Sánchez salva sus decretos con más cesiones a Junts y la legislatura al borde de encallar

Fue a costa, eso sí, de un nuevo paquete de cesiones a Junts que revelaron los independentistas y de una jornada extenuante que escenificó hasta qué punto el Ejecutivo camina sobre un alambre asomado al precipicio. El día terminó de una manera casi impensable por cómo se había desarrollado: Sánchez logró convalidar, con otro costoso pago a los de Puigdemont, sus decretos 'ómnibus' –el que incluye requerimientos de Bruselas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para desembolsar los 10.000 millones de la cuarta entrega de los fondos de la UE– y anticrisis, con la prórroga del escudo social para paliar las consecuencias de la guerra de Ucrania y, ahora, del conflicto en Oriente Próximo; y, paradójicamente, el que no salió adelante –el de conciliación que incorporaba la reforma del subsidio de desempleo– decayó por la negativa de Podemos a transigir con la rebaja en las cotizaciones para los mayores de 52 años.

El pleno dejó así una damnificada en el Ejecutivo, la vicepresidenta Yolanda Díaz, que vio cómo los morados tumbaban su decreto mientras arrancaban a los socialistas una prórroga en el plan antidesahucios hasta 2028 para avalar las iniciativas contra la crisis. Revuelta, Díaz reprobó a los de Ione Belarra por sumar sus votos a los del 'no' del PP y Vox, precio que los aludidos han decidido arrostrar para marcar perfil e influencia. La segunda perjudicada de la jornada es Esquerra, que votó a todo que sí sin condiciones mientras Junts volvía a colgarse la medalla de las concesiones del presidente.

Unas concesiones tan relevantes como plagadas de incógnitas sobre su alcance, impacto y viabilidad, toda vez que el Gobierno ni siquiera las confirma. Aunque las sonrisas de los dos principales negociadores de la Moncloa, Félix Bolaños y María Jesús Montero, fueron elocuentes en los pasillos tras horas muy críticas de negociación en las que el Gobierno flirteó con el desastre de perder sus tres decretos y de que la legislatura encallara sin casi haber echado a andar.

Según lo relatado por el partido de Puigdemont, Sánchez ha pactado con ellos para superar este trance y después de lo ya cedido para la investidura –ley de amnistía y mesa de negociación sobre el referéndum con verificador internacional– la trasferencia a Cataluña de las competencias en inmigración vía ley orgánica propia activando el artículo 150.2 de la Constitución; la supresión del artículo 43 bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el que, a requerimiento de Europa, se iba a plasmar en el ordenamiento español la jurisprudencia por la que las cuestiones prejudiciales a los tribunales de la UE paralizan las causas nacionales, una explicitud en la que los secesionistas temen un freno al borrado de los delitos del 'procés'; la publicación de las balanzas fiscales autonómicas, lo que esconde la pretensión de justificar una nueva financiación para los catalanes a la manera del concierto vasco; y la reversión de la normativa aprobada en 2017 por Mariano Rajoy para facilitar la salida de las empresas inquietas por las pulsiones de ruptura con España.

El acuerdo está lleno de interrogantes, desde si las atribuciones migratorias suponen también el control de las fronteras a cómo puede recibir la Unión que España no concrete el efecto de las cuestiones prejudiciales. El PP ya anticipa que va a revisarlo todo con lupa por si hubiera aspectos tanto del acuerdo como en el modo en que se han tramitado las iniciativas legislativas para recurrir al Constitucional. «Si tres decretos han supuesto un jaque para el Gobierno, aterra pensar cómo será cada semana de esta legislatura», resumió un Alberto Núñez Feijóo «atónito» ante un Gobierno maniatado «por un prófugo» y del que se preguntó cuántos «pactos encapuchados más» va a suscribir.

La afirmación de que aquí manda Puigdemont fue el leit-motiv de las intervenciones de los populares en el pleno, que concluyó con Sánchez recibiendo, una vez más y por haberlo vuelto a hacer, la ovación de los suyos; un Sánchez que cargó toda la responsabilidad de sus cuitas sobre los hombros del PP. Su nuevo ejercicio de supervivencia no difumina la impresión ambiental de que lo vivido este miércoles marca otro punto de inflexión que amarra aún más a alguien tan impredecible como Puigdemont a un Gobierno que fuerza sus cuadernas continuamente, y con ellas las del país, para retener la Moncloa.

Junts jugó al secreto desde que a las tres y media de la tarde se cerró la votación telemática, dejando 'in albis' a todo el resto del hemiciclo mientras el ala socialista del Gobierno se afanaba en las negociaciones. Las votaciones coquetearon con el vodevil cuando tuvo que repetirse la del decreto anticrisis, que iba a salir, como el 'ómnibus', al no entrar Junts a votar, pero que acabó en empate por un error del diputado de Sumar Gerardo Pisarello. En medio de este ambiente de incertidumbre y desorden, Míriam Nogueras, la correosa portavoz y negociadora de Junts, había dejado claro por la mañana por dónde circula su grupo en relación a la estabilidad de la legislatura cuando todavía estaba en el 'no': «Recuerden, estamos aquí por Cataluña, no por ustedes ni el Reino (de España)».