El Poder Judicial teme una ofensiva en su contra tras el discurso del presidente

Las adhesiones al presidente del Gobierno estos días de sus socios, pero singularmente las de los propios socialistas –en especial, el comunicado de respaldo de sus principales alcaldes la víspera del cierre de filas en Ferraz, han alimentado la tesis sobre la existencia del 'lawfare' incrementando la inquietud en el colectivo judicial. Preocupación que se ha transformado en alarma tras escuchar este lunes las razones esgrimidas por Sánchez para permanecer en la Moncloa. El jefe del Ejecutivo ha revestido su continuidad como una cruzada para «limpiar la democracia» que fuentes consultadas del Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional o los juzgados madrileños de Plaza de Castilla –donde se han abierto las diligencias a la esposa de Sánchez– interpretan como un señalamiento al Poder Judicial.

«Es el mayor error que ha podido cometer. Los jueces van a cerrar filas, porque representan, junto a la prensa, un dique de contención frente a otros poderes del Estado que no se puede rebasar», vaticina una voz adscrita al sector progresista del CGPJ. Esta fuente duda, no obstante, de que el Gobierno pueda dar un paso de la trascendencia de desempolvar la controvertida reforma legal para rebajar la mayoría cualificada precisa para renovar el CGPJ; una iniciativa que el Gobierno PSOE-Podemos ensayó en 2020 –con el freno de Europa– a fin de quebrar la parálisis que ahora ya se prolonga más de un lustro, de la que los socialistas responsabilizan al PP y que ha vuelto a enquistarse después de la fallida mediación del excomisario de Justicia de la UE Didier Reynders. Pero en el ala conservadora del Consejo, la mayoritaria, sí deducen que a eso es a lo que apuntan las denuncias del presidente contra «la máquina del fango».

«El desenlace de los cinco días de reflexión demuestran que Sánchez no ha reflexionado nada, que solo se trataba de utilizar las diligencias sobre su mujer y un supuesto clamor social que no es tal para preparar el asalto al Poder Judicial, que va más allá del CGPJ», interpreta uno de los integrantes del sector preeminente en el órgano de gobierno de los jueces. El PSOE exige al PP que la actualización del Consejo sea sin condiciones en cumplimiento del mandato constitucional, mientras que los populares se avienen a pactarla pero solo si va enlazada a un cambio en el modelo de elección de los vocales    en línea con los requirimientos europeos para que a los jueces los designen sus pares.

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Esa renovación, más allá de que responda a una exigencia de la Carta Magna, dista de ser en absoluto baladí. De ella penden de aquí a cinco años –cuantifican las fuentes consultadas, la cobertura de dos tercios de los 79 magistrados del Supremo, la cúpula del entramado judicial español. Su Sala de lo Penal ha de ejecutar la ley de amnistía, cuando entre en vigor, en lo que se refiere a los dirigentes del 'procés' a los que el tribunal condenó y al aún prófugo Carles Puigdemont, que tiene incoada también una causa penal por supuesto terrorismo vinculado a las protestas de Tsunami Democràtic. este lunes era palpable la preocupación en el Supremo, en los juzgados madrileños –que también llevan el encausamiento por fraude del novio de Isabel Díaz Ayuso y en la Audiencia Nacional, uno de cuyos magistrados, Ismael Moreno, ha vuelto a negarse a citar a Begoña Gómez por el 'caso Koldo' de corrupción por indicios insuficientes.

El malestar cundió, además, por las preguntas «tendenciosas» y «malintencionadas» formuladas por la encuesta 'flash' del CIS, en la que se cuestiona a los entrevistados sobre si las diligencias en torno a la mujer del presidente son una forma de «meterse» con él, y por una manifestación este lunes mismo por la tarde contra 'El golpismo con toga' ante la sede del CGPJ en la misma ubicación que comparte con el Supremo. Una concentración, con eslóganes también de «golpistas» contra los informadores que la cubrían, convocada al igual que la de la víspera ante el Congreso por La Plaza, un colectivo afín a Sumar. La iniciativa, tildada de «escrache» por una fuente judicial, apenas congregó a un centenar de personas.