La mayoría del CGPJ considera que el fiscal general «no es idóneo» para el cargo

La decisión del Consejo, cuya mandato está a punto de cumplir cinco años en funciones por el bloqueo parlamentario, no por esperada no tiene precedentes. La mayoría de los vocales del denominado sector conservador, nombrados hace 10 años con el aval del Grupo Parlamentario Popular, impusieron su mayoría en el pleno para desautorizar el nombramiento de García Ortiz. Consideran que no cumple con los requisitos para un desempeño de la relevancia de fiscal general, que se debe a los principios de independencia y neutralidad y debe garantizar la autonomía del Ministerio Público.

La moción del CGPJ, no obstante, no es vinculante y no afectará a la designación discrecional por parte del Ejecutivo de García Ortiz, pero deja un borrón sobre sus capacidades para dirigir la Fiscalía. Y obligará al Ejecutivo a tener que motivar cuidadosamente su continuidad en el cargo, según fuentes jurídicas; en especial ante eventuales impugnaciones como la que hoy ha desembocado en la anulación por el Supremo del nombramiento de la exministra del primer Gobierno de Pedro Sánchez Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado.

Los ocho vocales del Consejo en funciones desde 2018 que han considerado que su nombramiento «no es idóneo» han sido María Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Wenceslao Olea, Carmen Llombart, Gerardo Martínez Tristán y José Antonio Ballestero. A favor del nombramiento han estado Roser Bach, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Mar Cabrejas, Juan Martínez Moya, Álvaro Cuesta y Vicente Guilarte, el presidente interno en la actualidad.

Por último, el vocal Enrique Lucas se ha abstenido porque su hermano, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, es el presidente de la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo que anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala (la máxima categoría de la carrera) en octubre de 2022. Lo hizo «para preservar la apariencia de imparcialidad», según la nota difundida por el CGPJ.

La resolución del pasado 21 de noviembre, que ha sido fundamental para el voto este jueves de los vocales conservadores, según han confirmado fuentes del Consejo, consideró que esta decisión supuso un ejercicio de «desviación de poder» de García Ortiz y que la única finalidad de esa designación era ascender a Delgado después de que esta hubiera dejado el cargo de fiscal general en julio de 2022 por motivos de salud.

La promoción de fiscal rasa a fiscal de sala de lo Militar la hizo el Consejo de Ministros a propuesta del propio García Ortiz, sucesor de Delgado. Este había sido su número dos cuando aquella aterrizó en la Fiscalía General tras dejar el cargo de ministra de Justicia, que ocupó entre junio de 2018 y enero de 2020 con el Gobierno de Sánchez. Delgado, por lo tanto, ya no es fiscal de sala de lo Militar, porque en junio fue nombrada máxima responsable de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

No obstante, esta última nominación fue posible porque Delgado ya tenía la categoría máxima, por lo que, anulado ese primer ascenso por el Supremo, la Fiscalía tiene ahora que ver si eso afecta a su actual destino. Además, Delgado ha anunciado que «va a combatir» ante el Tribunal Constitucional la sentencia, que consideró «injusta».

Como decimos, García Ortiz fue nombrado por el Gobierno el 19 de julio de 2022, después de que Delgado anunciara su dimisión por razones de salud tras la operación de espalda a la que se sometió en abril de ese año. Y el pasado martes el Consejo de Ministros lo mantuvo en el cargo hasta 2027 dada su «impecable» trayectoria, según explicó la nueva ministra portavoz Pilar Alegría.