Melilla: solo dudas un año después

En España, el Ministerio del Interior, aunque Fernando Grande-Marlaska llegó a comparecer tres veces en el Congreso, se negó a abrir diligencia alguna. Ningún juez reclamó la competencia porque ninguna autoridad se molestó en verificar si, tal y como apuntan los datos del Catastro, las muertes, al menos en parte, tuvieron lugar en territorio español. En Marruecos, la justicia solo se dedicó a juzgar y condenar a los supervivientes. Cerca de un centenar de inmigrantes -tampoco se conoce la cifra real- fueron castigados con penas de cárcel de hasta dos años y medio por los incidentes con las fuerzas del país vecino.

A este lado de la frontera, Interior se negó a actuar tras el parapeto de que la Fiscalía y el Defensor de Pueblo habían abierto sendas investigaciones. La oficina que dirige Ángel Gabilondo, en octubre, y tras solo unos días trabajando sobre el terreno, concluyó que Interior expulsó ilegalmente a casi medio millar de inmigrantes, y no 101 como sostenía Marlaska. El Defensor apuntó a que el Gobierno habría mentido al ocultar la envergadura real de la gran operación de deportaciones exprés que llevó a cabo con buena parte de los 'sin papeles' que sí que consiguieron llegar a territorio nacional.

El Defensor, que echó por tierra la versión oficial de Grande-Marlaska, zanjó que la Guardia Civil apedréo a inmigrantes, que las fuerzas marroquíes entraron a España y que el Ministerio del Interior sí que sabía lo que ocurría en directo a través de las cámaras del perímetro.

Pero aquel varapalo tampoco impulsó al Gobierno a abrir una investigación real sobre lo ocurrido. Y es que el 23 de diciembre del año pasado la Fiscalía salió al rescate de Interior con un informe en el que daba carpetazo a la causa sobre la tragedia de Melilla tras hacer suya la versión del ministerio, insistiendo en la «violencia» de los inmigrantes, descartando cualquier irregularidad en la Guardia Civil y esquivando la polémica sobre las posibles muertes en territorio nacional.

El cierre en falso de las dos investigaciones en España dejó sin respuesta un reguero de pregunta. La primera, sin duda, es cuánta gente murió aquel viernes entre las avalanchas humanas y embestidas de las fuerzas marroquíes. Rabat solo dio, y en las primeras horas, una cifra: 23 muertos. Nunca más aportó nuevos datos. Caminando Fronteras, probablemente la institución que más medios y esfuerzos puso para investigar la tragedia, en julio elevó el balance provisional a 72 personas fallecidas. Según la investigación de Amnistía Internacional, se produjeron al menos 37 muertos y no menos de 77 desaparecidos.

Los desaparecidos se siguen contando por decenas porque Marruecos, al tiempo que recogía los cadáveres de la valla, comenzó una operación en secreto para enviar en autobuses al sur del país, a las estribaciones del desierto del Sáhara, a buena parte de los participantes en el salto masivo. Un asalto en el que tampoco se sabe exactamente cuántos inmigrantes participaron. La Fiscalía apuntó a entre 700 y 800, pero el Ministerio del Interior habló de cerca de una masa «violenta» de 2.000 personas.

Ninguna luz tampoco doce meses después sobre el papel real de las fuerzas marroquíes en la tragedia, en una actuación que Pedro Sánchez aplaudió porque, dijo en su día, «resolvió bien» la situación. Los vídeos grabados por las ONG y por miembros de las fuerzas marroquíes mostraron palizas y agresiones a los inmigrantes agonizantes por parte de los uniformados del país vecino.

Por activa y por pasiva, Marlaska, también en sede parlamentaria, negó que agentes marroquíes entraran en España durante el asalto masivo. Esta afirmación ya fue desmontada casi de inmediato por las imágenes que tomó aquel día el fotoperiodista Javier Bernardo y en las que se veían nítidamente a agentes con la leyenda en la espalda de la Gendarmerie Royale cooperando para la deportación exprés de inmigrantes. Otros vídeos que vieron la luz posteriormente mostraron nítidamente cómo agentes marroquíes, además, se movieron y grabaron imágenes con total libertad por el patio del paso de Barrio Chino, de soberanía española.

En sede parlamentaria, Grande-Maralaska afirmó con rotundidad que «los hechos suceden en territorio nacional de un país soberano (Marruecos) y de manera muy tangencial tienen lugar en España». Los vídeos, sin embargo, revelaron que donde se produjo el mortal cuello de botella en el que fallecieron la mayoría de inmigrantes fue en el patio del puesto fronterizo de Barrio Chino que estaba y está bajo control y soberanía española, hasta el punto de que fue visitado sin necesidad de pedir autorización a Marruecos por parte de los diputados de la comisión de Interior.

¿Hasta dónde coadyuvó a la tragedia el uso de 86 botes lacrimógenos y 28 botes de gas por parte de la Guardia Civil? ¿Hasta qué punto los acuerdos con Rabat tras la ruptura con Argelia estuvieron detrás de la actuación tan violenta de Marruecos para evitar el salto? ¿Es cierto, como afirma la BBC, que agentes marroquíes arrastraron cadáveres desde terreno español de vuelta a suelo marroquí? ¿El despliegue de Interior con apenas 80 guardias civiles fue suficiente para afrontar una avalancha humana de ese calibre? Las preguntas de todo tipo siguen sin respuesta.