Una amnistía expansiva que alcanzará las causas más controvertidas del procés

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña archivó en 2020 de forma definitiva la causa de la consulta del 9N en 2014 al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau tras aprobar el licenciamiento definitivo de las penas de inhabilitación de cargos público y dar por satisfechas las penas económicas. Ahora los tres podrás ser rehabilitados y podrían reclamar el dinero que se le impuso como condena. En febrero pasado el Tribunal de Cuentas rechazó rebajar la sanción a Artur Mas y tres exconsejeros catalanes por la consulta ilegal del 9-N.

En este epígrafe se acumulan varias causas con cerca de 700 acusados, empezando por los doce condenados por el Supremo por el primer juicio del procés, con el vicepresidente Oriol Junqueras a la cabeza, y los exgovern huidos, con Carles Puigdemont como máximo exponente. Además, diversos juzgados mantienen procedimientos abiertos de diferente naturaleza: contra 50 cargos de la Generalitat por su participación directa en la consulta; varios centenares de alcaldes por los gastos generados durante el referéndum; diez dirigentes políticos por supuesta malversación en la difusión exterior del «procés»; o 54 encausados ante el Tribunal de Cuentas y 600 expedientes contencioso-administrativos incoados a ayuntamientos.

El pasado viernes la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional sentar en el banquillo a los doce miembros de los denominados Comités de Defensa de la República (CDR) que fueron detenidos por la Guardia Civil en septiembre de 2019, acusados de preparar una oleada de atentados y sabotajes coincidiendo con la sentencia del Supremo contra los líderes políticos de la intentona secesionista. El tribunal de calle Génova ratificó el auto de conclusión de sumario de la causa del juez Manuel García Castellón, confirmando los cargos de Pertenencia a organización terrorista y tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos inflamables de carácter terrorista. Según el juez, los imputados, que participaron en cortes de carreteras y levantamiento de barreras en peajes, en realidad tenían como objetivo la toma del Parlament por la fuerza.

El pasado lunes el juez Manuel García Castellón acusó al expresidente catalán, Carles Puigdemont, a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, y otra decena de personas de la comisión de un delito de terrorismo en la causa que instruye contra Tsunami Democràtic, la plataforma que estuvo detrás de acciones de protesta contra la sentencia a los líderes del 'procés' dictada por el Tribunal Supremo en octubre 2019 tales como la toma del aeropuerto de El Prat con un centenar de vuelos cancelados y graves destrozos (14 de octubre); el corte durante 30 horas de la autopista AP-7 de conexión de la comunidad catalana con Francia (11 de noviembre); o el bloqueo de la AP-8 que une el País Vasco con territorio galo con una marcha lenta de camiones (12 de noviembre).

Es uno de los casos más controvertidos. Lo instruye el juzgado número 1 de Barcelona y lo investiga la Guardia Civil. Nace de una supuesta trama de corruptelas ligadas a Convergència, en torno a la Diputación de Barcelona, para financiar el 'procés' pero ha tenido ramificaciones muy variadas. Desde la investigación de la trama rusa del 'procés', que implicaba a Josep Alay, mano derecha de Puigdemont, caso que ya fue archivado, a un supuesto caso de corrupción por el que se investiga los negocios privados de Xavier Vendrell, exconsejero de ERC, que aparece también relacionado con Tsunami Democrático.

Uno de los más estrechos colaboradores de Puigdemont, director de la oficina que tiene como expresidente de la Generalitat, está relacionado con Tsunami Democrático, se archivó su imputación por la trama rusa, pero está investigado también por malversación y prevaricación por un viaje que realizó como observador del referéndum de Nueva Caledonia en 2018.

La expresidenta del Parlamento catalán y presidenta de Junts fue condenada a cuatro años de prisión por prevaricación y falsedad documental por un caso de corrupción, por adjudicar contratos irregulares a un amigo mientras dirigía la Institución de las Letras Catalanas. Su partido considera que fue víctima del 'lawfare' del Estado para apartarla como dirigente política. Se siente una política perseguida. El listado que Òmnium Cultural hizo sobre los dirigentes a amnistiar no incluía a Borràs. Su caso divide al independentismo. Su abogado, Gonzalo Boye, en el juicio, acusó a la Policía de manipular pruebas y al tribunal, de no ser imparcial.

Es otro caso que divide al independentismo. Una parte del nacionalismo acusa a la cloacas del Estado, a la Policía patriótica, de urdir una trama para perseguir a la familia Pujol para intentar hacer descarrilar el 'procés'. Eso sí, fue el propio expresidente de la Generalitat quien reconoció que mantuvo durante décadas una fortuna sin declarar en un banco de Andorra. El caso está pendiente de juicio. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el expresidente de la Generalitat por asociación ilícita y blanqueo de capitales.

Es uno de los casos más controvertidos. El abogado de Puigdemont y Borràs está investigado por la Audiencia Nacional por un caso de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, del narco Sito Miñanco, que también es cliente suyo. El entorno de Junts atribuye su investigación judicial al hecho de que sea el abogado del expresidente de la Generalitat. Boye ha participado en la negociación de la ley de amnistía. En el pasado estuvo condenado por colaborar en el secuestro de un empresario a manos de ETA.

El exconsejero de Interior, Miquel Buch, fue condenado a seis años de prisión por malversación y prevaricación por haber contratado a un agente de los Mossos, Lluís Escola, como asesor del departamento para que en realidad efectuara labores de escolta de Puigdemont en Bruselas. Escolà fue condenado a cuatro años de prisión. Junqueras anunció que este caso si entraría en la ley de amnistía en la medida en que los independentistas creen que tiene relación -indirecta- con el 1-O.

Aunque al inicio hubo multitud de juzgado por toda Cataluña que imputaron a policías nacionales y guardias civiles por las cargas del 1-O, en la actualidad solo hay un sumario vivo: 45 policías que actuaron, bajo mandato judicial, aquel domingo en algunos de los colegios más conflictivos de desalojar de la capital catalana y a los que el Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona procesó el pasado enero por delitos, no solo de lesiones, sino también por ilícitos especialmente grave como torturas o delitos contra la integridad moral. Todos ellos comenzarán a declarar como imputados precisamente este viernes.