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El calado del acuerdo con el que el PSOE establece con Carles Puigdemont un cordón umbilical de supervivencia en la Moncloa va más allá de los apenas cuatro folios firmados este jueves en Bruselas por Santos Cerdán y Jordi Turull. La dimensión acreditada del pacto ... está pendiente de que Pedro Sánchez y sus socios desvelen el contenido concreto de la ley de amnistía, sus argumentos y el articulado sobre quiénes se verán beneficiados. Pero, por de pronto, la posibilidad de constituir comisiones parlamentarias para sortear las trabas de los tribunales contra la exoneración de los llamados casos de 'lawfare' (la guerra legal contra el independentismo, según la terminología secesionista), ha llevado a todas las asociaciones judiciales, por invasión de la separación de poderes, a sumarse a la ya nutrida pancarta contra el borrado del 'procés'.
Una «desjudicialización» de la intentona separatista que permea la descripción de «los antecedentes» del acuerdo y su parte dispositiva hasta el punto de revocar el relato combativo del Estado de derecho contra aquel amago de ruptura. Un camino para frenar los hitos de quiebra con España por el que transitaron el Tribunal Constitucional, el Supremo, el Superior de Cataluña, el de Cuentas, los juzgados ordinarios, el Gobierno entonces pilotado por Mariano Rajoy, el Senado que aprobó vía artículo 155 de la Carta Magna la inédita y traumática intervención de la autonomía catalana -con el voto favorable de Sánchez-, el Rey con su severo discurso del 3 de octubre tras el referéndum ilegal celebrado 48 horas antes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los catalanes contrarios a irse de España.
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Los firmantes del pacto desgranan un «relato sintético» de todos los episodios que han jalonado el 'procés' durante una década, con el que acreditar «objetivamente» el enquistamiento de un conflicto de naturaleza política para cuya resolución «negociada» se abre una «oportunidad histórica». Esa narrativa conjunta identifica la desafección que desembocó en las multitudinarias Diadas y en las mayorías de los secesionistas en el Parlament con la oposición del PP al Estatut aprobado en 2006 por la Cámara catalana, luego por las Cortes y refrendado por la ciudadanía -la abstención superó el 50%- y con la sentencia del TC que cercenó 14 artículos, los que incidían en el soberanismo. El PSC, con el 'president' Montilla al frente, encabezó la marcha contra aquel veredicto. Pero el PSOE, más allá de sus llamadas a la conciliación, siempre mantuvo el pie en pared frente a la deriva del independentismo; también con Sánchez, hasta que precisó sus escaños.
El acuerdo suscrito este jueves en Bruselas incorpora la insatisfacción del soberanismo desde que los Decretos de Nueva Planta «abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya» hace tres siglos -1714 resume todo el simbolismo separatista-; y lamenta que «los gobiernos de entonces» -en referencia tácita al PP de Rajoy- «no favorecieran la negociación política» planteada «desde la lealtad y el marco legal vigente» en los prolegómenos al estallido del 'procés' de 2017. No hay alusión expresa y tasada a la ilegalidad de la consulta convocada el 9-N de 2014 por Artur Mas ni del referéndum del 1-O promovido por el Govern de Puigdemont. Solo se introduce el inciso descriptivo de que ambos plebiscitos fueron «suspendidos» y «anulados» por el TC. Lo que precisa el PSOE es que «niega toda legalidad y validez» tanto al 1-O como a la nonata declaración posterior de independencia, cuya legitimidad, en pie de igualdad en el relato, reivindican sus nuevos socios.
Una sola cita a la Constitución
Junts rubrica con el PSOE la búsqueda de una resolución negociada. Pero no hay renuncia por sus letras a la unilateralidad y la voluntad popular que se menciona es la canalizada a través de las mayorías del Parlament; lo que Puigdemont tradujo en su comparecencia como «el único límite» a la decisión de los catalanes sobre su futuro. Aunque lo rechazan, los socialistas se avienen a negociar sobre «el reconocimiento nacional de Cataluña» y el referéndum en la mesa de diálogo que contará con un verificador internacional; el fetiche que Junts también ha conquistado en esta negociación.
Solo aparece una alusión expresa a la Constitución en los cuatro folios, y la insertan los de Puigdemont para, apoyándose en el artículo 92, reivindicar el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación. Ese precepto -propugnado desde hace años por el soberanismo vasco- prevé que asuntos de especial trascendencia pueden ser sometidos a la opinión del conjunto de la ciudadanía en una consulta que convoca el Rey a instancias del presidente del Gobierno bajo la autorización de las Cortes. El TC ha sentenciado que el referéndum no tiene cabida en la Constitución salvo que el legislador la reforme.
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