El Gobierno avanza con la amnistía pese a que los letrados del Congreso desmontan la ley

Fuentes del partido de Carles Puigdemont sostenían este miércoles, avanzada la tarde, que no se habían registrado progresos relevantes sobre las enmiendas que alejan a unos y otros, versión similar a la del PSOE. Pero todos siguen dando por seguro que la amnistía saldrá adelante, porque lo contrario haría descarrilar la legislatura. Y ello a pesar del demoledor último informe de los letrados del Congreso sobre la entereza constitucional de la norma.

Los juristas adscritos a la comisión de Justicia, a la que se prevé que llegue la ley el día 23 tras el dictamen de la ponencia, han remitido a los parlamentarios un documento de 13 páginas cuya conclusión, lapidaria, queda plasmada en el primer folio: esta amnistía «plantea dudas de que pueda tener cabida en la Constitución, de manera que debiera ser articulada a través del procedimiento de reforma» de la Carta Magna.

Los letrados constatan al inicio de su informe que la propuesta para borrar las causas penales, administrativas y contables vinculadas al 'procés' soberanista se ha admitido a trámite porque su eventual inconstitucionalidad no resulta «palmaria y evidente» y esa calificación, en todo caso, depende del TC si se recurre. Ese fue el criterio esgrimido por el nuevo jefe de los letrados del Congreso, Fernando Galindo, cuyo nombramiento está rodeado por la polémica al haber llegado a la Cámara baja desde el Ministerio de Política Territorial, para avalar que se diera cauce a la ley. Hace tres años, los letrados emitieron un informe contrario a la proposición que presentaron entonces los independentistas en solitario al considerar que encubría un indulto general que sí está prohibido expresamente en el artículo 62 de la Carta Magna. Aquella iniciativa ni siquiera echó a andar por el rechazo de PSOE, PP y Junts.

Pero a partir de la evidencia de que la norma se está tramitando en el Congreso por el motivo citado, los expertos asignados a la comisión de Justicia cuestionan, uno por uno, los aspectos más delicados del texto legislativo.    Unos recelos jurídicos que afectan tanto a las tesis con que el Gobierno de Sánchez reivindica en la exposición de motivos que esta amnistía cabe en la Constitución, como a aquellos preceptos –en particular, la exoneración de los delitos de terrorismo– sujetos ahora a disputa en las enmiendas parciales.

Así, y de ahí parten las dudas sobre la constitucionalidad de la norma, los letrados descartan que el Ejecutivo pueda otorgarse la razón inequívoca cuando se retrotrae a la histórica ley de amnistía de 1977 y a algunas derivadas posteriores de ésta para deducir que el perdón al 'procés' está amparado por la Carta Magna. Recuerdan, de hecho, que se rechazaron dos enmiendas para la inclusión expresa de la amnistía en el proceso constituyente. E infieren de ello que la actual iniciativa «desbordaría la naturaleza de ley singular» que le atribuyen los proponentes.

A este interrogante sobre la viabilidad de la norma los letrados suman que la redacción y amplitud de su marco temporal –más de una década– generan «una indeterminación» contraria a la seguridad jurídica y la igualdad. Que la exoneración de la malversación «puede comprometer» las reglas de la UE para perseguir estos delitos. Que es dudoso que esta ley pueda imponerse a la del TC para decretar el levantamiento de las medidas sobre los encausados aun cuando medie recurso. Y que la anulación de las euroórdenes de detención –premisa esencial para Puigdemont– también tensa las costuras de las directivas europeas, como lo hace que el Gobierno –Junts y ERC van incluso más allá– pretenda exculpar las causas de terrorismo (que afectan al expresident y la número dos de Esquerra) por la vía de excluir de la amnistía solo aquellas con sentencia firme; algo improbable en este caso.

El ministro de Justicia, Félix Bolaños, trató de restar relevancia al informe citando otro de los letrados de 2018 en el que admitían que una amnistía podía encajar en la Constitución. Pero esa evaluación tenía que ver con una propuesta de Podemos para rehabilitar a guardia civiles sancionados por querer asociarse.