La justicia paraliza la creación de las tres últimas 'embajadas catalanas'

Según la sala de lo contencioso del TSJC, la puesta en marcha de esas nuevas delegaciones puede provocar «interferencias en la política exterior del Estado, perturbando su contenido, y confusión en terceros estados y organizaciones internacionales sobre el alcance de la acción exterior del Govern«. El Ministerio solicitó suspender los tres decretos para evitar »perjuicios de difícil o imposible reparación a la imagen de España y a la política exterior del Estado«. También solicitó las medidas cautelares por el »riesgo grave de confusión en otros sujetos de Derecho Internacional«.

El auto del TSJC dado a conocer esta mañana recuerda que los decretos impugnados atribuyen a las nuevas delegaciones la función de promover y coordinar las «relaciones bilaterales» con los cuerpos consulares de otros países, algo que, añade la sala, podría entrar en contradicción con la doctrina constitucional que establece que esa es una competencia exclusiva del Estado. El TSJC entiende asimismo que no se puede ignorar la «dimensión política» que se atribuyen a las delegaciones en el extranjero tanto en los decretos impugnados como en las manifestaciones públicas de los responsables del Govern que, recuerda el auto, no han sido «desmentidas» por la Generalitat en su respuesta al recurso. No obstante, el Ministerio de Exteriores pidió también al TSJC que ordenara cautelarmente el cierre de las delegaciones de Alemania, Suiza y Reino Unido, pero en una resolución del pasado mes de julio el alto tribunal catalán descartó paralizar provisionalmente su actividad.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha calificado esta mañana la suspensión de las tres delegaciones como el peor ataques a «nuestros derechos y soberanía desde el 155«. En la misma línea, el consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, ha anunciado que estudiará jurídicamente la paralización cautelar y ha señalado que el Govern catalán tratará de defenderse. A su juicio, este es uno de los «peores ataques que se han producido contra el Govern desde la aplicación del artículo 155». Exteriores presentará un recurso -tiene cinco días para ello-, ya que entiende que decisión jurídica «prejuzga intenciones con la creación de las tres delegaciones amparadas por el marco competencial vigente y que casi no han empezado a trabajar».

Hace tiempo que el Gobierno central (el actual y el anterior) y la Generalitat mantienen un duro toma y daca a cuenta de la existencia de las 'embajadas' catalanas en el exterior. El Ejecutivo central las ha puesto en el disparadero pues considera que son herramientas al servicio del 'procés' y que se dedican a hablar mal de España en el extranjero. La Generalitat considera en cambio que tiene todo su derecho a contar con una red de delegaciones en el exterior. El Govern de Torra lleva meses apostando fuerte por volver a tener una presencia relevante en las principales capitales del mundo, después de que el anterior Gobierno central clausurara todas las 'embajadas' en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución que suspendió la autonomía catalana tras la declaración de la República catalana. Antes de la suspensión del TSJC, el Govern tenía en marcha quince delegaciones en el exterior: Bruselas, Londres, Berlín, Washington, Roma, Ginebra, París, Zagreb, Riga, Viena, Estocolmo, Lisboa, Buenos Aires, México DF y Túnez.

El pasado mes de septiembre, el Gobierno catalán emprendió acciones legales contra la Secretaría de Estado de la España Global, por el informe que publicó sobre el 'procés' y que distribuyó entre embajadas y medios de comunicación extranjeros, pues a su juicio «perjudica la imagen de Cataluña». El documento, de 72 páginas, con el que el Ministerio de Exteriores trató de desmontar algunos de los mantras del 'procés' e intenta dar réplica a las descalificaciones sobre España que hacen los líderes secesionistas en el extranjero, niega que el movimiento independentista sea pacífico, niega la existencia de presos políticos, señala que los independentistas no tienen la mayoría en Cataluña, asegura que Cataluña no es una nación, defiende «la independencia y garantías del sistema judicial español» y descarta, entre otras cuestiones, que del referéndum del 1 O se derivara un mandato democrático en favor de la independencia. «No se trata de un informe descriptivo, sino que incluye opiniones subjetivas sobre los hechos de octubre de 2017», justificó la Generalitat.