El Poder Judicial ve por primera vez «no idóneo» al fiscal general y abre la vía a que sea impugnado

El primer revés del día para Sánchez se consumó en el pleno convocado por el CGPJ para analizar la continuidad de García Ortiz hasta 2027. Dado que quien ostenta la Fiscalía General cesa con el Gobierno de turno, el Gobierno ratificó este martes, como se había anticipado, al actual jefe del Ministerio Público en su puesto reivindicando su «impoluta trayectoria» pese a las controversias que va acumulando en el ejercicio de sus funciones. El Ejecutivo pidió el correspondiente informe –no vinculante– al Consejo, que, por primera vez en la historia democrática, ha emitido    por ocho votos a siete –la mayoría conservadora ante la minoría progresista y el presidente interino del órgano de gobierno de los jueces, Vicente Guilarte– un parecer contrario a que García Ortiz prosiga por considerarlo «inidóneo» para el cargo.

El grupo de vocales que este jueves se impuso, en un Consejo en funciones desde hace un lustro por el cisma entre el PSOE y el PP sobre su actualización, ya emitió un duro voto particular contra el fiscal general hace año y medio, cuando accedió al puesto a raíz de la renuncia por enfermedad de la también exministra Dolores Delgado. Pero quien entonces logró un ajustado aval, este jueves lo perdió porque la mayoría del Consejo deduce del tiempo que lleva con sus atribuciones que no cumple con los requisitos de independencia, neutralidad y garantía de la autonomía del Ministerio Público para ejercer su jefafura. El dictamen, cuya literalidad se conocerá previsiblemente hoy, no impide que el Gobierno ratifique a García Ortiz. Pero sí carga de razones –«puede servir de palanca», según fuentes jurídicas consultadas– una posible impugnación de su nombramiento.

Al margen del aviso a navegantes que emite la anulación de la presidencia del Consejo de Estado de Magdalena Valerio conocida también este jueves, en junio de 1994 el Supremo ya declaró ilegal, tras varios recursos de asociaciones profesionales, la elección por el Ejecutivo de Felipe González de Eligio Hernández como fiscal general del Estado. Los vocales conservadores del CGPJ citaron esa sentencia en su voto crítico de julio de 2022 y la rescatan ahora para el informe contrario a la continuidad de García Ortiz a fin de justificar por qué entran a evaluar su idoneidad para el puesto más allá de cotejar que lleva al menos 15 años de ejercicio y que es un jurista «de reconocido prestigio»; los dos elementos en los que el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, se apoyó este jueves para defender la profesionalidad del responsable del Ministerio Público y acusar al CGPJ de «contradecirse».

Los vocales conservadores –María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Wenceslao Olea, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán y José Antonio Ballestero– argumentan que la ejecutoria de García Ortiz ha dado la razón a los recelos sobre su imparcialidad. El detonante es la reciente sentencia del Supremo que ha anulado el ascenso a fiscal de Sala de lo Militar del alto tribunal de Dolores Delgado propuesto por su sucesor y amigo de hace años. El veredicto atribuye al fiscal general «desviación de poder»; traducido, un caso de enchufismo que podría lindar con la prevaricación. El presidente de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso que dictó el fallo es Pablo Lucas, lo que llevó este jueves a su hermano Enrique, vocal del CGPJ propuesto por el PNV, a abstenerse en el debate de este jueves.

El criterio de la mayoría del Consejo de que García Ortiz ha demostrado no ser apropiado para sus responsabilidad se engrosa, yendo más allá, con los reproches por «eludir al Consejo Fiscal»; por su «selectiva» política de promoción interna que favorecería a fiscales afines; y por dejar desasistidos a sus compañeros ante las acusaciones de 'lawfare' lanzadas contra la carrera por el secesionismo y asumidas en el pacto PSOE-Junts. A propósito de esta última tormenta, la comisión permanente del CGPJ analizará esta martes unas declaraciones del ministro Óscar Puente –a las que se podrían sumar otras del presidente Sánchez este jueves en TVE– dando por buena esa supuesta guerra legal.

El segundo disgusto de la jornada le llegó al Gobierno con la anulación también por la Sala de lo Contencioso del Supremo –el ponente de la sentencia es Pablo Lucas– del nombramiento de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, lo que significa que el Ejecutivo, que también la defendió este jueves, tendrá que buscarle relevo. Ministra de Trabajo en el primer gabinete de Sánchez de 2018, diputada, consejera, teniente de alcalde y concejal, el tribunal valora su «notoria y sobresaliente» trayectoria funcionarial y política, pero zanja que esta no cubre el hecho de que Valerio no es la jurista de reconocido prestigio que exige por ley el Consejo de Estado, el principal órgano consultivo del Gobierno. El Supremo asume así el recurso de la fundación de juristas Hay Derecho.