La negociación de la Mesa del Congreso encara la fase final a la espera de la decisión de Junts

Las conversaciones oficiales entre el PSOE y Junts empezaron este jueves con un encuentro entre el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, y varios miembros del grupo soberanista que acudieron al Congreso para presentar sus credenciales como diputados. Sobre la mesa está la oferta de que los independentistas gocen de grupo parlamentario propio la próxima legislatura, puesto que no cumplen los requisitos que establece el Reglamento de la Cámara baja para ello: ni cuentan con quince escaños ni alcanzaron el 15% de los votos en las cuatro circunscripciones a las que concurrieron el 23-J.

Las ventajas no son menores sobre todo a efectos de financiación, con una asignación fija de 30.346 euros mensuales y una subvención variable a razón de 1.746 euros al mes por cada miembro. Pero también de tiempo de intervención en los plenos y comisiones, de capacidad para presentar iniciativas parlamentarias o de tener presencia en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces.

Con una Mesa controlada por el PSOE y sus socios, se podría hacer una interpretación laxa del reglamento y conceder a Junts la gracia de tener entidad propia ya sea perdonándoles las décimas que les faltan para llegar hasta ese mínimo del 15% de los sufragios en todas las circunscripciones o incluso permitir el préstamo de diputados de otros grupos. No es la primera vez que un partido presta parlamentarios a otro para que pueda constituir su grupo y luego, pasados unos días y establecidos los beneficios al respecto, los recupera para el resto de la legislatura. En otros mandatos esas ayudas las han facilitado el PSOE a CiU, PNV y Coalición Canaria; el PP a UPN o el BNG a Esquerra e Izquierda Unida.

Una práctica que, sin embargo, no permitió la Mesa del Congreso en 2019 y que dejó precisamente a Junts sin grupo propio la pasada legislatura. Los de Puigdemont contaban entonces con siete diputados y se habían quedado por debajo del umbral del 15% de votos en Barcelona (10,1%) y en Tarragona (12,2%), al igual que ahora, por lo que pidieron escaños por unos días a ERC y EH Bildu. El órgano presidido por Batet tumbó esa posibilidad al aceptar el criterio en contra de los servicios jurídicos de la Cámara que consideraron esa transacción entre grupos un fraude de ley.

Junts no ha dado por el momento ninguna pista de cuál puede ser su actitud el jueves en el pleno de constitución del Congreso. Ni si quiera ha respondido al ofrecimiento público de Esquerra para configurar un frente común para abordar la negociación por la investidura de Sánchez. Los republicanos defienden que dos voces juntas cobran más potencia, pese al riesgo de desafinar. «Ahora hay dos formaciones políticas importantísimas con catorce diputados con muchísima fuerza. Tenemos una ocasión de oro, no sería bueno que la echemos a perder», insistía el jueves la diputada de ERC, Teresa Jordà.

El grupo comandado en Madrid por Miriam Nogueras guarda silencio aunque aún quedan cuatro días por delante para cerrar un acuerdo que haga inclinar la balanza hacia el bloque de la izquierda en la Mesa del Congreso. Una primera piedra de toque que medirá, en cualquier caso, el rumbo que tomarán las relaciones entre el PSOE y Junts de cara a una investidura donde los posconvergentes vuelven a tener la llave para que Sánchez sea reelegido presidente del Gobierno.

Los socialistas reconocen que las posiciones maximalistas de Junts en la negociación, que siguen poniendo como líneas rojas para su apoyo la amnistía y el referéndum, «no son un buen punto de partida». Confían en que el temor a una repetición electoral en la que puedan ver mermados sus apoyos bastará para que los de Puigdemont se convenzan para darles su apoyo. Algo que, a día de hoy, parece casi imposible a tenor de las últimas declaraciones de la presidenta de Junts, Laura Borrás, que urgió a Sánchez «a moverse» y a decir alto y claro «si está dispuesto a hablar de autodeterminación y amnistía».