PSOE y Sumar temen que la presión de Junts devore al Gobierno y Page eleva su alarma

Nadie en el PSOE ha ido tan lejos como este viernes Emiliano García-Page. El presidente de Castilla-La Mancha –último superviviente de los socialistas críticos con Sánchez– llamó al Ejecutivo a reflexionar sobre si realmente merece la pena gobernar supeditando cada actuación a los caprichos de Carles Puigdemont. «La legislatura pasada fue un desfiladero estrecho, costaba pasar, pero veías algo de luz al final; aquí estamos metidos en un laberinto sin salida», advirtió tras criticar de manera que se pacten temas tan sensibles con quien «entiende la inmigración de forma muy parecida a Vox».

Como el PP, Page alegó que la cesión acordada es «inconstitucional» y argumentó que «el control de fronteras es la expresión más fundamental de la soberanía» y algo a lo que ningún Estado puede renunciar. «Es que si por Puigdemont fuera yo sería extranjero; no puedo tener tranquilidad ninguna», llegó a decir.

Su posición es extrema, pero en su intervención pueden encontrarse elementos compartidos incluso por miembros de la dirección del PSOE. Como este lamento: «Parece mentira que para sacar adelante decretos positivos, ninguno conflictivo, haya que estar mercadeando». En el Gobierno aseguran que la experiencia marcará un punto de inflexión, que a partir de ahora se recurrirá menos a los reales decretos leyes y más a proposiciones y proyectos que permiten llegar a los plenos con los consensos más trabajados. «Afortunadamente, esta legislatura no hay que legislar tanto, pero habrá que elegir bien», dice una dirigente del partido.

El problema para Sánchez, y así lo asumen en su entorno, es que evitar que vuelva a producirse una situación de desgaste como la del miércoles no está por entero en su mano porque Junts no es un actor político más. «Recuerden que estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni por el Reino», dijo su portavoz, Míriam Nogueras ante pleno. «El caso es negociar antes y de otra manera. Y, a veces –apunta un líder territorial–, no ceder».

La aprobación de los Presupuestos, que María Jesús Montero quiere tener en abril, será otra prueba de fuego. No solo para el PSOE, también para Sumar, donde coinciden en la preocupación por la actitud de los postconvergenes y de Podemos. Tras el «así no se puede gobernar» de su líder al ver cómo los morados tumbaban su reforma del subsidio de desempleo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, dirigió este viernes un mensaje a los socios. «Necesitamos cuidar la mayoría plurinacional que hizo posible la investidura y por lo tanto no es deseable que lleguemos a negociaciones 'in extremis' que generan desafección en la ciudadanía», dijo.

Los de Díaz dejaron muy clara además su incomodidad con el pacto con Junts en materia migratoria. No porque crean que es una competencia indelegable. Les pesa la posibilidad de convertirse en facilitadores involuntarios de un discurso xenófobo como el que creen que abraza Junts en su competencia con la 'ultra' Aliança Catalana. La portavoz adjunta de la formación en el Congreso, Aina Vidal, lo resumió de una manera muy gráfica al confesar su miedo a que los de Puigdemont quieran «dar una patada en el culo» a los inmigrantes.

Tanto la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se esforzaron en rebajar la importancia del pacto con dos argumentos: que lo que se acabe delegando se hará mediante ley orgánica, y por lo tanto requerirá del visto bueno de todos los socios (sin los que es imposible alcanzar la mayoría absoluta necesaria), y que los parámetros de la política migratoria vienen marcados por la UE. Ambas cosas, pero especialmente lo primero, apuntan a que Junts puede ver frustradas sus expectativas de decidir sobre los flujos migratorios y las expulsiones de los multirreincidentes. Y sobre eso también advirtió Page. «Esto va a acabar en que algún día Puigdemont va a decir que nadie cumple, que está harto –vaticinó–, porque se están ofreciendo compromisos imposibles».