Más de 700 alcaldes (sobre 947 que hay en Cataluña) han sido citados a declarar por haber firmado un decreto para colaborar en la organización del referéndum.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha destacado que ninguno de los alcaldes catalanes que comienzan hoy a declarar ante la Fiscalía por su colaboración en el referéndum del 1-O va a ser detenido si no comparecen voluntariamente, sino que se "les llevará para que cumplan con su obligación".

"No se va a detener a nadie sino conducirlos a tomarles declaración. Para que haya una detención lo tiene que dictar un juez fruto de unas medidas que ahora son inimaginables en un proceso como este", ha dejado claro el ministro de Justicia en Antena3 en la que ha señalado que a los independentistas les interesa "subir el tono de su discursos y decir que se van a producir detenciones". Catalá ha explicado que se trata de una toma de declaración y que de ella se derivará un proceso judicial con garantías que podría concluir, o no, en condenas.

Respecto a las denuncias de acoso de varios ediles del PP, Ciudadanos y PSC que rechazan participar en el 1-O, el titular de Justicia ha señalado que estas presiones son una manifestación más de la intolerancia hacia quienes quieren cumplir con su trabajo y con la ley.

En esta línea ha advertido a imprentas u otro tipo de empresas de mensajería que pueden estar prestando apoyo a la consulta de que están colaborando con un delito, por lo que les ha recordado que "nadie está obligado a hacer lo que es ilícito". "El referéndum es ilegal y hay que saber que colaborar con un delito tiene un coste penal", ha incidido Catalá antes de referirse a la investigación emprendida por la Agencia de Protección de Datos para averiguar si la Generalitat "está manejando datos sin pedir permiso" para hacer un censo ilegal para el 1 de octubre.