Sánchez se apoya en el PP y Ciudadanos para aprobar el «155 digital»

Sin embargo, el encontronazo por el «155 digital» ha llegado con Esquerra en vísperas de la reunión que mantendrán este jueves Adriana Lastra y Gabriel Rufián para explorar el posible apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez. «Con sus leyes mordazas van a llenar las cárceles de activistas mientras llenan las instituciones de fascistas», ha aseverado la diputada republicana, Monsterrat Bassa.

Para la parlamentaria independentista la propuesta que el Gobierno ha llevado a la Diputación Permanente antes de que la próxima semana se constituyan las Cortes «se suma a la estrategia represiva» y supone una «ley mordaza digital» que fue aprobada antes de la campaña electoral«para acallar la protesta en Cataluña ante la injusta sentencia del 'procés'». «No pueden frenar nuestra indignación por decreto», ha remachado.

El real decreto ha contado también con el rechazo frontal del PNV, que ha advertido a los socialistas de que medidas como ésta ponen en peligro su apoyo al futuro Gobierno. «O se reconduce o nuestra predisposición a colaborar con ustedes se verá comprometida», ha remarcado Mikel Legarda. Los nacionalistas vascos no han sido los únicos en desmarcarse. Desde EH Bildu, la diputada Mertxe Aizpurúa ha asegurado que «este decreto nos sitúa en un estado de excepción digital», supone «un nuevo recorte de libertades» y demuestra «de lo que es capaz de hacer el Estado para acallar la disidencia».

Para la representante de JxCat, Laura Borrás, esta iniciativa es la «ley Corcuera digital, la patada en el servidor», lo que supone un «golpe de Estado digital» y hace que España no tenga «nada que envidiar a los regímenes autoritarios». Por su parte, el diputado de Compromís, Joan Baldoví, ha cuestionado las prisas del Gobierno por sacar adelante este decreto, que, en su opinión, coloca a España al mismo nivel que países tan poco democráticos como China o Arabia Saudí. «Se debería haber hecho con más sosiego», ha insistido.

La norma que el líder del PSOE anunció en el inicio de la campaña electoral, faculta al Ejecutivo a cerrar webs y servidores sin autorización judicial y prohíbe algunos proyectos de la Generalitat, como la creación de un registro catalán de identidad (IdentiCAT). «No va a haber independencia ni offline ni online», aseguró Sánchez entonces.

Casi un mes después, y en plenas negociaciones para la investidura, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha negado que ese decreto ley se aprobara con el fin de cercar la república digital catalana y ha asegurado que la pretensión del Ejecutivo en funciones es adecuar la legislación española a la de «otros países». El mismo argumento que ha mantenido la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la defensa del texto en la Cámara baja en la que no ha hecho ni una solo mención a Cataluña para evitar soliviantar a los partidos soberanistas.

La diputada popular, Ana Belén Vázquez, por su parte, ha recriminado al PSOE que es «indigno» que sea su formación la que tenga que apoyar al Gobierno «tragándose el real decreto que puede rozar la inconstitucionalidad» mientras ellos se sientan a negociar con los independentistas. «Durmiendo con tu enemigo», ha sido el título que ha puesto la diputada a la sesión de la Diputación Permanente.